AIG contrató firma de abogados para denuncia contra Mayer Mizrachi

Contando con un Departamento de Asesoría Legal, como toda institución pública, la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) contrató una firma de abogados para manejar el caso del joven empresario Mayer Mizrachi.

El periodista Juan Carlos Tapia, en sus comentarios políticos del programa Lo Mejor del Boxeo, indicó que este ha sido el primer error que ha cometido el administrador de la AIG, Irvin Halman, quizás "por falta de experiencia".

"A ningún funcionario se le permite contratar abogados particulares, a menos que lo apruebe el Consejo de Gabinete", recordó Tapia.

La denuncia contra Mizrachi fue entregada al Ministerio Público en enero de 2015, cuando aún se sostenían conversaciones con el joven innovador para continuar con la aplicación del programa Criptext, de mensajería segura.

Para Tapia, con este caso el Gobierno pierde credibilidad, a la vez que consideró como un "crimen y una canallada" lo que le han hecho al joven empresario, de quien dijo sus abuelos son multimillonarios y no tiene necesidad alguna de robarle dinero a nadie.

Mizrachi se encuentra detenido en Colombia desde el pasado 30 de diciembre.

El Gobierno ya formalizó su pedido de extradición, pero todavía no hay respuesta de las autoridades del país suramericano.

Tecnología

• Monto

• El contrato para el servicio de mensajería segura fue por 211 mil dólares.

• Demérito

• Al momento de presentar la denuncia por este hecho, Irvin Halman restó valor al programa que ha hecho famoso a Mayer Mizrachi, al considerar que había otras plataformas similares en el mercado y a bajos costos.

• Respuesta

• Luego de 10 días de la detención del joven, todavía no hay respuesta de las autoridades colombianas a la solicitud de extradición formulada por el Gobierno panameño.

• Firma

• El bufete de abogados Olmos y Asociados, supuestamente, fue contratado por la AIG para llevar adelante esta denuncia por delitos contra la administración pública.

Su abogado, Silvio Guerra, advirtió que las acusaciones que se le acreditan a Mizrachi no constituyen un delito en Colombia, por lo que es muy probable que no proceda la extradición.

"En Panamá se le está acusando por un caso de incumplimiento de contrato, delito que en Colombia no está tipificado como tal", afirmó el jurista.

Halman, en declaraciones recientes, aceptó que Mizrachi cumplió con su parte del contrato, al entregar el programa.

Sin embargo, señaló que, a pesar de la finalidad del contrato, Eduardo Jaén, exadministrador de la AIG, tomó la decisión de instalar la aplicación en la entidad y no en los estamentos de seguridad.

Esto fue lo que motivó la denuncia presentada en enero de 2015, luego de la auditoría interna realizada por la entidad, en la que se detectó que no había evidencias de que esas entidades habían solicitado ese tipo de herramienta ni comunicación que conste en la AIG, que se hubiesen instalado las licencias en esas áreas, dijo el actual regente de la autoridad.