Creer en nosotras mismas
- - Publicado: 09/6/2003 - 11:00 pm
En estos días, la Comisión de Asuntos de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de nuestra Asamblea Legislativa tiene en el orden del día del pleno, para segundo debate, el proyecto de ley No. 39, "Por el cual el Estado panameño tutela a las familias, mujeres, niñas, niños y trabajadores afectados por la utilización de los agroquímicos en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro y crea un proceso especial de indemnización". Se trata de un proyecto de ley cuya iniciativa original pertenece a la Asociación de Afectados por los Agroquímicos del sector de las Bananeras en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí. La fundadora y presidenta actual de la Asociación, una mujer, Mélida Cubilla, acompañada de otros miembros de su directiva, me entregó el anteproyecto y me convenció de llevarlo adelante por los cientos de trabajadores, mujeres, niñas y niños que están actualmente afectados/as por la aplicación de estos agroquímicos.
Otra mujer, María Magdalena Gutiérrez, insistió que fuéramos al distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, para que viéramos personalmente los efectos que los agroquímicos tóxicos ejercen sobre la salud de los trabajadores y sus familias en esa área. María Magdalena se constituyó en la presidenta de la Asociación de Trabajadores Afectados por la aplicación de los agroquímicos en la División de Bocas Fruit Company en Changuinola.
Francia Rodríguez, bocatoreña también, miembra directiva de la Asociación, me guió por las fincas de la Bocas Fruit Co. para que viera el deterioro de los trabajadores, cuya piel cambió de color a un negro tizne o con manchas irregulares por todo su cuerpo o pieles escamosas que al tacto de las manos, se siente la aspereza, la rusticidad, como si fuesen pescados con las escamas desordenadas y perdidas. Francia ha compartido su testimonio de vida. El asco que ha sentido hacia su propia piel, la hinchazón del cuerpo, los días perdidos en un hospital, la irritación cubriéndola toda, incluso el alma. El esposo, rechazándola en el lecho del amor. La picazón implacable que no le daba reposo por días y días. Francia llora cuando comparte lo que ha sufrido y lo que sigue sufriendo por sus compañeros/as enfermos, haciendo largas filas en la oficina de salud ocupacional de la Caja de Seguro Social de Changuinola.
Estas tres mujeres lideran asociaciones de cientos de trabajadores en la provincia de Chiriquí y de Bocas del Toro, la mayoría de ellos, hombres. Las he visto dolidas, tristes, decepcionadas a veces, pero nunca las he visto cansadas de su lucha. Se reúnen semanalmente con sus bases y siempre tienen palabras de aliento para compartir con ellos/as, aunque tomen el teléfono y me llamen para decirme: "Honorable, ¿cómo van las cosas? ¿Cree usted que tenemos que ir nuevamente a la ciudad a hablar con los legisladores? ¿No nos van a rechazar el proyecto, verdad? Honorable, esta semana se murió el compañero que tenía cáncer, usted viera qué dolor da ver a esa familia. Ya tienen que salir de la finca y no tienen a dónde ir. ¿Usted cree que nos aprobarán la ley pronto? ¿Cuándo podemos volver a llamarla? ¿No se molesta que la llamemos, verdad honorable?"
No me molesta. Son otras cosas las que molestan. El hecho que algunos colegas no tengan la sensibilidad necesaria que les permita entender el dolor de familias enteras del sector bananero del país, cuyos principales miembros ya no pueden lograr el sustento necesario porque están enfermos producto de la aplicación de químicos tan venenosos como el DBCP y sus derivados. Molesta porque la empresa bananera, hoy PAFCO y ayer, Chiquita Brands, lucha denodadamente porque el proyecto de ley no se transforme en ley de la República planteando que es un atentado a la "seguridad jurídica" del país. Que hay que hacer borrón y cuenta nueva y hacer una ley general de control sobre el uso de los agroquímicos y olvidarse de los que murieron en sus fincas y de los enfermos sin futuro y de las sombras en la mirada de quienes ya no pueden ver los colores del bananal ni la luz de la mañana esplendorosa. Molesta porque el Ministerio de Desarrollo Agropecuario ignora por completo esta realidad, de la cual ha sido parte a lo largo de muchos gobiernos y lo toma como un asunto que no tiene que discutirse y ni siquiera se inmutó por asistir a los debates, por aportar algo, al menos, para reivindicar todo el descontrol que sobre este tema ha tenido a lo largo de los años. Molesta porque los dirigentes sindicales de estos trabajadores han prestado oídos sordos a los mismos, durante todo el tiempo que tuvieron que utilizar estos agroquímicos tóxicos. Molesta porque algunas de nuestras autoridades piensan que los trabajadores bananeros panameños/as y sus familias, son ciudadanos de una menor categoría que los trabajadores bananeros costarricenses, nicaragüenses o guatemaltecos. Aquéllos pudieron lograr leyes que les protegieran para alcanzar indemnizaciones que les posibilitaran terminar sus días de una manera medianamente digna.
Cuando en 1970, la empresa bananera hizo obligatorio el examen médico por parte de la Caja de Seguro Social previo a su contratación, a todos los trabajadores que querían trabajar con ella, sabía que estaba contratando trabajadores y trabajadoras sanas/os.
Años después, producto de la aplicación agresiva del DBCP y del uso de bandereros (personas que indicaban dentro de la plantación, el lugar donde el avión debía rociar el veneno), caían enfermos/as gran cantidad de trabajadores. ¿Borrón y cuenta nueva? Esa es la respuesta de la empresa. ¿Qué los riegos aéreos ahora son más seguros? No es cierto. Si dudan, pregúntenle a cualquier trabajador y ama de casa de las fincas bananeras de Changuinola, donde no hay ninguna distancia entre el área de riego y las barracas-hogares de los trabajadores. Pregúntenle a los trabajadores de la Puerto Armuelles Fruit Company, si toman en cuenta la dirección del viento para el riego aéreo y si ese riego no les afecta en sus vidas.
Mélida Cubilla, María Magdalena Gutiérrez y Francia Rodríguez son mujeres que creen en sí mismas. Están conscientes que la vida las ha ubicado en una situación especial: liderar una lucha dura, humana y justa. Una lucha de años: que el Estado panameño les proteja a través de un proceso de indemnización expedito para presentar demandas a las empresas productoras y comercializadoras extranjeras de productos agroquímicos tóxicos que acabaron con muchas vidas y que han deteriorado muchas más en las áreas bananeras de Chiriquí y Bocas del Toro. Mélida, Magdalena y Francia están apoyadas por el peso de sus propias convicciones, por sus compañeros afectados y por la razón. Esa razón que cuesta entender que hay que pasar de lo privado a lo público y que algo tan doloroso como no poder hacer el amor con quien amas, porque el cuerpo y sus olores desatados por la enfermedad, ya no te lo permiten; eso tan doloroso que pertenece a tu intimidad cotidiana, debe ser resarcido mínimamente con una indemnización. Porque te obligaron en tu trabajo de sobreviviencia a usar tóxicos que atentaban contra tu propio cuerpo; contra tu propia vida.
Gracias Mélida, María Magdalena y Francia, porque al creer en ustedes mismas, despiertan en otras muchas mujeres, la necesidad de parecernos a nosotras mismas y de conquistar esa pizca de libertad que nos permita luchar por lo que creemos.
Pese a los esfuerzos, fue imposible obtener las estadísticas de atención en la Policlínica J.J. Vallarino.
Otra mujer, María Magdalena Gutiérrez, insistió que fuéramos al distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, para que viéramos personalmente los efectos que los agroquímicos tóxicos ejercen sobre la salud de los trabajadores y sus familias en esa área. María Magdalena se constituyó en la presidenta de la Asociación de Trabajadores Afectados por la aplicación de los agroquímicos en la División de Bocas Fruit Company en Changuinola.
Francia Rodríguez, bocatoreña también, miembra directiva de la Asociación, me guió por las fincas de la Bocas Fruit Co. para que viera el deterioro de los trabajadores, cuya piel cambió de color a un negro tizne o con manchas irregulares por todo su cuerpo o pieles escamosas que al tacto de las manos, se siente la aspereza, la rusticidad, como si fuesen pescados con las escamas desordenadas y perdidas. Francia ha compartido su testimonio de vida. El asco que ha sentido hacia su propia piel, la hinchazón del cuerpo, los días perdidos en un hospital, la irritación cubriéndola toda, incluso el alma. El esposo, rechazándola en el lecho del amor. La picazón implacable que no le daba reposo por días y días. Francia llora cuando comparte lo que ha sufrido y lo que sigue sufriendo por sus compañeros/as enfermos, haciendo largas filas en la oficina de salud ocupacional de la Caja de Seguro Social de Changuinola.
Estas tres mujeres lideran asociaciones de cientos de trabajadores en la provincia de Chiriquí y de Bocas del Toro, la mayoría de ellos, hombres. Las he visto dolidas, tristes, decepcionadas a veces, pero nunca las he visto cansadas de su lucha. Se reúnen semanalmente con sus bases y siempre tienen palabras de aliento para compartir con ellos/as, aunque tomen el teléfono y me llamen para decirme: "Honorable, ¿cómo van las cosas? ¿Cree usted que tenemos que ir nuevamente a la ciudad a hablar con los legisladores? ¿No nos van a rechazar el proyecto, verdad? Honorable, esta semana se murió el compañero que tenía cáncer, usted viera qué dolor da ver a esa familia. Ya tienen que salir de la finca y no tienen a dónde ir. ¿Usted cree que nos aprobarán la ley pronto? ¿Cuándo podemos volver a llamarla? ¿No se molesta que la llamemos, verdad honorable?"
No me molesta. Son otras cosas las que molestan. El hecho que algunos colegas no tengan la sensibilidad necesaria que les permita entender el dolor de familias enteras del sector bananero del país, cuyos principales miembros ya no pueden lograr el sustento necesario porque están enfermos producto de la aplicación de químicos tan venenosos como el DBCP y sus derivados. Molesta porque la empresa bananera, hoy PAFCO y ayer, Chiquita Brands, lucha denodadamente porque el proyecto de ley no se transforme en ley de la República planteando que es un atentado a la "seguridad jurídica" del país. Que hay que hacer borrón y cuenta nueva y hacer una ley general de control sobre el uso de los agroquímicos y olvidarse de los que murieron en sus fincas y de los enfermos sin futuro y de las sombras en la mirada de quienes ya no pueden ver los colores del bananal ni la luz de la mañana esplendorosa. Molesta porque el Ministerio de Desarrollo Agropecuario ignora por completo esta realidad, de la cual ha sido parte a lo largo de muchos gobiernos y lo toma como un asunto que no tiene que discutirse y ni siquiera se inmutó por asistir a los debates, por aportar algo, al menos, para reivindicar todo el descontrol que sobre este tema ha tenido a lo largo de los años. Molesta porque los dirigentes sindicales de estos trabajadores han prestado oídos sordos a los mismos, durante todo el tiempo que tuvieron que utilizar estos agroquímicos tóxicos. Molesta porque algunas de nuestras autoridades piensan que los trabajadores bananeros panameños/as y sus familias, son ciudadanos de una menor categoría que los trabajadores bananeros costarricenses, nicaragüenses o guatemaltecos. Aquéllos pudieron lograr leyes que les protegieran para alcanzar indemnizaciones que les posibilitaran terminar sus días de una manera medianamente digna.
Cuando en 1970, la empresa bananera hizo obligatorio el examen médico por parte de la Caja de Seguro Social previo a su contratación, a todos los trabajadores que querían trabajar con ella, sabía que estaba contratando trabajadores y trabajadoras sanas/os.
Años después, producto de la aplicación agresiva del DBCP y del uso de bandereros (personas que indicaban dentro de la plantación, el lugar donde el avión debía rociar el veneno), caían enfermos/as gran cantidad de trabajadores. ¿Borrón y cuenta nueva? Esa es la respuesta de la empresa. ¿Qué los riegos aéreos ahora son más seguros? No es cierto. Si dudan, pregúntenle a cualquier trabajador y ama de casa de las fincas bananeras de Changuinola, donde no hay ninguna distancia entre el área de riego y las barracas-hogares de los trabajadores. Pregúntenle a los trabajadores de la Puerto Armuelles Fruit Company, si toman en cuenta la dirección del viento para el riego aéreo y si ese riego no les afecta en sus vidas.
Mélida Cubilla, María Magdalena Gutiérrez y Francia Rodríguez son mujeres que creen en sí mismas. Están conscientes que la vida las ha ubicado en una situación especial: liderar una lucha dura, humana y justa. Una lucha de años: que el Estado panameño les proteja a través de un proceso de indemnización expedito para presentar demandas a las empresas productoras y comercializadoras extranjeras de productos agroquímicos tóxicos que acabaron con muchas vidas y que han deteriorado muchas más en las áreas bananeras de Chiriquí y Bocas del Toro. Mélida, Magdalena y Francia están apoyadas por el peso de sus propias convicciones, por sus compañeros afectados y por la razón. Esa razón que cuesta entender que hay que pasar de lo privado a lo público y que algo tan doloroso como no poder hacer el amor con quien amas, porque el cuerpo y sus olores desatados por la enfermedad, ya no te lo permiten; eso tan doloroso que pertenece a tu intimidad cotidiana, debe ser resarcido mínimamente con una indemnización. Porque te obligaron en tu trabajo de sobreviviencia a usar tóxicos que atentaban contra tu propio cuerpo; contra tu propia vida.
Gracias Mélida, María Magdalena y Francia, porque al creer en ustedes mismas, despiertan en otras muchas mujeres, la necesidad de parecernos a nosotras mismas y de conquistar esa pizca de libertad que nos permita luchar por lo que creemos.
Pese a los esfuerzos, fue imposible obtener las estadísticas de atención en la Policlínica J.J. Vallarino.
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