San miguelito, chame, san carlos y balboa no cumplen con el decreto
Omisión de informes sobre toque de queda deja dudas sobre su implementación
El decreto emitido en 2009 por Gobernación obliga a los alcaldes de esta provincia a cumplir el toque de queda después de las 9:00 p.m. Los jefes de los municipios del distrito capital que desatiendan la medida pueden ser separados de sus cargos por un periodo de 15 días.
- - Publicado: 18/2/2013 - 11:06 pm
A pesar de que en la provincia de Panamá está vigente el toque de queda desde julio de 2009, los menores de edad siguen deambulando sin control por las calles.
Las razones son múltiples: falta de estructuras para custodiar a los adolescentes infractores, poca voluntad de las autoridades por aplicar la norma, así como la falta de recursos para montar los operativos.
En la Gobernación de Panamá aseguran que la mayoría de los alcaldes de los 11 distritos de la provincia no están remitiendo las cifras de los menores capturados por la Policía Nacional, lo que siembra duda sobre la aplicación de la norma.
"Hemos girado un memorando correspondiente a los municipios que no cumplen, en el que se les exige que la información sea veraz y completa", según manifestó Iraldo Batista, asesor legal de la Gobernación de Panamá.
A pesar de que los alcaldes son funcionarios elegidos por el voto popular, el gobernador de cada provincia está facultado para sancionar a los que incumplan con las medidas aprobadas.
Los gobernadores de las provincias podrán suspender a los alcaldes de distrito en el ejercicio de sus cargos por un periodo no mayor de quince (15) días cuando estos se nieguen a cumplir los deberes que señalan las leyes o los acuerdos municipales, se lee en el artículo 47 de la Ley 9 del 8 de octubre de 1973 sobre el régimen municipal.
Son pocos los distritos que cumplen. Por ejemplo, Panamá, Chepo y La Chorrera envían la información requerida. Sin embargo, las autoridades de San Miguelito, San Carlos, Taboga, Capira, Arraiján, Balboa y Chame están morosos.
El alcalde de San Miguelito, Héctor Carrasquilla, informó que su secretario de asuntos legales transmite los informes correspondientes a la Gobernación.
Según Luis Adario, encargado de ese ramo, "se han realizado operativos por parte de la Policía de Menores muy esporádicos. Hasta octubre de 2012 hay una mediana de 45 y 50 menores detenidos al mes", señaló el funcionario.
En el caso del distrito capital, según la subcomisionada de la Policía de la Niñez y Adolescencia Erli Miranda se hacen operativos diarios.
"Todos los días damos cumplimiento al decreto de Gobernación. En Colón también se le da seguimiento". La agente policial señaló que solo en la provincia de Panamá se retuvo a 8 mil adolescentes menores el año pasado.
Obstáculos
Pero más allá de los números que se “embolsillan” algunas de las autoridades de distritos, el tema se complica, porque para poder mantener a los menores de edad en sus casas, después del horario establecido, surge una serie de obstáculos que parecen ponerle “esposas” al decreto.
Por un lado, está el hecho de que los menores que son sorprendidos deambulando después de las 9:00 p.m. o pasadas las 10:00 p.m., si es fin de semana, no pueden permanecer en las salas de guardia después de las 8:00 a.m. del día posterior a la aprehensión.
La subcomisionada Erli Miranda reconoció que no tienen capacidad de tenerlos por más tiempo por falta de espacio físico, aunque esos menores son trasladados a subestaciones donde solo se retienen a adolescentes.
“No tenemos condiciones para mantenerlos por más tiempo que el definido por el decreto, por eso los trasladamos a las instalaciones del Mides”, contó.
Una vez culmine el periodo del menor en un cuartel de la Policía de Menores, este es llevado al albergue Metroamigo en Tocumen, en caso de que algún tutor no lo reclame.
Acto seguido son trasladados a la Senniaf, en donde se les abre un expediente. Allí se verifica su condición, procedencia, edad, situación familiar y escolaridad.
Gloria Lozano de Díaz, directora de la Senniaf, explicó a Panamá América que entre enero y febrero de 2012 se retuvieron 834 niños (as) y adolescentes en la capital.
De estos, 715 terminaron la primaria. “La escolaridad de ellos es simplemente una primaria. No aspiran a más y cuando se ve el entorno la mamá llegó hasta sexto grado o tercer año. Es un círculo vicioso”, afirmó.
Una vez se capturen, sus datos son devueltos al albergue hasta que alguien los reclame con la factura en mano de los $50.00 de multa que se les impone a los padres.
Si no son reclamados se cita a los responsables y se les da seguimiento. Si la familia necesita ayuda se le brinda y se le incluye en un programa de fortalecimiento familiar, en el que se realizan talleres terapéuticos y los instruyen.
Severino Mejía, del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, hay que revisar qué resultados ha tenido hasta ahora el toque de queda. “Como medida creo que es positiva, ya que impide que los menores de edad estén deambulando por las calles, expuestos a todo lo que hay en ellas. Creo que debe haber mayor responsabilidad de parte de los padres, porque de nada sirve que se retenga a los jóvenes, si cuando salen, los padres no toman las medidas necesarias para que estos permanezcan alejados de la violencia, droga y otros flagelos”, dijo.
Agregó que hay que replantear la medida, a fin de que haya un responsabilidad solidaria por parte de los padres, porque los menores están detenidos y los padres libres. No creo que actualmente esté dando los resultados, pero hay que analizar alternativas.
En tanto, para el sociólogo Olmedo Beluche, el toque de queda no resuelve el problema de los menores en las calles. "El toque de queda no es efectivo, porque la mayoría de los jóvenes retenidos son personas que no estudian ni trabajan. Es un tema que no ha sido abordado, y como lo señalan los estudios, un tercio de los jóvenes que pueden estar en premedia, no lo están", afirmó al ser consultado sobre este tema que preocupa a la sociedad.
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