Acodeco amenaza con sancionar a cebolleros

La decisión de los productores de Tierras Altas de unirse en asamblea general y bajar el precio de la libra de cebolla a 65 centavos como medida de protesta y estado de alerta por las importaciones desmedidas podría costarles muy caro.

El administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Oscar García, destacó ayer que ponerse de acuerdo y bajar el precio de la cebolla constituye una práctica monopolística, aunque sea a favor del consumidor.

García se basa en la Ley N.°45 de 2007, que dicta normas sobre protección al consumidor y defensa de la competencia, que señala como práctica monopolística cualquier convenio o contrato entre agentes económicos, competidores o asociaciones cuyos objetos sean fijar, manipular, acordar o imponer el precio de venta.

Agregó que la ley no distingue si te pones de acuerdo para bajar, subir el precio o mantenerlo, ponerse de acuerdo es ir contra los principios de la  economía de mercado, lo que es sancionado  desde hace 20 años.

La Acodeco tendría que presentar una demanda ante los tribunales y esperar que ellos tomen una decisión, y en caso de que lleguen a condenar, entonces la entidad podría poner una sanción.

El tope de las multas para este tipo de conducta o práctica monopolística es de hasta un millón de dólares.

Sin embargo, el administrador reconoció que la semana pasada había un incumplimiento generalizado en el caso de la cebolla, aunque esta semana registran que en varios lugares ya empieza a aparecer la cebolla dentro del precio tope del Control de Precios, que es de 80 centavos.'

Venta

65 centavos vendían la libra de cebolla los productores de Tierras Altas.

1 millón de dólares es el tope de las multas por las conductas o "prácticas monopolísticas".

Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño señaló que en este caso en particular, si es por un bien superior "consumidor", entonces las autoridades deberían poner una pausa y hacer un principio de concordancia (valorar los bienes tutelados en la Constitución Nacional).

Aunque considera que si el acuerdo es para beneficio del consumidor, entonces debe tener prioridad sobre el rigor literal de la ley y no debiera ni siquiera procesarse.

Para los productores, las declaraciones del administrador de la Acodeco fueron otro golpe al sector productivo del país. Al conocer el planteamiento del funcionario, el productor Javier Pittí reaccionó: "Nos quieren desaparecer".

Mientras, Augusto Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), indicó que manejan otro tipo de legislaciones, como la de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), normas técnicas y los protocolos de importación, aunque no conocían en esencia las interioridades de la Ley 45.

"Si en el afán de hacer un gesto de solidarizarnos con el consumidor cometemos un delito, estamos dispuesto a asumirlo y las consecuencias que eso conlleva porque no evadiremos nuestra responsabilidad de afrontar el proceso legal", enfatizó el productor.

No obstante, los comerciantes también se sienten molestos porque son afectados por el Control de Precios. Álvaro Caballero es de la opinión de que no se puede regular un precio si no se empieza de arriba para abajo.

Esto, al destacar que en ocasiones ha tenido que comprar a un precio de 110 dólares el quintal de cebolla, sin embargo, lo tiene que vender en las estanterías a 80 centavos.

El sector productivo del país atraviesa por una crisis, según los productores, por falta de incentivos y apoyo oficial.

Por ejemplo, la agricultura, ganadería y silvicultura crecían en 2014 a 0.4%; en 2015 decrecieron 0.3%, y este año se registra durante los primeros meses del año la misma baja, 0.3%.

Consideran que la baja de la producción ha generado escasez y es consecuencia de las importaciones desmedidas y el Control de Precios.