Aprueban en tercer debate reformas a la ley de contratación pública

Publicado 2016/04/30 15:45:00

Redacción Economía/ @PanamaAmerica

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley No. 305, que modifica el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y que regula la contratación pública.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley No. 305, que modifica el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y que regula la contratación pública.

La Dirección General de Contrataciones Públicas garantizará que los actos que se realicen en los procedimientos de selección de contratista que celebren las diferentes instituciones del Estado y en la etapa contractual sean debidamente publicados y motivados por las entidades contratantes, de conformidad con los mecanismos que establece esta Ley.

La diputada independiente Ana Matilde Gómez manifestó que Panamá no aguanta un día más con las licitaciones abreviadas y lamentó que no se le haya establecido la entrada en vigencia las modificaciones a las nuevas leyes de contratación pública.

Estuvieron presentes durante esta actividad el ministro encargado de Economía y Finanzas, Iván Zarak, y el director general e Contrataciones Públicas, Eduardo Corro, y representantes del Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas, Farmacias y Drogas del MINSA y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.

La diputada Gómez sostuvo que no se puede legislar con intereses mezquinos y expresó que hay que recuperar el tema de la balanza con honestidad. Expresó que con esta ley marco se busca dar al país un modelo adecuado de transparencia en la gestión pública, para que no se cometan más exabruptos como en el pasado, cuando se modificaron leyes para crear un “traje a la medida”.

En cuanto al sector empresarial, el nuevo proyecto separa la inhabilitación de la multa que va de 1 al 15% del contrato y establece inhabilitación a proveedores de 3 meses a 5 años e inhabilitación definitiva a quienes hayan sido condenados por actos de corrupción o por delitos contra la administración pública.