Control de precios de alimentos resultó ser una medida de 'vitrina'

El control de precios sobre 22 productos de la canasta básica familiar ha demostrado en tres años y medio todo lo contrario de lo que la población esperaba, pero ha quedado permanente por ser una medida política del actual gobierno.

La ley indica que cuando se implementa el control de precios, el Ejecutivo tiene la obligación de establecer las normas para eliminar las distorsiones que han llevado a la especulación y al fenómeno del alza, recordó el economista Juan Jované.

Históricamente, esta medida ha generado escasez de los alimentos regulados y pocas ganancias para quienes venden, tal como ha sucedido en Panamá y en países vecinos como Venezuela.

Productores y consumidores han advertido que el control de precios no ataca el problema de raíz, lo que genera una mayor distorsión en el mercado y problemas en la economía.

Augusto Jiménez, miembro de la Asociación de Productores de Tierras Altas, asegura que la medida le pone ganancias indirectas a los comerciantes y encarece los productos.

Un ejemplo de ello es que el tomate perita a veces se vende en el campo a $0.10 la libra, no obstante, los consumidores lo siguen comprando a $1.23 la libra, como establece el decreto.

Para Jované, lo que sucede hoy en día es una prueba de la poca importancia que tiene cumplir las promesas, ya que mientras siga esta medida, la política de defensa al consumidor continuará fracasando.

Costo

$303 es el costo de la canasta básica en los distritos de Panamá y San Miguelito.

$277.77 cuesta la canasta básica en el resto urbano del país, según el último informe del MEF.

$10 mil es la sanción para comerciantes que incumplan el decreto  del Control de precios.

"La medida no funcionó, siempre fue una medida de vitrina porque no la hicieron adecuadamente y además no se ha hecho absolutamente nada para eliminar las distorsiones en el mercado, lo que viola la ley", aseguró en catedrático y economista.

La Ley N.° 45 de 31 de octubre de 2007 en su artículo 200 sobre bienes y servicios sujetos indica que la regulación tendrá una duración máxima de seis meses, salvo que se justifique su prórroga por periodos iguales, en tanto persistan las circunstancias originales que motivaron su adopción. Junto con la regulación, el Órgano Ejecutivo adoptará las medidas que se requieran para eliminar las imperfecciones del mercado.

El control de precios se empezó a aplicar desde el primer día que Varela tomó posesión como presidente de la República, el 1 de julio de 2014 y desde ese momento se ha prorrogado en más de seis ocasiones.

El sector empresarial se ha opuesto a la medida y demandó ante el Ministerio de Comercio e Industrias el decreto de control de precios para que se declare ilegal o nulo, por no dar los resultados esperados, entre ellos, los $58 dólares mensuales en el bolsillo de los panameños.