Aida Michelle de Maduro, presidenta de la Asociación de Zonas Francas de Panamá señaló que se está afectando la estabilidad jurídica de las inversiones que se realizan en el país. "No podemos cambiar las leyes y mucho menos aprobarlas a la carrera y con intereses privados cada vez que cambia un periodo legislativo", resaltó.
La derogación a la Ley 2 de 10 de febrero de 2015, en la cual se aprueba el contrato suscrito entre el Estado panameño y el Puerto PSA Panama Internacional Terminal, S.A. el 28 de octubre de 2014, sigue generando reacciones y no positivas.
La presidenta de la Asociación de Zonas Francas de Panamá, Aida Michelle Maduro dijo que es preocupante que los diputados de la Asamblea Nacional digan ahora que se le paso, y eso no puede suceder.
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"El problema es que no se evaluó a fondo de que trataba el contrato ley antes de proceder a derogar cláusulas. Pareciera que este tema fuera de menor importancia para el país haciéndole más daño", expresó.
Agregó que cada vez más se afecta la estabilidad jurídica de las inversiones que se realizan en el país. "No podemos cambiar las leyes y mucho menos aprobarlas a la carrera y con intereses privados cada vez que cambia un periodo legislativo", resaltó.
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"El problema es que no se evaluó a fondo de que trataba el contrato ley antes de proceder a derogar cláusulas. Pareciera que este tema fuera de menor importancia para el país haciéndole más daño", expresó.
Mediante un comunicado la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) considera un exabrupto legislativo que atenta contra la seguridad jurídica de las inversiones en el país, la cancelación del Contrato de Ley para la construcción y operación de una terminal de contenedores en Rodman por la empresa PSA Panama International Terminal, S.A.
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