Licitación de la AMP podría reñir con la transparencia
Osro Panamá y OPC están vinculadas, lo que podría hacer que licitación pierda transparencia, ya que todo indica que quieren seguir con concesión.
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- - Publicado: 17/10/2017 - 12:00 am
Como falta de transparencia catalogan abogados la posibilidad de que dos empresas de un mismo grupo participen en una licitación para brindar el servicio de recolección de derrames en las aguas y costas panameñas, tal como es el caso de Ocean Pollution Control (OPC) y Osro Panamá INC.
La concesión otorgada de manera directa a OPC hace veinte años con que se le otorgó exclusividad para el servicio de recoger derrames en las aguas y costas panameñas, vence en diciembre próximo, por lo cual la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció que está trabajando en el pliego de cargos.
Sin embargo, la AMP indicó a este diario que no dará de forma directa la concesión, se convocará a una licitación pública siguiendo mecanismos de transparencia que exige la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública.
De las cuatro empresas, que citó la entidad, que cuentan con licencia de operación y certificadas por la AMP indican a Slop & Oil Recovery, S.A, Layne Commercial Services, Inc, Osro Panamá Inc y OPC (contrato 203397 de 3 de diciembre de 1997 con la Autoridad Marítima Portuaria.
Sin embargo, Osro Panamá y OPC tienen afinidad en cuanto a sus administradores, lo que las constituye en un mismo grupo.
El catedrático y abogado Miguel Antonio Bernal calificó como una falta de transparencia, conflicto de intereses y corrupción que las empresas OPC y Osro, que pertenecen a un mismo grupo empresarial, participen en una licitación de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Afirmó que este es el resultado de no haber hecho las reformas necesarias a la Ley de Contrataciones Públicas en su momento y esperar tres años después para que todo siguiera igual.'
Modificación a Ley de Contrataciones aún tiene vacíos, según los expertos
En septiembre pasado y luego de tres años en el poder, el presidente Juan Carlos Varela sancionó la Ley de Contrataciones Públicas, en medio de muchos vacíos legales, según los expertos.
Las modificaciones a la Ley 22 de 2006, que regula la Contratación Pública en Panamá, tienen como principio hacer más eficientes los procesos de compras y mejorar los niveles de transparencia en el sistema de contrataciones del Estado.
Entre las principales modificaciones figuran la eliminación de la licitación abreviada, mayor control en los procesos de “llave en mano”, establece un tope en las adendas, limita el uso de pagos anticipados, entre otros.
Para el economista Augusto García, la demora en la aprobación de la normativa empaña un poco esa decisión, ya que debió hacerse anteriormente para evitar el ambiente existente.
La contratación de empresas que hayan estado involucradas en casos de corrupción, es uno de los vacíos existentes, dijo.
Bernal señaló que Panamá es uno de los pocos países que permiten que empresas que no llenan los requisitos de cumplimiento puedan participar en licitaciones o que hayan sido condenadas puedan seguir participando.
Considera que Panamá ha incumplido en materia de contrataciones públicas, lo que ha generado una serie de casos que están en litigio en el tribunal de la Corte Suprema de Justicia.
Las empresas recién llegadas a Panamá no deben participar en licitaciones, sin embargo, es lo que se está practicando.
Por su parte, el jurista y miembro de la Asamblea Ciudadana Carlos Lee coincide con Bernal y agregó que eso puede afectar la transparencia de un proceso legal.
"Esta situación es producto de la Ley de Contrataciones Públicas, que tiene muchas lagunas que no fueron resueltas, a pesar de las correcciones, dejando muchas puertas abiertas y pocos controles que se esperaba se estableciera en el documento", expresó.
A juicio de Lee, la ciudadanía tiene que tomar conciencia en el manejo de una transparencia adecuada cuando se trata de los bienes del Estado.
El abogado Ernesto Cedeño, también coincide con Bernal y Lee en que dos empresas de un mismo grupo no pueden participar en una misma licitación porque serían rechazadas.
De acuerdo con la AMP, las cuatro empresas certificadas cuentan con el equipo técnico idóneo para prestar el servicio.
A su vez, asegura la entidad del Estado, que la misma vela porque se cumplan todos los estándares e idoneidades requeridos, tanto de los equipos como del personal.
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