Ocean Pollution Control en el rejuego por su polémica concesión
Barakat informó que la concesión será renovada en una licitación a la que solo califican 4 empresas, dos de ellas pertenecientes al mismo grupo.
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- - Actualizado: 16/10/2017 - 04:58 am
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) tendrá que tomar una decisión pronto sobre el vencimiento de la polémica concesión que se le otorgó de forma directa hace 20 años a la empresa Ocean Pollution Control (OPC), vinculada en el pasado a supuestas irregularidades durante el proceso de la concesión, reportes de incumplimiento del contrato y a un derrame en el área de Corozal.
La concesión vence formalmente el próximo mes de diciembre, por lo cual la AMP anunció que está trabajando en el pliego de cargos para someter la concesión a un proceso de licitación en la cual hasta la fecha solo podrían competir cuatro empresas.
Sin embargo, la información suministrada por Jorge Barakat, administrador de la AMP, apunta a que existe un movimiento de grupos vinculados a la actual concesión por tratar de competir y hacerse nuevamente del negocio.
Barakat dijo que en la AMP solo hay registradas cuatro empresas con licencia y certificadas para recuperar hidrocarburos en el mar, siendo ellas Slop Oil Recovery S.A.; Layne Commercial Services, INC.; Osro Panamá INC., y OPC.
"Las cuatro empresas mencionadas cuentan con el equipo técnico idóneo para prestar el servicio. A su vez, recalcamos que la AMP vela porque todas las empresas con licencia de operación cuenten con todos los estándares e idoneidades requeridos, tanto de los equipos como del personal", aseveró Barakat en sus respuestas a Panamá América.
Sin embargo, información del Registro Público de Panamá revela que los directivos de la empresa Osro Panamá Inc. tienen un grado de familiaridad directo con la empresa OPC, representada por Rubén Reyna, Gregorio Chuljak y Jovan Vukelja.
Osro Panamá Inc. tiene como presidente a Juan Diego Reyna Aparicio y tesorero a José David Reyna, ambos hijos de Rubén Reyna. Como secretario de Osro Panamá Inc. registra el tesorero de OPC: Gregorio Chuljak.'
El derrame por el cual fue sancionado OPC en el año 2009
En octubre de 2009, OPC también fue señalada como responsable del derrame de 22 mil galones de derivados de petróleo en el sector de Corozal.
Tras el hecho, la Autoridad Marítima de Panamá multó con $200 mil a OPC, pero la empresa recurrió a la Corte. En agosto de 2015, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró legal la multa aplicada por AMP.
Documentos judiciales sostienen que las evidencias presentadas por la Dirección de General de Puertos e Industrias Marítimas y Auxiliares de la AMP demostraron que a la empresa multada se le concedieron todos los recursos legales a que tenía derecho.
Indicaron que el 8 de octubre de 2009 fueron vistos tres camiones cisterna de la compañía realizando labores de descargas oleosas en el área de la cerca perimetral de Corozal Oeste, en la zona procesadora de Corozal, un lugar no destinado para este tipo de trabajos.
Un informe técnico de la Anam, fechado el 19 de octubre de 2009, detalla que en las muestras recogidas tras el derrame, encontraron que se trataba de material derivado de petróleo.
Informes de la página web de la AMP revelan que Osro Panamá Inc. fue registrada recientemente ante esta entidad marítima, el 6 de mayo de 2016, lo que lleva a que se hagan interrogantes sobre la experiencia de la empresa en el servicio de recoger sustancias contaminantes de las aguas en costas o puertos de Panamá.
También se encontró que el representante legal de Osro Panamá Inc. ante esta institución es Rubén Arturo Merel, un exfuncionario de la AMP que fungió como subjefe del Departamento de Prevención y Control de Contaminación de puertos.
OPC y su pasado
En el gobierno de la expresidenta Mireya Moscoso, la Contraloría pidió que se declarara nula la concesión de OPC por considerarla lesiva para el Estado. La Contraloría también vinculó a OPC a dos funcionarios del gobierno de Ernesto Pérez Balladares, Hugo Torrijos y Rubén Reyna. La petición de la Contraloría no prosperó y la Corte Suprema declaró legal el contrato de OPC.
En 2009, la AMP trató de reducir los millonarios ingresos de OPC con la concesión de 1997, ya que hasta esa fecha estaba vigente una adenda que le permitía a la empresa cobrar una tasa de prevención por contaminación a cada embarcación que tocara puerto panameño.
De acuerdo con información publicada en periódicos de la localidad, esta tasa le generó ingresos a la empresa que se incrementaron gradualmente de 2 millones a 6 millones de dólares.
En octubre de 2009, la junta directiva de la AMP aprobó una resolución que reducía la tasa, de 2 centavos a 0.00001 de dólar por tonelada que mida cada embarcación.
De acuerdo con publicaciones del diario La Prensa, las primeras diferencias por el contrato de OPC salen a relucir en 2001, cuando se presentan informes de auditorías ordenadas por el exadministrador de la Autoridad Portuaria de Panamá Jerry Salazar que señalaban que la empresa había incumplido el contrato y su programa de inversión en los primeros años.
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