Preocupa atentado contra la seguridad jurídica en el país

La Asociación Panameña de Promotores de Energía Renovable (APPER) se muestra preocupada por la actuación del Gobierno en el reciente caso de Barro Blanco, que prácticamente deja por fuera de las negociaciones a la empresa Genisa, después de que la misma invirtió más de 100 millones de dólares, lo que pone en riesgo la seguridad jurídica en el país y afecta las futuras inversiones en el sector.

Sin embargo, destaca que existe algo más grave que este caso y es la intención de acabar con la generación de energía renovable en el país, entre ellas, la hídrica, que representa un ahorro para los panameños en el costo de la electricidad, con la finalidad de incentivar el uso de otras fuentes.

"Lo que se pretende es tener una mayor generación de energía eléctrica a base de gas natural, una alternativa que sería más costosa y más contaminante", señaló una fuente.

De acuerdo con información suministrada por la fuente, en este sentido, se interpondría el interés económico de las petroleras con la venta de combustibles, ya que las energías renovables son más baratas y representan una competencia para ellas.

Destacó que luego del caso Barro Blanco, ningún inversionista se atrevería a invertir en un proyecto hidroeléctrico, ya que sería ir en contra del poder petrolero.

En el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la dirigencia indígena para la continuación del proyecto de Barro Blanco se establece que Genisa será reemplazada en la operación del proyecto hidroeléctrico por un tercero independiente a dicha empresa, con suficiente experiencia para la operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas.

De acuerdo con una fuente, esta empresa podría ser AES Panamá, la misma que se ganó una licitación para construir una planta de gas natural para la generación eléctrica en asociación con Inversiones Bahía, del empresario panameño Stanley Motta, con una inversión de 1,150 millones de dólares en su construcción, que concluirá en 2018 y aportará 381 megavatios de "energía limpia".

Cobrarán 15% de impuesto municipal a las generadoras

Recientemente, se presentó en la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que establece un impuesto municipal del 15% a las generadoras de energía eléctrica.

En la exposición de motivos, se señala que como es de conocimiento general, la proliferación de empresas operadoras de plantas de generación hidroeléctrica y geotérmica constituye una señal inequívoca de progreso para cualquier país, en vista de que el crecimiento de la demanda de energía puede entenderse como crecimiento y desarrollo, no obstante, la sociedad aún vive la situación de polaridad propia de la etapa de desarrollo en la que existen polos de desarrollo bien definidos y equidistantes entre sí.

La ley busca establecer un impuesto para que los municipios perciban recursos de las empresas que operan concesiones para la explotación de plantas de generación.

El impuesto no podrá exceder el 15% del valor de los contratos suscritos.

De acuerdo con una proyección de la Secretaría de Energía hasta el año 2050, las energías renovables, compuestas por hidráulica, eólica, solar y biomasa, se estancarían, con tan solo una producción de más de 2,000 megavatios, mientras que la generación a base de fósiles, que incluye carbón, gas natural, bunker y diésel iría en aumento con más de 10 mil MW.

Según el estudio, en el 2014, la hidráulica tenía una capacidad instalada de 1,623.4 MW, mientras que en el 2050 sería de 2,350 MW. Por su parte, el gas natural iría en aumento hasta alcanzar en el 2050 6,612 MW.

Para Pastor Cabrera, experto en temas energéticos de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), el tema de Barro Blanco está bastante fuera del manejo común que se le hace al sector energético y se desconoce cómo los inversionistas extranjeros puedan ver esto, ya que los nacionales tal vez conocen más el manejo político que se les da a estos casos.

Indicó que lo más importante es el manejo anormal que se le ha dado a esta situación.

Señala que las "hidros" son más económicas en costo de producción, pero no en el de inversión.