Editorial
Fuera de la ley
Los nombramientos del gobierno panameñista son motivo de cuestionamiento público. Unos ministros son debutantes en la administración pública; otros funcionarios ostentan conflictos de intereses; y no faltan
- Publicado: 26/7/2014 - 12:00 am
Los nombramientos del gobierno panameñista son motivo de cuestionamiento público. Unos ministros son debutantes en la administración pública; otros funcionarios ostentan conflictos de intereses; y no faltan nombramientos contrarios a la ley. Ejemplos son el nombramiento del director de la Policía Nacional y del director de la Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario (Aaud). Como hemos señalado en otros editoriales, la ley orgánica de la Policía Nacional establece que la dirección debe estar en manos de un civil, obviamente no de un policía.
La Constitución señala que “las leyes orgánicas necesitan para su expedición el voto favorable en segundo y tercer debate de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional”. Ergo, no tiene validez legal el nombramiento del actual comisionado ni para cambiar el color de los uniformes.
Otro caso violatorio de la ley es el nombramiento del nuevo administrador de la Autoridad de Aseo, Gabriel de la Iglesia, porque no tiene la edad reglamentaria de 35 años. Al revelarse que el nombramiento estaba “pillado”, se cambió al de secretario general encargado. Pero ha quedado el testimonio de la violación de la ley aportado por la cuenta del Twitter del mandatario Juan Carlos Varela al presentarlo como administrador de 30 años para presumir de su juventud.
Existe un conflicto de intereses del nuevo director del aeropuerto de Tocumen, ligado al grupo Motta, cuya compañía de aviación tiene amplios espacios operativos en el centro internacional aeroportuario. Según información recopilada por este diario, Joseph Fidanque, gerente general de Tocumen, otorgó el contrato de recolección de la basura y residuos tóxicos a una empresa en forma directa, sin licitación. Para agravar la situación, los residuos aeroportuarios, entre ellos la basura de aviones extranjeros, serán trasladados con permiso del Mida. Los moradores han emprendido movimientos de protesta por la controvertida decisión de recibir la basura internacional.
Resulta inadmisible que un gobierno que se promueve como investigador de supuestas anomalías administrativas del anterior régimen perpetre una cadena de transgresiones en los nombramientos de funcionarios. Tiene la facultad de efectuar investigaciones, siempre y cuando se ajuste a los procedimientos constitucionales y legales. Tiene que respetar la garantía constitucional de la presunción de inocencia y el derecho de que las investigaciones de supuestas irregularidades deben desarrollarse dentro de los procedimientos que indica la Carta Política, las personas acusadas de delitos deben ser procesadas en juicios públicos; y que solo serán penados los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración y exactamente aplicable al hecho imputado.
Se debe tener presente que la Constitución obliga al presidente de la República a sancionar y promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su exacto cumplimiento, lo mismo que objetar los proyectos de ley por considerarlos inconvenientes o inexequibles para no incurrir en extralimitación de funciones si no vela por su cumplimiento.
La Carta Política debe primar ante todo en la obediencia presidencial al ordenamiento jurídico, sin dejarse arrebatar en el ejercicio de una discrecionalidad de naturaleza política para lanzar imputaciones sin el debido proceso administrativo.
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