Editorial
La familia, primero
Al fin comprendimos el significado real del pueblo primero. El nombramiento de familiares en puestos jugosamente remunerados aclara que el eslogan verdadero es “la familia, primero”. Por
- Publicado: 29/8/2014 - 12:00 am
Al fin comprendimos el significado real del pueblo primero. El nombramiento de familiares en puestos jugosamente remunerados aclara que el eslogan verdadero es “la familia, primero”. Por supuesto, los privilegios son para los familiares atornillados en posiciones clave, no para el conjunto de familias del panameñismo de menor rango, mucho menos para las familias de la sociedad panameña.
El gobierno panameñista ha instituido una red de privilegios familiares en ministerios, institutos autónomos, representaciones diplomáticas, que margina al resto de los panameños excluidos de la administración estatal.
Al monopolio familiar se anexan las compensaciones entregadas a los grupos de poder económicos a los que se les ha entregado el control omnipotente de servicios públicos estratégicos como el aeropuerto de Tocumen, como retribución a las donaciones aportadas a la campaña electoral y al apoyo publicitario de medios de comunicación.
La definición clásica de oligarquía, gobierno en provecho de unos pocos en menoscabo de los muchos que integran la sociedad, se aplica al régimen que preside Juan Carlos Varela. Nos gobierna una oligarquía política y económica que escarnece el sistema democrático. Una oligarquía de clanes familiares y económicos que viola los principios constitucionales que establecen que “no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”.
Los funcionarios designados por razones de familia no se ajustan al artículo 302 de la Carta Política que señala los principios para los nombramientos que deben ser determinados por la ley. La mayoría de los nombrados por el Ejecutivo no tienen experiencia administrativa estatal.
Los motivos centrales de esos nombramientos provienen de enlaces familiares por consanguinidad y por afinidad política. La discriminación por ideas políticas abarca no solo a los panameñistas y populares de rangos menores, sino a profesionales —médicos, abogados, ingenieros, que no pertenecen a partidos políticos—, pero infringen el pecado capital de no ser miembro de una familia de alto nivel social del panameñismo y de los populares favorecidos.
La neo-oligarquía rechaza con arrogancia y soberbia los cuestionamientos periodísticos por los nombramientos de familiares en la administración estatal, demostrando una prepotencia antijurídica que pretende situarlos por encima de las leyes. Tan evidente es el conflicto de intereses que no tienen empacho en refugiarse en la arrogancia personal. Se parapetan en privilegios a los que no tienen derecho y en posiciones burocráticas por las cuales nunca lucharon en las lides decisivas en defensa de la democracia.
Mientras los clanes familiares disfrutan las mieles del poder con grandes sueldos, numerosos panameños con muchos años de servicio en la administración estatal son despedidos sin justificación legal. Reciben cartas en las que se les comunica que el gobierno prescinde de sus servicios sin presentar motivo de su abrupta destitución. Se convierte en papel inservible la ley que le otorga derecho a los empleados públicos a recibir una indemnización por tiempo de servicios, la jerarquía de la posición que se ocupaba, prima de antigüedad y demás compensaciones. Van a la calle de un día para otro, víctimas de la arbitrariedad de un gobierno que los despide para reemplazarlos con sus favoritos, tengan o no idoneidad. En resumen, la familia, primero.
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