Editorial
Más controles
- Publicado: 19/12/2014 - 12:00 am
El anuncio del presidente Juan Carlos Varela de extender a otros productos el Control de Precios concita el rechazo unánime de productores, empresarios y consumidores. Por las mismas razones políticas que impuso el Control de Precios, no quiere eliminar el sistema para tratar de esconder el fracaso político de la medida. Se ha hundido el barco emblema de su programa de gobierno, pero se aferra a una infabilidad política desmentida por los hechos desarrollados en seis meses de gobierno. Cuando se juntan la terquedad y el populismo, el país termina pagando los platos rotos.
La relación de los 22 productos de la canasta básica bajo regulación de precios revela bajo consumo por su relativa calidad. Se repetiría fenómeno similar si se llegaran a incorporar azúcar, aceite y otros productos. Los consumidores de clase media están acostumbrados a adquirir productos de buena calidad, pero no están regulados, por lo que no perciben las ventajas reales.
El Gobierno aseguró que el Control de Precios es una medida temporal sometida a la experiencia de su práctica. Sin embargo, en esta, como en otras cosas, se contradice pretendiendo extender la vigencia de un experimento que convirtió a todo el mundo en conejillo de indias de las ocurrencias panameñistas.
Prometió el Gobierno apoyar a los productores agropecuarios, pero no lo ha hecho. La producción de arroz está bajando, al tiempo que aumenta la importación para que los consumidores no se frustren. Los productores del interior están decepcionados por la indiferencia ante sus propuestas y se ven obligados a organizar caravanas en las carreteras y manifestaciones ante el Palacio de las Garzas, algo que nunca habían hecho. Se abandonan las tierras dedicadas al sembrío de arroz y de otros productos castigados por inundaciones o sequías y el aumento de precios de los insumos importados.
Diversos voceros advierten las consecuencias que tendría el mantenimiento de los controles, contra viento y marea. Elisa Suárez, del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), ratifica su opinión en el sentido de que es negativa la vigencia del control. Rafael Carles, director del Grupo de Alimentación de la Cámara de Comercio, considera que es importante asignar recursos al sector agropecuario para aumentar su competitividad, incentivar la producción a través de préstamos blandos y tecnología.
Pero el Gobierno quiere resultados rápidos y la precipitación populista no cuadra con una política de mediano y largo plazo para innovar la producción agropecuaria. Ricardo Sotelo, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, resalta que nunca han estado de acuerdo con la implementación del sistema de Control de Precios de los alimentos y sugiere que se revise mediante el diálogo con las partes involucradas.
Las decisiones son estrictamente personales, ausentes de diálogos y consultas. Tienen sabor a caprichos personales. Así lo verifica el mantenimiento del Control de Precios como un acto netamente político que prescinde de las opiniones de los miembros de la estructura económica productiva.
Del personalismo en decisiones económicas y políticas, los países se deslizan como un tobogán al autoritarismo, como acontece en Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. El Gobierno ve cómo arden las bardas de los vecinos y no hace caso a los bomberos que lanzan SOS por las llamas de casa.
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