Procesan a exjefe de la Policía catalana por organización criminal y sedición
Actualizado 2018/04/05 08:17:26
- Madrid / EFE
A Trapero se le imputa un delito de organización criminal, lo mismo que a dos cargos políticos directivos de los Mossos, César Puig y Pere Soler.
Por estos sucesos ya están en prisión provisional acusados de sedición soberanistas catalanes como Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Foto: EFE
Una jueza española anunció este jueves el procesamiento del exjefe de la Policía regional catalana (Mossos d'Esquadra) Josep Lluís Trapero por los delitos de organización criminal y sedición.
La jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, percibe sedición en unos hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía catalana, cuando miles de personas impidieron la salida de una comisión judicial con agentes de la Guardia Civil que llevaban a cabo un registro.
Asimismo, lo aprecia por la actuación de los Mossos el 1 de octubre, cuando las autoridades independentistas catalanas auspiciaron una consulta popular ilegal y que suscitó muchas quejas por la supuesta falta de acción de los agentes de la Policía regional.
Por los sucesos de septiembre ya están en prisión provisional acusados de sedición soberanistas catalanes como Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, líderes de asociaciones que convocaron a concentrarse ante la Consejería de Economía durante el registro judicial.
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Por esos mismos sucesos, la magistrada de la Audiencia Nacional ha dictado un auto de procesamiento, paso previo a la apertura de juicio, en el que también procesa, aunque en este caso solo por un delito de sedición por el citado asedio, al alto cargo de los Mossos Teresa Laplana.
En cuanto a Trapero le imputa un delito de organización criminal, lo mismo que a dos cargos políticos directivos de los Mossos, César Puig y Pere Soler.
La jueza Lamela considera que los tres integraban una organización jerarquizada "bajo una dirección común en cuya cúspide", señala al expresidente regional de Cataluña Carles Puigdemont, que tenía como objetivo la celebración del 1 de octubre y la declaración de independencia del 27 de octubre.
El 1 de octubre, refuerzos de la Guardia Civil y la Policía Nacional española enviados por el Ministerio del Interior tuvieron que actuar en varios colegios donde se pretendía llevar a cabo la consulta soberanista ilegal, lo que generó incidentes y algunos heridos.
Amparado en esa consulta ilegal del primer día de octubre, el Parlamento regional aprobó, el día 27, una declaración unilateral de independencia de Cataluña, anulada después por el Tribunal Constitucional español.
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