Jubilaciones especiales a comisionados serán demandadas en Corte

La publicación de un decreto que lleva la firma del presidente de la República, Juan Carlos Varela, y que beneficia a los miembros de la Policía Nacional que ocupan cargos de jerarquía en el Gobierno viola varios artículos de la Constitución.

Así lo consideran juristas expertos en materia constitucional consultados por Panamá América, quienes coinciden en que dicho decreto debe ser derogado.

Para Miguel Antonio Bernal y Ernesto Cedeño, quien tiene la obligación de demandar este decreto es el contralor general de la República, Federico Humbert.

Para ambos jurisconsultos, ya existe un precedente por parte del contralor, quien esta semana demandó la inconstitucionalidad de una norma que buscaba darle un bono de jubilación a los profesores de la Universidad de Panamá.

Dicha medida, para ambos juristas, es igual al decreto que les otorga jubilación a los comisionados que ocupan cargos de directores de instituciones y hasta ministros de Estado.

Miguel Antonio Bernal asegura que este decreto viola al menos tres artículos de la Constitución.

Explica Bernal que en principio atenta contra la disposición constitucional que establece que no habrá fueros ni privilegios en el país.

Indica también que este decreto afecta la hacienda pública debido al alto costo que representará el pago de estas pensiones.

A juicio de Bernal, la intención del presidente Juan Carlos Varela es la de mantenerse en el poder, al asegurar que este acto es la suma de una serie de medidas que busca crear una casta de privilegiados dentro de los aparatos de seguridad del Estado.

Explicó que la colocación de uniformados en puestos claves dentro del Órgano Ejecutivo y la creación de unidades dedicadas a la captación de información personal de los ciudadanos forman parte de las medidas a las que hace alusión, como mecanismos del presidente Varela para mantenerse en el poder.

Ernesto Cedeño, por su parte, indicó que más allá de las violaciones constitucionales que pueda acarrear este decreto, hay un factor ético y moral superior que obliga a las autoridades a derogar el documento.

Uno que anunció que interpondrá una demanda contra este decreto por inconstitucional es Luis Eduardo Camacho.

Según Camacho, vocero del partido Cambio Democrático (CD), con este decreto hay comisionados que podrían jubilarse con 10 mil dólares mensuales.

Este podría ser el caso de Rolando López (Consejo de Seguridad), Alexis Bethancourth (ministro de Seguridad) y Javier Carrillo (Migración).

"Jubilación con 10 mil dólares al equipo de sapería del presidente Variega", dijo Camacho, quien comparó al mandatario con el general Noriega.