Ejecutivo no consigue desligarse de acusación sobre el caso Odebrecht
Las intenciones de minimizar el escándalo, por parte del presidente de la República, Juan Carlos Varela, no solo han sido infructuosas, sino que han dejado más dudas, aseguraron analistas.
- Jason Morales Valdés
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- - Actualizado: 18/2/2017 - 12:12 am
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, ha utilizado todo el poder que tiene en sus manos para desligarse de las acusaciones que le señalan de recibir donaciones de la empresa Odebrecht, sin embargo, no ha logrado esclarecer lo revelado en su contra.
La primera alternativa del presidente, tras una declaración de su exasesor presidencial, en la que lo acusa de haber recibido donaciones de la empresa Odebrecht, fue acudir al Tribunal Electoral para pedir su lista de donantes.
Sin embargo, la credibilidad de dicha lista ha sido desestimada por sectores sociales, que no confían en una información emanada de su propia campaña política.
El presidente Varela manifestó que este sería un gran paso en la transparencia de su mandato, y se comprobaría que no recibió aporte alguno de empresas extranjeras.
No obstante, críticos afirman que dicha lista de donantes "la hizo el jefe de campaña con Varela y han puesto al que quieren".
Ello, al constatarse que no existe una auditoría que compruebe de dónde provienen los fondos que se otorgaron en su campaña.
Un ejemplo de ello sería la participación de su donante de campaña mayoritario, Stanley Motta, quien no apareció en el listado proporcionado por el TE y describiría el anonimato de sus verdaderos grandes benefactores, aseguraron.
'Delación premiada es sancionada por el presidente de la República
Pese a que ayer viernes fue publicado en Gaceta Oficial la Ley 4 del 17 de febrero de 2017, relativa a la delación premiada, juristas afirman que la demandarán.
El proyecto que provocó posiciones encontradas en la Asamblea Nacional, con sesiones hasta altas horas de la noche, y que fue aprobada a golpe de curul, es criticada por sectores de oposición que afirman es una artimaña para atacar a opositores y beneficiar al Gobierno.
Incluso, lo comprobaría el rápido aval del Ejecutivo, que la sancionó.
La Ley 4 de 17 de febrero de 2017 “reforma el Código Judicial, el Código Penal y el Código Procesal Penal, sobre medidas que eviten el hacinamiento en centros penitenciarios y dicta otras disposiciones”, ya fue promulgada, y todo indica que la nueva ley seguirá siendo objeto de discusión en las más altas esferas, toda vez que abogados independientes, como Roniel Ortiz y Ernesto Cedeño, ya han advertido que la demandarán por inconstitucional.
Además, entre el grupo de donantes de la lista, aparecen en más de una ocasión colaboradores y familiares de los hermanos Motta.
También, el presidente ha manifestado que es la justicia la encargada de investigar a los involucrados en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht y apeló a la independencia de la Procuraduría para realizar una investigación sobre el asunto.
Sin embargo, ha trascendido que ante la investigación de Suiza, el Ministerio Público ha actuado con hermetismo, al tardar en reconocer la actuación de una empresa ligada a la cuñada del hermano del presidente, el diputado oficialista José Luis "Popi" Varela.
En este caso, el esposo de la cuñada de Varela, Juan Antonio Niño, salió al paso de las acusaciones, declarando que el manejo de 63 millones de dólares con empresas relacionadas a Odebrecht, corresponde en su mayoría a transacciones internacionales.
Niño no pudo negar los movimientos financieros de su empresa, incluido uno realizado en Suiza, en 2014.
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