Exigen a Porcell que libere a los presos políticos de Varela
En Panamá, hay 31 personas, entre funcionarios y proveedores del gobierno anterior, consideradas como detenidos políticos.
- Antonio Pérez M.
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- @AntonioSaul27
- - Publicado: 29/9/2015 - 12:00 am
En Panamá, hay 31 personas, entre funcionarios y proveedores del gobierno anterior, consideradas como detenidos políticos.
Esto fue denunciado por Marta Linares de Martinelli, ex primera dama y quien lidera el Movimiento SOS Panamá, que exige la liberación de estas personas.
Linares de Martinelli estuvo al frente de una vigilia, a manera de protesta pacífica, que se realizó anoche en los predios de las fiscalías anticorrupción, en el edificio Avesa.
“El presidente debe seguir el trabajo que inició el gobierno anterior; debe ser un jefe de Estado y no dedicarse a perseguir, porque lo único que han hecho es perseguir”, denunció la ex primera dama.
En la vigilia, Marta de Martinelli estuvo acompañada de los familiares de los detenidos, todos vestidos de blanco, para expresar su indignación por las medidas de detención preventiva injustas.
Personas que, pese a sus condiciones de salud, siguen detenidas, a pesar de que por los mismos casos hay otras que fueron liberadas por haber declarado en contra de otros ciudadanos.
Un ejemplo es la empresaria Poulett Morales, quien fuera proveedora del Programa de Ayuda Nacional (PAN) con el contrato de las mochilas.'
Datos
Frank De Lima: Exministro de Economía y Finanzas figura en la lista de los perseguidos políticos por el Gobierno. Lleva cuatro meses privado de su libertad por un expediente que lleva la Fiscalía Primera Anticorrupción por el caso de los granos, en donde figuran otros imputados que no han sido aprehendidos.
Riegos de Tonosí: El expediente es llevado por la Fiscalía Tercera Anticorrupción; dos exministros del Mida y un dirigente del partido Cambio Democrático siguen detenidos, mientras que el empresario Felipe Virzi, vinculado en el mismo caso, quien entregó dinero y declaró en contra de exfuncionarios, fue liberado.
Su abogado, Víctor Almengor, detalla que la empresaria fue a declarar voluntariamente y pese a que demostró que había hecho la entrega de las mochilas en las regiones donde era su responsabilidad, se ordenó su detención.
Por ese mismo caso se detuvo a Pablo Ruiz Obregón, quien permaneció poco tiempo bajo arresto, luego de que un juez de circuito ordenara su liberación, sin que la fiscalía se acogiera a su derecho de apelar.
Esa misma suerte no pasaron los exdirectores del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, quienes pese a que un juzgado determinara injusta su detención preventiva, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada apeló y hasta el momento se les mantiene detenidos, acusados de violación a la intimidad, que por tener pena mínima de 4 años, por ley no requiere de detención preventiva.
En ese mismo caso se menciona a Ismael Pittí, el agente de inteligencia a quien se le encontró evidencias de espionaje telefónico y de correos.
Luis Cucalón es otro caso que califica el Movimiento SOS Panamá como un hecho de detenido político; el exdirector de Ingresos sigue bajo arresto preventivo, pese a que la ley prohíbe esta medida por su situación de salud.
Mientras, al empresario Cristóbal Salerno, que no solo declaró en contra de otros exfuncionarios, sino que además entregó dinero, se le dio una medida cautelar distinta a la detención preventiva.
La procuradora Kenia Porcell confirmó que se trata de unas cien investigaciones en contra de funcionarios del gobierno anterior.
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