Gobierno busca acabar con la libertad de expresión
El respeto a mantener los medios de comunicación social abiertos y no pensar en el cierre de los mismos se encuentra en pe...
- Jason Morales Valdés/[email protected]/@JasonMoralesV
- - Publicado: 21/6/2016 - 12:00 am
El respeto a mantener los medios de comunicación social abiertos y no pensar en el cierre de los mismos se encuentra en peligro ante las actuaciones del Gobierno.
De esta forma han reaccionado diversos sectores del país, que ven en la situación de los medios de comunicación un estado de indefensión, independientemente de la línea editorial a la que representen.
Incluso sobre la posibilidad de que allegados al Gobierno busquen sacar provecho al ahogamiento económico que sufren algunas de las empresas periodísticas.
Solo ayer, voceros del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (Gese), denunciaron que se encuentran en peligro valiosas plazas de trabajo y fuerza laboral importante.
Ante esto, representantes de gremios han exigido que se respete la libertad de expresión, y el solo hecho de hablar de un cierre de medios debe ser sacado de nuestro pensamiento democrático.
El secretario general del Sindicato de Periodistas de Panamá (SIP), Filemón Medina, explicó que el cierre de un medio es un antecedente nefasto para el Gobierno, que debe ser el garante de los panameños para que se mantengan los puestos de trabajo.
"No permitir en este turbulento momento que haya personas pescando en río revuelto y busquen sacar provecho de la situación de crisis", manifestó.'
Trabajadores de medios temen a campaña política y comercial
Trabajadores del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (Gese) denunciaron ayer que el derecho a la libertad de expresión se ha dejado de lado, tomando en cuenta que cada día que pasa los medios son más acorralados.
“No queriendo pensar que es una acción premeditada, y con agenda definida, preocupa que en el tablero de este juego macabro, quienes perciben el mal son los periodistas, fotógrafos y diseñadores comprometidos con la sociedad”, reveló un informe emitido por los miembros de este medio.
En el comunicado, los trabajadores expresaron que tras la inclusión en la Lista Clinton, y pese a una prórroga en su licencia de seis meses por parte del Tesoro de los Estados Unidos, los anunciantes han abandonado las publicaciones, lo que afecta los ingresos del medio.
Incluso se ha afectado el equilibrio informativo en la sociedad panameña, pues los anunciantes han caído en el juego del temor y el cálculo político y comercial, que ignora la libertad de expresión y obliga a polarizar la información.
Y es que, anteriormente, el accionista mayoritario del grupo Gese, Abdul Waked, denunció que el Gobierno y allegados le estarían "obligando a vender" los periódicos.
"Me están ahorcando por todos lados; no voy a vender los diarios", dijo el empresario, quien declaró que existen políticos de gobierno interesados.
Ante esto, el sindicalista Filemón Medina sostuvo que el Gobierno no ha sabido exigir que se cumpla el debido proceso y defender la integridad del país.
"No puede ser que, ante el rumor político, no haya exigido las investigaciones correspondientes, lo que es injusto para los trabajadores que deben enfrentar la situación".
A su vez, la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (Conape), Blanca Gómez, indicó que no puede estar en la mente de los panameños el cierre de medios de comunicación.
Explicó que "la noticia del posible cierre de un medio de comunicación es trágica y solo pensar que se pueda dar es inaceptable".
Gómez lamentó cómo la falta de ingresos ha ido estrangulando a los periódicos La Estrella de Panamá y El Siglo.
"Tenemos que tener todas las corrientes de pensamiento", apuntó.
No obstante, los antecedentes que existen sobre la forma en que la administración del presidente Juan Carlos Varela ha amenazado la libertad de expresión es amplia.
En el caso de la Editora Panamá América S.A. (Epasa), los ataques y las desavenencias de la administración Varela vienen desde funcionarios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de instituciones autónomas, entre ellas, el Tribunal Electoral (TE).
En una de las últimas entrevistas al presidente Varela sobre las intenciones de cerrar los periódicos de Epasa, este manifestó que había una investigación en el Ministerio Público, información que nunca ha sido confirmada por la Procuraduría de la Nación.
En su momento, el Tribunal Electoral amenazó con imponer una multa de hasta $50 mil a Epasa por la publicación de una noticia sobre los resultados de una encuesta de opinión.
Incluso estas amenazas se han extendido hacia periodistas con un amplio recorrido en los medios.
El periodista Álvaro Alvarado, de Telemetro Reporta, denunció en sus redes sociales, desde el 25 de agosto de 2015, que recibió una alerta de que el Gobierno tenía un plan de persecución en su contra, a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), encargada de rastrear movimientos de dinero, y de la Dirección General de Ingresos (DGI), recolectora y fiscalizadora en materia tributaria.
También el Gobierno ha amenazado con crear una ley que regule la profesión, pero que propone hacer que todo el que practique el periodismo de manera ilegal sea sancionado con una pena de entre dos y cinco años de prisión.
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