IMA fraccionó contratos para comprar jamones

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) fraccionó en al menos cuatro contratos la compra de 120 mil jamones picnic y fijó su precio en $21.90 cada uno, revelan documentos oficiales a los que tuvo acceso Panamá América.

Abogados y expertos en contrataciones afirman que todo apunta a que existe división de materia en estas contrataciones, una falta administrativa que es sancionada por ley.

Incluso, en este gobierno hay varios funcionarios que ya enfrentan procesos legales por posible división de materia, como es el caso del ministro de Vivienda, Mario Etchelecu, con la compra de retroexcavadoras a la empresa Airco para el programa social Techos de Esperanza.

También, el exdirector del IMA Edwin Cárdenas enfrenta otro proceso de división de materia, por el cual la Contraloría detectó una supuesta lesión patrimonial.

Sobre la compra de jamones, los documentos obtenidos solo dan detalles de la adjudicación de dos de esos contratos por el cuestionado mecanismo de invitación, que expertos califican de compra directa disfrazada.

La primera compra fue adjudicada el 14 de noviembre de 2016, bajo el mecanismo de invitación, a Coosemans Panamá S.A. por 60 mil jamones picnic a un precio de 21.90 dólares. Al frente de esta empresa registran Daniel Coosemans, Fernando Cerrud y Juan Carlos Lezcano.

La segunda compra se adjudicó 10 días después, a la empresa Alimentos Cárnicos de Panamá S.A. por 20 mil jamones a 21.90 dólares cada uno.

Cada jamón comprado a estas dos empresas tienen un peso de entre 3.60 y 4.60 kilogramos, y su venta al público es de 8 dólares.

La empresa Alimentos Cárnicos de Panamá S.A. tiene entre sus directores a personas vinculadas a Juan Carlos Varela.

Todas las notificaciones de estos contratos fraccionados fueron firmados por Gabriel César Sáez, secretario general del IMA, aunque la institución tiene como jefe a Raúl Ávila.

Otra de las posibles irregularidades en la compra fraccionada de estos jamones es que el IMA la convocó bajo el programa de Solidaridad Alimentaria.

Sin embargo, la Ley 64 del 30 de noviembre de 2007, que creó este programa social, establece claramente que solo ampara a los productos de primera necesidad.