Aunque el Ejecutivo anunció con bombo la sanción de la nueva ley de aumento de penas, sectores de juristas advierten un matiz político y poco respeto a los derechos de los menores en la norma.
La Comisión de Gobierno prohijó un nuevo proyecto de ley sobre una lista pública de pedófilos. Asamblea
Esta semana, la Secretaría de Comunicación del Estado anunció con bombos y platillos que el mandatario de la República, Juan Carlos Varela, había sancionado la Ley 21, que reforma artículos del Código Penal para aumentar la pena a violadores de menores de edad.
En primera instancia, esto provocó el beneplácito popular. No obstante, al entrar en detalle, han surgido fuertes críticas por parte de sectores jurídicos que ya advierten visos de ilegalidad en esta norma, así como una especie de "relajación" del delito cuando la víctima tiene entre 14 y 17 años de edad.
De hecho, según el documento promulgado en Gaceta Oficial, las personas que tengan acceso sexual a mayores de 14 años y menores de 18 años serían sancionadas con una pena blanda de entre 4 y 6 años prisión.
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Solo en los casos donde, mediante violencia o intimidación, el agresor tenga acceso sexual a un menor de 14 años, los años de prisión aumentarían a entre 12 y 18 años.
"La gente se quedó con la idea de que se aumentaron las penas. Pero si antes eran de 10 a 12 años de cárcel y ahora de 12 a 15... ¿qué aumentaron? ¿Solo 2 o 3 años?", se cuestionó la abogada Giovanni Ortega.
La especialista en asuntos jurídicos de familia indicó que este tema "se está vendiendo de manera política" y que no existe intención real -por parte del Gobierno- de llegar a las condenas como deben ser.'
IniciativasInsistiránAnte los temas que no se lograron pasar en la ley, como la lista de agresores sexuales o el impedimento de establecer acuerdos de pena a favor del violador, los proponentes buscan con proyectos separados pasar estas iniciativas.ProhijamientosEn este sentido, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional ya prohijó el anteproyecto que crea un registro de personas condenadas por delitos sexuales, presentado por los diputados Leandro Ávila, Iván Picota y Athenas Athanasiadis. La idea es que esta lista sea de acceso público para proteger a los menores. De manera separada, la Comisión de Gobierno prohijó otro proyecto que pide que cuando las víctimas fuesen personas menores de edad no se acepten acuerdos de pena a favor del agresor.
Giovanni Ortega también lamentó que haya sido el Ministerio Público (MP) el que promovió penas menos severas cuando la víctima es mayor de 14 años.
"Suena incongruente. El MP trata de decir: bueno, pero es que están un poquito más grandes. No me parece correcto, se siguen violando los derechos, independientemente de la edad que tengan", insistió Ortega.
Por su parte, el abogado Francisco Carreira, de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, agregó que "hay una estrategia montada de eliminar lo que tiene que ver con estos delitos de 14 años, y esto es criticable".
Reveló también que el presidente Varela ignoró sus reiteradas solicitudes de que vetara parcialmente esta ley.
"Se lo pedimos varias veces, pero no hizo caso. Ahora habrá que tratar de modificarla vía Asamblea Nacional... ya estamos analizando elementos que puedan ser considerados inconstitucionales", adelantó el abogado Carreira.
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Una de las propias proponentes de la ley, la diputada Athenas Athanasiadis, calificó la sanción del Ejecutivo como una victoria parcial.
Y justamente, para llenar los vacíos que dejaron artículos que fueron rechazados, la diputada Athanasiadis dijo que se "insistirá" con otro proyecto de ley por separado.
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