Los funcionarios que no declaren su patrimonio pueden ser encarcelados
Los servidores públicos que no hicieron su declaración de bienes patrimoniales en el tiempo establecido por la Constitución Nacional podrían enfrentar un proceso judicial que es castigado con penas de prisión
Los servidores públicos que no hicieron su declaración de bienes patrimoniales en el tiempo establecido por la Constitución Nacional podrían enfrentar un proceso judicial que es castigado con penas de prisión
- José Alberto Chacón ([email protected])
- - Actualizado: 22/7/2014 - 06:57 am
Cifras
- 10 días hábiles tienen los funcionarios para declarar, luego de la toma de posesión.
- 4 funcionarios han hecho pública su declaración.
Surge alternativa para publicar las declaraciones
- A raíz de la polémica que ha creado el tema de la declaración jurada de bienes patrimoniales, varios sectores de la sociedad civil recomiendan a las autoridades encargadas de velar por la transparencia gubernamental la modificación de la Ley 59 del 23 de diciembre de 1999. Es por eso que recientemente miembros de grupos civiles presentaron ante la Asamblea Nacional un anteproyecto para hacer varios cambios.
- Uno de los más relevantes es el que haría públicas las declaraciones de bienes que deben, por mandato constitucional, hacer los servidores en las notarías del país.
Los servidores públicos que no hicieron su declaración de bienes patrimoniales en el tiempo establecido por la Constitución Nacional podrían enfrentar un proceso judicial que es castigado con penas de prisión, explicaron expertos en materia jurídica administrativa.
Para el exprocurador de la nación Rogelio Cruz, hacerse de “la vista gorda” en tema de transparencia es un acto inmoral, ante el que existen mecanismos por la vía legal para que las autoridades juzguen a los funcionarios que ignoren la norma.
“El artículo 356 del Código Judicial Procesal señala que el servidor público que ilegalmente rehúse, omita o retarde algún acto propio de su cargo será sancionado con prisión de seis meses a un año”, expresó.
Cruz añadió que la práctica adoptada por los funcionarios de este gobierno, de no declarar ante las notarías, es un delito de autoridad.
En este mismo sentido, Sandra Escorcia, del grupo Pro Institucionalidad y Justicia, manifestó que es deber del presidente Juan Carlos Varela exigirles a sus subalternos cumplir con el mandato constitucional.
La exfuncionaria propuso además que sea el propio mandatario quien reemplace al que no acate las órdenes. “Si yo fuera el presidente y si tú como ministro no me haces caso, te reemplazo. O presentas la declaración, según lo que establece la Constitución, o te sustituyo, no se puede permitir que un ministro de la República no siga las leyes, tenemos que dar el ejemplo”, aseveró.
Una opinión distinta tiene Magaly Castillo, miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
Castillo cree que no se debe contemplar una sanción penal por el hecho de que los funcionarios realicen dicha declaración teniendo conocimiento de que tienen que hacerlo. “No debería ser necesario llegar hasta ese extremo. Los funcionarios que salen y entran del gobierno deberían hacerlo”.
Castillo también recomendó que se haga énfasis en los demás funcionarios, ya que a nivel más bajo también se practica la corrupción. “No hay controles ni para los de abajo ni para los de alta jerarquía, eso está provocando una situación de desorden porque la gente sabe que no hay certeza del castigo”, concluyó.
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