Lucha del Gobierno contra la inseguridad es deficiente
El incremento en la inseguridad se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, piden una solución al Gobierno. Los bonos para pandilleros en el Programa Barrios Seguros y la construcción de una cárcel en el Pacífico serían algunas de la fallas del Gobierno.
Tras casi nueve meses de haber asumido Juan Carlos Varela el cargo de presidente de la República, el tema de la seguridad sigue siendo una de las mayores debilidades, para la cual se han aplicado estrategias que han sido calificadas como improvisaciones.
- Jason Morales V. ([email protected])
- - Actualizado: 29/3/2015 - 08:58 am
Tras casi nueve meses de haber asumido Juan Carlos Varela el cargo de presidente de la República, el tema de la seguridad sigue siendo una de las mayores debilidades, para la cual se han aplicado estrategias que han sido calificadas como improvisaciones.
Las cifras de homicidios en todo el territorio nacional rondan las 23 personas por cada 100 habitantes, a pesar de que las autoridades niegan las cifras.
En medio de los constantes hechos delictivos y las críticas surgidas en contra de la política de seguridad implementada por el gobierno de Varela, el mandatario ordenó, a través del ministro de Seguridad, Rafael Aguilera, la construcción de un penal en una isla del Pacífico, cuya alta seguridad permitiría albergar a “media docena” de líderes de pandillas.
Para especialistas en el tema de seguridad, esta decisión pondría en relieve la falta de políticas de Estado orientadas a hacer frente a la delincuencia.
Según el exviceministro de Seguridad Severino Mejía, el problema de la seguridad es más complejo y no puede resolverse con programas, sino con políticas públicas que acaparen otros temas relacionados con el consumo de drogas, la violencia intrafamiliar, el hurto y las violaciones carnales.
“Barrios Seguros y todos los programas que han tenido los gobiernos desde 1990 para acá, han sido un total fracaso, porque el asunto no son los programas, sino las políticas públicas; y ya Panamá tiene que adoptarlas porque las circunstancias delictivas se están agudizando”, advirtió el experto.
Mejía plantea que de mantenerse esta postura, seguirán viéndose los problemas de manera cíclica, pues el concepto de aislar no es malo, sino dónde.
“La Gran Joya costó 170 millones de dólares, con una capacidad de 5,000 personas y apenas tiene 106 privados de libertad; si se aplica la ley del sistema penitenciario, esta cárcel puede tener el espacio para ubicar a los presos de alta peligrosidad”, manifestó.
Por su parte, el sociólogo Marco Gandásegui coincide con Mejía en que el gobierno del presidente Varela no cuenta con un plan para combatir la inseguridad.
“Cuando vas a la Policía Nacional y ves cuáles son los planes que tienen escritos para los tres o cuatro años siguientes, encuentras que los trajeron del extranjero; eso no responde a nuestra realidad”, indicó.
Añadió que se necesitan políticas cuerdas que no se ponen en práctica, y prueba de ello sería construir una cárcel en una isla.
“La decisión es negativa y está dando un paso atrás; es parte de la visión de un novelista y no la práctica de una política de Estado que responda a los intereses de Panamá”, criticó el sociólogo, quien considera que la construcción de la cárcel fue una decisión tomada en un mal momento.
Para el dirigente y exsecretario de Comunicación del Estado Luis Eduardo Camacho, “la construcción de una cárcel insular para aislar a los cabecillas de pandillas —sería considerada como— una absurda pretensión de solucionar la inseguridad construyendo una cárcel en una isla”.
Añadió que “la primera improvisación fue regalar plata a pandilleros bajo la falsa premisa de que haría los barrios más seguros. Chiriquí es el mejor ejemplo del fracaso del programa Barrios Seguros; los pandilleros tienen plata, pero lo barrios son más inseguros”, sostuvo Camacho.
Otro de los cuestionamientos sería el costo de la obra, que alcanza los $200 mil dólares, y cerca de una base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), en la isla Coco, del Archipiélago de las Perlas.
Entre tanto, la Defensoría del Pueblo advirtió que “de hacerse efectiva esta medida, se estarán violando derechos humanos”.
Ello, al considerar que Panamá es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos, y forma parte de los avances en materia de derechos humanos al ratificar importantes instrumentos internacionales de derechos humanos.
En distritos del interior como Aguadulce, Penonomé, Santiago, David y La Chorrera, los casos delincuenciales han tenido un repunte significativo, por lo cual los residentes de estos sectores exigen mayor seguridad.
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