Política frena creación de Sala Constitucional

La influencia política ha entorpecido el desarrollo del sistema judicial panameño al impedir en dos ocasiones la creación de una Sala Constitucional.

Esta sala se encargaría de ver temas relacionados con garantías fundamentales, entre las que están amparos, habeas corpus, acciones de habeas data, entre otros, de manera que se tenga una instancia judicial que permita especializar la materia constitucional.

La Sala Constitucional se encargaría de darles respuesta en tiempo oportuno a las solicitudes que tienen muchos panameños en cuanto a una justicia más expedita.

En dos ocasiones se ha intentado establecer la Sala Constitucional en Panamá, la primera de ellas fue en el gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares, en el cual se logró crearla, pero en los primeros días de gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, la misma fue derogada y el caso pasó a manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Luego, en el gobierno de Ricardo Martinelli, después de que la CSJ, a través de un fallo, señalara que la creación de la Sala Constitucional por parte del expresidente Balladares era legal, la misma fue rechazada por intereses políticos.

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Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), señaló que esta sala vendría a darle un mayor auxilio a la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, el tema de la integración de la misma, por la naturaleza del método de selección de magistrados, se ha convertido en un obstáculo para establecerla.'

Cifras

9 son los magistrados con los que cuenta la Corte Suprema de Justicia en Panamá.

3 serían los magistrados que se tendrían que nombrar si se crea la Sala Constitucional.

En Panamá se tiene el concepto de que si un gobierno decide crear la Sala Constitucional, se convierte automáticamente en el nominador de tres nuevos magistrados y se rompe la hegemonía del pleno de la Corte Suprema.

Además se tiene el concepto de que cada gobierno entiende a los magistrados nombrados en su periodo como "sus magistrados" y es allí cuando justamente el debate se convierte en político, ya que se piensa que lo hace para protegerse de manera judicial.

Sin embargo, Araúz indica que desde el punto de vista de la necesidad social, la Sala Constitucional es de vital importancia porque constituye un tribunal especializado que entiende sobre garantías constitucionales y todo el resguardo de las mismas.

"El impulso para la creación de esta Sala Constitucional no ha tenido el apoyo necesario porque es un tema político, porque son los partidos los que componen el primer bloque de oposición, entendiendo que, históricamente, el nombramiento de los magistrados del Pleno sale de los partidos", manifestó Araúz a Panamá América.

Esto se da porque ningún partido político del país está en la disposición de que otro colectivo o el que esté gobernando tenga la posibilidad de tener el control mayoritario de designar magistrados de la CSJ.

Conclusión del Pacto

Rigoberto González, procurador de la administración, manifestó que parte de las conclusiones a las que llegó la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia es que se sugería la creación de esa Sala Constitucional, lo que ha sucedido es que cuando se ha planteado concretarla se ha hecho dentro de un contexto político.

"La idea en sí no es mala, de manera tal que habría que verla con buenos ojos, ya que eso permite darle mayor especialidad a un tema más importante como la justicia constitucional", manifestó González.

El procurador de la administración manifestó que hay quienes piensan que a futuro, cuando se aborde un posible cambio constitucional, lo que habría que crear sería un nuevo tribunal constitucional.