La aprobación del proyecto de imprescriptibilidad ha eliminado una facultad del MP para investigar a quienes contribuyen con los traficantes de drogas.
La advertencia de la procuradora se une también a la de agrupaciones de la sociedad civil que piden vetar artículos del proyecto. Archivo
La aprobación del proyecto de ley 514 que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, ha eliminado herramientas legales que permitían seguir el rastro de fondos procedentes del blanqueo de capitales, derivados del narcotráfico.
Así lo reveló ayer la procuradora general de la nación Kenia Porcell, quien por lo demás, vio como muy positiva la creación de esta ley, y afirmó que se convierte en una excelente herramienta para el Ministerio Público (MP).
No obstante, la procuradora advirtió que en su artículo número 51, donde se hablaba de las sanciones a personas jurídicas, se establecía en su numeral 6 la posibilidad de sancionar a las personas que estuvieran vinculadas al transporte y contribuyeran al narcotráfico, pero esta disposición fue eliminada.
"El artículo 51 también contenía el uso de las sociedades fachadas, y las sociedades que se beneficien y quienes no se beneficien que fueran personas naturales que trabajaron para llevar el dinero a un responsable final -narcotraficante-, pero ahora la eliminaron y el Ministerio Público no va a poder llevar ningún producto al Órgano Judicial sobre las sociedades fachadas", explicó.
Porcell manifestó que al quitarse esta estipulación se retrocede en este aspecto y por lo tanto dos puntos ahora ya no se tienen.
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No obstante, la advertencia de la procuradora se une también a la de otras agrupaciones de la sociedad civil, las cuales solicitaron al presidente de la República, Juan Carlos Varela, vetar un artículo del proyecto de imprescriptibilidad.'
25
de cada 100 kilogramos de droga son los que se logran incautar por parte de las autoridades panameñas.
220
mil millones de dólares, aproximadamente, genera la venta de droga en el mundo.
Estas agrupaciones mostraron su rechazo sobre el artículo 4 del proyecto, donde se inhabilita a las empresas que han aceptado utilizar la colaboración eficaz para contratar con el Estado.
Según los conocedores del derecho, la modificación podría tener el objetivo de que no acepten la colaboración eficaz en caso de alto perfil, y así eliminar la posibilidad de que se lleven a cabo procesos rápidos y con certeza de castigo.
En un comunicado las agrupaciones subrayaron que "lo que se requiere en este momento no es castigar a los que colaboran, sino descubrir el modus operandi y las redes de corrupción que casi se han institucionalizado en este país".
Ante esto, la procuradora Kenia Porcell indicó que en el tema de la corrupción la sociedad debe unirse y saber que la importancia de los acuerdos de colaboración eficaz llevan como objetivo final la desarticulación de la corrupción en cualquier país, y esto conlleva beneficios.
Aunque, a diferencia de los grupos organizados, Porcell sostuvo que no ha pedido al presidente de la República vetar algunos de estos artículos polémicos, y abogó porque sea el Ejecutivo el que lleve a cabo un análisis del proyecto de ley junto con su equipo legal.
Indicó que aún resta la incorporación de todo el título contra el blanqueo de capitales que involucra a empleados públicos.
En este sentido, el abogado Ernesto Cedeño planteó que a través de la colaboración eficaz se puede ayudar al esclarecimiento de un delito.
También afirma que se evita la continuación de la ejecución de un delito y puede prevenirse la realización de otros delitos. Además de que con esta participación se descubre a los autores o partícipes de una acción delictiva.
Por su parte, el abogado Armando Fuentes opinó que la ley de imprescriptibilidad es un poco más de populismo punitivo igual a como se aumentan las penas, y hace creer a la gente que eso soluciona la eficacia de las penas y el castigo, pero eso no es así.
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