Rechazan el excesivo despliegue policial
Un excesivo despliegue de seguridad fue lo que se vivió ayer en la oficina de Importadora Ricamar (Súper 99), en Río Aba...
- Yessika Valdés/[email protected]/@kasseyv
- - Publicado: 06/7/2016 - 12:00 am
Un excesivo despliegue de seguridad fue lo que se vivió ayer en la oficina de Importadora Ricamar (Súper 99), en Río Abajo, cuando se realizó una inspección ocular, autorizada por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, quien actúa como juez de garantías en la investigación en que se menciona a Ricardo Martinelli, en el caso de Cobranzas del Istmo.
"Sr. Juan Carlos Varela, hacia dónde quiere llevar a este país. Aquí hay muchas personas que dependen de esta empresa", se expresó la ex primera dama, Marta Linares de Martinelli.
Señaló que es preocupante lo que sucede en Panamá, porque un presidente se está inmiscuyendo en el Ministerio Público.
"Quiere acabar con la empresa privada, y de esta compañía dependen miles de panameños", aseveró.
A juicio de la ex primera dama, no fue la mejor manera de hacer una diligencia, y mucho menos haciendo un show, llevando unidades policiales a la empresa, como si hubiera un narcotraficante escondido.
Otro que se mostró sorprendido fue Sidney Sittón, del equipo legal del expresidente.
"Yo no sé por qué razón se ha dado todo este despliegue mediático de policías, cuando no había ningún sentido de hacerlo", añadió.'
Trabajadores y miembros del CD protestaron y exigieron justicia
Mientras se realizaba la diligencia adentro de las instalaciones de Importadora Ricamar, afuera, trabajadores y miembros del partido Cambio Democrático (CD) protestaron y cerraron por unos minutos la vía principal del sector de Monte Oscuro.
Con pancartas en mano, los protestantes exigían justicia.
“No a la dictadura ni venganza del presidente Juan Carlos Varela”, coreaban.
Carmen Boyd, dirigente del CD, calificó al Gobierno de perseguidor, porque no ha dejado esta práctica en contra del expresidente Ricardo Martinelli ni mucho menos sus allegados.
“Lo único que está logrando es amedrentar a las más de siete mil familias que dependen de este trabajo y que hoy temen perderlo”, manifestó Boyd.
Indicó que Varela fue elegido para mejorar el país, que continuara en crecimiento y no para retroceder.
“Es decepcionante que en dos años de gobierno haya aumentado la canasta básica, la delincuencia, la tasa de desempleo, etc.”, añadió.
Sittón detalló que las autoridades buscaban documentación sin precisar un periodo fijo, sino de 2009 a 2014 (periodo en el que gobernó Martinelli), y sin indicar exactamente lo que se buscaba.
"Esto significa que ellos han venido a ver qué pueden pescar y, obviamente, esto es violatorio de las garantías fundamentales de toda persona natural o jurídica", manifestó.
En un comunicado del despacho del magistrado fiscal de este caso, Abel Zamorano, se argumentó que la presencia de esta cantidad de policías se dio por la dimensión del local donde se realizó el allanamiento. "Se trata de un complejo que se extiende a tres calles del sector de Monte Oscuro, dotado de una fuerte presencia de seguridad interna de la empresa".
El magistrado Zamorano desmintió que esta diligencia sea una medida de presión política y que solo buscaba ampliar la información con base en la denuncia presentada por Cristóbal Salerno, quien acusó a Martinelli de beneficiarse de los cobros que gestionó Cobranzas del Istmo, entregándole dinero en 2009, 2013 y 2014.
Sin embargo, los abogados del exmandatario tienen otra posición y reiteraron lo desmedida que fue la acción.
Sittón indicó que Importadora Ricamar ni ninguna otra empresa se ha negado a dar algún tipo de información a las autoridades.
Explicó que este es un caso data del año pasado, y quien le pagó millones de dólares a Cobranzas del Ist- mo fue el gobierno de Juan Carlos Varela, a pesar de que había suspendido el contrato.
La gerencia de Importadora Ricamar, en un comunicado, pidió respeto al ejercicio de la libre empresa, y aclaró que no es parte de ningún proceso ni investigación judicial.
Agregó que por 30 años ha mantenido excelentes relaciones comerciales y financieras con bancos locales, proveedores nacionales e internacionales.
Exhortó a la Cámara de Comercio y los otros gremios del sector privado a que se pronuncien en torno al respeto de la libre empresa y ante este acto "difamatorio, que involucró un desproporcionado despliegue policial".
Contexto
El allanamiento de ayer forma parte de una serie de acciones contra Ricardo Martinelli que se han dado, en momentos en que la aprobación del gobierno de Juan Carlos Varela se encuentran en su mínimo nivel.
El empresario Porfirio "Bolita" Ellis, quien se apersonó al lugar, señaló que hubo un abuso a la selectividad, porque han sido atacados en más de una ocasión.
Mientras, Luis Eduardo Camacho responsabilizó al presidente y al Consejo de Seguridad y escribió en su cuenta de Twitter que "tiraron línea de hostigar a empresas vinculadas a la familia de Martinelli".
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