Varela busca espacios para nombramientos políticos
Solo los funcionarios que sean despedidos de forma injustificada recibirán su indemnización y prestaciones, ello luego de que ayer el presidente Juan Carlos Varela derogara el Decreto Ejecutivo N.° 52, que reglamenta la Ley 39 del 11 junio
Solo los funcionarios que sean despedidos de forma injustificada recibirán su indemnización y prestaciones, ello luego de que ayer el presidente Juan Carlos Varela derogara el Decreto Ejecutivo N.° 52, que reglamenta la Ley 39 del 11 junio
- Redacción ([email protected])
- - Actualizado: 10/7/2014 - 06:52 am
- 200 mil funcionarios es el número de la planilla estatal del Gobierno Nacional.
Una medida que busca otorgarle estabilidad al servidor público
- A principios de este año, el expresidente Ricardo Martinelli aprobó la Ley 127 del 31 de diciembre de 2013, que crea un régimen de estabilidad laboral para servidores públicos. Dicha norma evitaba que estos pudieran ser despedidos sin causa justificada, entre otros derechos. Los nuevos beneficios de esta ley, que comenzó a regir a partir del 1 de abril de 2014, aplicaba a los funcionarios con dos años continuos al servicio del Estado, quienes también tendrían derecho a recibir una prima de antigüedad al momento de la terminación de la relación laboral. En casos de despidos injustificados, los servidores públicos podrían solicitar su reintegro o el pago de una indemnización. Los funcionarios calificaron de buena forma la medida.
- Pero, los detractores del mandatario dijeron que esta iniciativa era una medida politiquera y una forma de garantizar la permanencia de fichas claves de su equipo en la próxima administración.
Solo los funcionarios que sean despedidos de forma injustificada recibirán su indemnización y prestaciones, ello luego de que ayer el presidente Juan Carlos Varela derogara el Decreto Ejecutivo N.° 52, que reglamenta la Ley 39 del 11 junio y la Ley 127 del 31 de diciembre de 2013, y que reconoce derechos laborales a todos los servidores públicos.
Con la derogación del decreto en mención, ahora el Gobierno no está obligado a cancelar inmediatamente los derechos adquiridos por los trabajadores del sector público y puede efectuarlo mediante acuerdos de pagos.
La derogación que fue publicada ayer en Gaceta Oficial indica que el Decreto Ejecutivo 52 de 2014 excede lo contemplado en el artículo 6 de la Ley 39 de 11 de junio de 2013, cuando dispuso que toda entidad del Estado deberá incluir en sus respectivos presupuestos anuales las sumas necesarias para hacer efectivo el pago de vacaciones, décimo tercer mes proporcionales, bonificaciones y cualquier otra prestación a que tenga derecho el servidor público desvinculado del servicio.
El nuevo decreto ejecutivo emitido por Varela resalta que la Ley 39 de 11 de junio de 2013 reconoce ciertas prestaciones laborales a los servidores públicos, al introducir el pago de indemnización y prima de antigüedad para los servidores públicos que sean destituidos sin causa justificada. Mientras, durante la reglamentación hecha por el anterior gobierno se incluyó a quienes fueran despedidos de forma justificada o que renunciasen al cargo que desempeñan.
El documento emitido por la nueva administración gubernamental se sustenta en que el numeral 14 del artículo 184 de la Constitución Política de la República señala que es atribución del presidente de la República con el ministro del ramo, reglamentar las leyes que así lo requieran para su mejor cumplimiento, sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su espíritu.
Medidas políticas
Para Alma Cortés, exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Varela está tratando de buscar espacios para poder realizar sus nombramientos de carácter político, a pesar de que durante la campaña le prometió estabilidad a todos los funcionarios. Cortés explicó que al tratarse de violaciones de derechos laborales, se están afectando al mismo tiempo los derechos humanos de todos esos trabajadores.
“Cuando se generan derechos personales o subjetivos de esta naturaleza, estamos hablando de derechos humanos”, dijo Cortés.
Otro que opinó fue Giovani Ruiz, exdirector de la Carrera Administrativa.
A su juicio, existe una falta de compromiso por parte de los políticos porque cada cinco años se derogan beneficios obtenidos o aprobados por administraciones anteriores.
Ruiz también contó que habría que analizar a fondo el documento para ver cuál es el objetivo del Ejecutivo al aprobarla. “Sigue habiendo un desequilibrio”, dijo.
Por su lado, para Alfredo Berrocal, de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), Varela “ha montado una cacería de brujas y lo que vendrá de aquí en adelante es una serie de despidos masivos”.
Este diario trató de buscar alguna reacción de parte del Gabinete de Juan Carlos Varela, pero los esfuerzos fueron infructuosos.
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