Análisis
El sistema electoral y la corrupción
...una legislación acomodada a los grandes intereses económicos, la entrega de concesiones, la existencia de un sistema tributario regresivo, la falta de transparencia en las contrataciones públicas, la sistemática evasión de impuestos y de cuotas de la seguridad social, entre otras.
- Juan Jované
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- - Publicado: 22/11/2017 - 12:00 am
Frente a los recientes y graves acontecimientos que sufre el país resulta importante no solo destacar, como se hizo previamente, la relación estructural que existe entre la corrupción y el estilo de funcionamiento de nuestra economía, el que tiene entre sus ejes la acumulación por desposesión. También se hace necesario establecer con claridad cómo la corrupción se concreta por la vía del control que los sectores económicamente dominantes ejercen sobre el sistema electoral.
Esto se evidencia, en primer lugar, por el contenido básico de la legislación electoral, la cual es propuesta por el Tribunal Electoral, el que siempre ha encontrado la forma de no presionar en profundidad por una verdadera democratización del país, aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada por el presidente de la República. Se trata de un sistema cerrado en el que los partidos políticos, que representan los intereses de los sectores económicamente dominantes, nombran a los magistrados y estos, a su vez, son los que proponen reformas electorales tibias y las administran en favor de los partidos. Esta es la esencia de la llamada partidocracia.
Una de las claves para entender todo esto está en la forma en que la legislación electoral estructura el financiamiento de las campañas electorales. Esta ha venido permitiendo que los fondos públicos se utilicen masivamente en apoyo a las candidaturas de los partidos políticos, mientras que, además, se consiente el no menos masivo financiamiento originado en las donaciones, es decir, la inversión de los grandes intereses económicos. Pese a que quienes administran el Tribunal Electoral no lo admiten, la reciente reforma electoral no ha corregido esto. El conjunto de la partidocracia podrá gozar en las próximas elecciones de un financiamiento público equivalente a 100 millones de dólares, cifra que supera en 37.0% a las inversiones públicas programadas durante el 2017 para el sector agropecuario, mientras que cada candidato a la presidencia podrá colectar hasta $10.0 millones en donaciones privadas.
Esta legislación, administrada por el Tribunal Electoral, permite el control directo de los sectores económicamente dominantes sobre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo e indirectamente sobre el Órgano Judicial. Esto da lugar a un manejo del Estado, que resulta corrupto en un sentido muy profundo, ya que este, en lugar de responder a los intereses del bien común, ha terminado sirviendo a los intereses de quienes hegemonizan del poder económico.
Esto se expresa de muchas maneras: una legislación acomodada a los grandes intereses económicos, la entrega de concesiones, la existencia de un sistema tributario regresivo, la falta de transparencia en las contrataciones públicas, la sistemática evasión de impuestos y de cuotas de la seguridad social, entre otras.
La corrupción abierta, en la que las donaciones privadas a las campañas políticas constituyen un elemento central, no se puede explicar si no se tiene en cuenta el sistema electoral vigente y la forma en que se administra. Es un modelo que por su lógica económica ha llevado al poder a los "hombres de negocio" y con ellos a la acumulación por desposesión de las arcas del Estado.
Economista
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