Rechazo
Sobre el nombramiento de las Magistradas
...debe ser parte del proceso, el aval de los distintos grupos civiles y políticos como verdadero medio de contrapeso. De todos depende si la Corte Suprema de Justicia se viste o no de los colores varelistas considerando que a esta administración le ha correspondido nombrar 4 magistrados y puede llegar a nombrar un quinto.
- Roberto Ogg Fábrega/[email protected]
- - Publicado: 15/1/2018 - 12:00 am
Es de conocimiento de todos que la facultad de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es propia y exclusiva del Presidente de la República, conforme a lo establecido en el artículo 200 de la Constitución Política. En diciembre del 2017 vencieron los periodos de los magistrados Jerónimo Mejía y Oydén Ortega, en consecuencia, correspondía al Ejecutivo proponer los candidatos para ejercer esta alta magistratura. En esta ocasión, fueron nombradas la licenciada Ana Lucrecia Tovar de Zarak y la fiscal Zuleyka Moore, lo que ha despertado la preocupación de la ciudadanía y causado disgusto en los distintos sectores de la sociedad panameña.
Por un lado, causa inquietud la propuesta hecha por el Presidente de nombrar a Ana Lucrecia Tovar de Zarak, esposa del exvice ministro de Economía y Finanzas Iván Zarak por su abierta afinidad política con el partido panameñista y Juan Carlos Varela. Han circulado en redes sociales, imágenes de la candidata a magistrada uniformada de pies a cabeza y pidiendo el voto -en su momento- por el candidato Varela. Entre los requisitos imprescindibles de un juzgador debe ser la imparcialidad, independencia, objetividad, de hecho, la disposición constitucional sugiere esto al establecer que el cargo es incompatible con toda participación política, pero la independencia y objetividad no puede reducirse al hecho de estar adscrito a un partido político o no, sino también, a la calidad y tipo de profesional. A mis luces, este nombramiento atentaría directamente contra nuestra Constitución Política. No cuestiono la capacidad o formación académica de la licenciada Tovar, pero es reprochable la pantomima que hoy nos intentan vender como algo ordinario, frecuente o normal. ¿Hasta cuándo el irrespeto a la población? Esta propuesta ha demostrado que los intereses personales priman sobre las necesidades de nuestro país. Algún día mencionó el desaparecido jurista Francesco Carnelutti: “Es preferible para un pueblo tener malas leyes con buenos jueces que buenas leyes, pero malos jueces” pero hemos corrido la suerte como país de quedarnos: “sin chicha ni limonada”.
Por otro lado, la segunda candidata propuesta por el Presidente fue la fiscal Zuleyka Moore, encargada de instruir importantes investigaciones que involucran a opositores políticos como lo son el exministro de Seguridad José Raúl Mulino y su viceministro Alejandro Garuz. Además, en diciembre del 2016 fue designada como parte del equipo que rastrearía los sobornos pagados por Odebrecht en Panamá donde ha sido fuertemente criticada y cuestionada por la constante aplicación de la detención preventiva. ¿Cómo puede la fiscal justificar la aplicación de esta radical medida en casos donde los involucrados se han presentado voluntariamente a declarar, presentado pruebas o en otros supuestos donde ienen medidas como comparecencia periódica a la fiscalía o impedimento de salida del país? Durante la estadía de esta señora en el Ministerio Público, la detención preventiva ha sido utilizada como un arma política para doblegar y torcer brazos opositores. Recordemos la dura crítica hecha por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos al mencionar que: “el abuso de la aplicación de esta medida representa el signo más evidente del fracaso de la administración de justicia y constituye un problema estructural e inaceptable de una sociedad democrática que respeta el derecho de toda persona de la presunción de inocencia.” Causa una real preocupación y atemoriza pensar que una profesional del derecho que no tiene mayor respeto a los derechos humanos llegue a ocupar esta silla en la máxima corporación de Justicia en la República de Panamá.
Aprovecho la coyuntura para reiterar lo urgente que representa para nuestro país una constituyente que tenga como finalidad robustecer el proceso de selección de los magistrados. La experiencia adquirida en este periodo presidencial nos ha demostrado que existen carencias graves que han contribuido a magnificar la crisis de justicia que hoy sufrimos. Los legisladores en su momento copiaron sistemas de nombramiento sin tomar en consideración que quizás no pudieran ser los más efectivos para nuestro país. Debemos entrar en el debate y discernir si estamos empleando la mejor forma de escoger a estos importantes juzgadores que con un plumazo pueden decidir sobre el futuro de Panamá. Requisitos como: imparcialidad comprobada, especialización en la rama que va a ejercer y solvencia moral deben ser exigidos con más rigor. Además, debe ser parte del proceso, el aval de los distintos grupos civiles y políticos como verdadero medio de contrapeso.
Como estudiante de Derecho, rechazo enérgicamente la propuesta del Órgano Ejecutivo y considero que, de ser ratificadas, empeorará la crisis que atravesamos. De paso, humildemente felicito a la bancada de los partidos Cambio Democrático, PRD y demás movimientos civiles organizados como estudiantes independientes que han alzado su voz en contra de la ratificación de estas dos abogadas como magistradas. De todos depende si la Corte Suprema de Justicia se viste o no de los colores varelistas considerando que a esta administración le ha correspondido nombrar 4 magistrados y puede llegar a nombrar un quinto. Por ahora, lo conocido como el “rechazo moral” de la ciudadanía representa la única forma de oponernos a esta situación.
Estudiante de Derecho.
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