Cambio a ley laboral desprotege a 60,000 servidores públicos
“A los 180,000 funcionarios de mi país, a partir de este momento, como presidente electo de la República de Panamá, yo seré uno más de ustedes. Tengan la seguridad de que vamos a trabajar en unidad para atender los problemas
“A los 180,000 funcionarios de mi país, a partir de este momento, como presidente electo de la República de Panamá, yo seré uno más de ustedes. Tengan la seguridad de que vamos a trabajar en unidad para atender los problemas
- Irma Rodríguez Reyes ([email protected])
- - Actualizado: 14/7/2014 - 07:44 am
- 2 años en adelante es el periodo en el que se consigue la estabilidad laboral.
- Aquí no están golpeando a ningún ministro, a ningún director, mucho menos a Martinelli, eso golpea al hombre de patio limoso, al hombre pobre, al funcionario que de a milagro come. Diputado Mario Miller
- 24,321 funcionarios fueron nombrados entre 2009 y 2012, según el registro de la Contraloría de la República.
Opinión
- Gabriel D’Annunzio Rosania - Abogado
- Mediante el Decreto Ejecutivo N.° 70 de 8 de julio de 2014, el Gobierno Nacional derogó el Decreto Ejecutivo N.° 52 de 26 de junio de 2014, que fue el que reglamentó el pago de las prestaciones a los servidores públicos que pertenecen al régimen de estabilidad laboral. El Decreto Ejecutivo N.° 70 de 8 de julio de 2014 tiene como espíritu subsanar la falta de viabilidad jurídica y económica que tenía el Decreto Ejecutivo N.° 52 de 26 de junio de 2014 en cuanto a la inmediatez de los pagos de esas prestaciones, sin embargo, su derogatoria genera un debate sobre su constitucionalidad y observancia de los derechos humanos porque estamos frente a derechos adquiridos, en materia laboral, reconocidos a favor de todos los funcionarios, que no pueden ser eliminados, ni desconocidos, ni menoscabados. Exhorto al presidente Juan Carlos Varela y a su equipo de trabajo a que analicen la situación. A mi juicio, debe devolverse la vida jurídica al Decreto Ejecutivo N.° 52 de 26 de junio de 2014 y modificarlo en el sentido de que se le dé la coherencia jurídica y económica que le hacía falta. La ocasión es propicia para mencionar que toda esta coyuntura gira en torno a una práctica histórica de la administración pública, que debe ser corregida, que consiste en que muchos funcionarios, cuando se retiran de la administración pública (por renuncia o destitución), tienen que esperar mucho tiempo (hasta años) para que les paguen las prestaciones a las que tienen derecho.
En la mira
- 39 Ley de 2013 que establece indemnizaciones.
- 127 Ley aprobada durante el gobierno anterior que crea el régimen de estabilidad laboral.
Los compromisos públicos del presidente Juan Carlos Varela
- Frases pronunciadas después de su victoria el pasado 4 de mayo.
- Panameñas y panameños: Vienen mejores días para nuestro país. La contienda quedó atrás. Todas las autoridades electas tienen una responsabilidad con sus comunidades y nuestro gobierno trabajará con todos ustedes, sin importar a qué partido pertenecen, para servir a la población. En este momento, convoco a todos los sectores sociales, gremiales y políticos a nivel nacional. A los 180,000 funcionarios públicos, les reitero que soy uno más de ustedes y les pido que trabajemos juntos para transformar Panamá y hacer realidad las propuestas de nuestro plan de gobierno, con vocación de servicio y visión de Estado./Extracto del discurso del presidente Juan Carlos Varela durante el acto de toma de posesión.
- Les digo a los funcionarios que estén tranquilos, queremos su estabilidad, yo seré uno más de ustedes, gobernar para servir. / Tuit del presidente Juan Carlos Varela
“A los 180,000 funcionarios de mi país, a partir de este momento, como presidente electo de la República de Panamá, yo seré uno más de ustedes. Tengan la seguridad de que vamos a trabajar en unidad para atender los problemas que enfrenta el pueblo panameño y más nunca en este país nadie va humillar a un funcionario porque ustedes se ganan la vida trabajando en una forma decente y honesta, y estamos aquí para atender al pueblo”.
Con estas palabras, al calor de la victoria electoral, el presidente Juan Carlos Varela prometió olvidarse de las banderías políticas y alabó el trabajo de los servidores públicos. Sin embargo, dos meses después, cerca de 60,000 funcionarios viven en la incertidumbre, luego de que el gobernante firmó el Decreto Ejecutivo 70, que elimina el pago de indemnizaciones inmediatas a los funcionarios que sean destituidos de sus cargos sin causas justificadas.
El temor se generaliza porque la norma abre la puerta para que el actual gobierno destituya a funcionarios, a quienes los aferraba al cargo una indemnización que, para muchos, difícilmente podría pagar el Estado, sobre todo si se trata de unos 60,000 servidores públicos.
Pese a que en un tuit el presidente Varela les dijo a los funcionarios que estuvieran tranquilos y que quería su estabilidad en el engranaje gubernamental, la zozobra de cada cinco años, con la entrada de un nuevo gobierno, continúa, e incluso, en las huestes oficialistas se abrió el compás para realizar otras modificaciones al marco legal que rige el trabajo en el sector público. En las filas de la bancada del Partido Panameñista se planteó la posibilidad de prohibir la inscripción de funcionarios en partidos políticos. Los entendidos en esta materia laboral no descartan que se ensaye la modificación de la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013.
A quien no sorprenden estas intenciones del nuevo gobierno es al dirigente de la Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Públicos (Fenasep), Alfredo Berrocal.
Para Berrocal, el tema de la regulación de los cargos públicos es un problema reiterativo, como “un negocio de grandes ligas”.
“Está comprobado históricamente que hay una situación de despidos masivos, porque en vez de aplicarse los criterios de la ley de 1994 para la selección y reclutamiento del recurso humano, se aplica el anacronismo del clientelismo”, expresó.
Aunque Berrocal no establece una cifra de posibles afectados en esta ocasión por los despidos masivos, el diputado Mario Miller, de la bancada de Cambio Democrático, estima que las destituciones serán de entre 40,000 y 60,000 servidores públicos que no gozan de una estabilidad laboral.
“Aquí no están golpeando a ningún ministro, a ningún director, mucho menos a Martinelli, eso golpea al hombre pobre, al funcionario que de a milagro come”, manifestó el diputado opositor.
Además advirtió que estos despidos masivos pueden iniciarse dentro de poco tiempo, cuando la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional sea instalada y se proceda a la ratificación de los nuevos directivos o jefes de las diferentes entidades estatales.
Aunque el gobierno de Varela sustentó la decisión de eliminar la indemnización inmediata con el argumento de que se pone en riesgo la administración pública, Berrocal asegura que esta no es más que la respuesta de un manejo político electoral y que ninguna administración ha sabido dar el tratamiento que merece este tema.
Prática de vieja data
Durante la gestión de la expresidenta Mireya Moscoso, los registros de denuncias hechas por la Fenasep establecen que fueron destituidas unas 11,000 personas.
En el gobierno del expresidente Martín Torrijos se calcularon en 39,000 los despidos, y en la gestión más reciente, la del exmandatario Ricardo Martinelli, Fenasep denunció el despido masivo de unos 35,000 funcionarios.
Planilla creciente
El número de empleados públicos, que aumenta cada año, puede echar por tierra la hipótesis de los mandatarios, que indican que se requiere proteger el presupuesto estatal. Por ejemplo, en 1999, cuando se inició el gobierno de Moscoso, la planilla se contabilizó en 150,439 y al salir de su gestión en 2004, la cifra ascendió a 183,707 servidores públicos.
El mismo fenómeno se dio durante el mandato de Torrijos. La Contraloría reveló que de los 183,707 funcionarios que había en 2004, la planilla estatal se elevó en 2009 a 205,671, un incremento de más de 21,000 contrataciones.
Mientras, para el periodo más reciente, la Contraloría registra que al cierre de 2012, la planilla estatal ya cuenta con 230,002 personas, una cantidad similar a la que Fenasep asegura es el total de despidos de los últimos gobiernos.
Durante la última gestión gubernamental se elevaron algunas dependencias a autoridad o se crearon otras dependencias, lo que requería de mayor personal.
Así mismo como se aumentó la cantidad de empleados públicos, se incrementó con el paso del tiempo el peso de estos salarios para el erario, ya que también se registraron aumentos salariales. Desde 2008 hasta 2011 se estima que el concepto de pagos en salario se incrementó en 50 millones de dólares. En 2008, el salario de los servidores públicos se calculó en 149,114,225 dólares y para 2011 la cifra se elevó a 198,051,469 dólares.
Estas cifras probablemente continuarían en ascenso en caso de que el actual gobierno decida implementar algunos de sus planes expuestos durante la pasada campaña política, entre estos elevar algunas dependencias a rangos ministeriales, como la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).
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