Ciudadanos desconfían del sistema de justicia

El sistema de justicia panameño no solo ha sido puesto en entredicho durante procesos de alto perfil político, sino también en casos que tocan a ciudadanos comunes.

Y es que la liberación de personas durante un proceso judicial, que han sido acusadas de un delito, ha generado desconfianza y cierto temor entre la población.

Prueba de ello fue el reciente asalto del que fue víctima el dirigente político Ramiro Vásquez Chambonnet, quien fue atacado por malhechores dentro de su hogar durante la madrugada de ayer.

En entrevista difundida a través de redes sociales, Vásquez Chambonnet contó que cuando el hecho se dio, las autoridades policiales le hicieron saber que ellos ya sabían quiénes eran los asaltantes, pues estos habían sido capturados hace 15 días, sin embargo, "los tribunales los soltaron".

Al conocer esta información, el dirigente político consideró que no sería necesario presentar ningún tipo de denuncia.

"Yo no voy a presentar nada, para qué... muchas de estas cosas se dan y la gente no las reporta", expresó con pesar.

Al ser consultado, el criminólogo Marcos Álvarez aseguró que la ciudadanía ha perdido la confianza en el sistema porque, a su juicio, el país está secuestrado y "los corruptos, violentos y delincuentes" son los que están imponiendo el sello de cómo debe operar la justicia.'

Vaticinan una vorágine social en el país, ante la ola de inseguridad

Los constantes hechos delictivos que ocurren en el país mantienen a la población en estado de alerta.

De acuerdo con el propio presidente de la República, Juan Carlos Varela, los fondos provenientes del tráfico de drogas, cuya producción se ha triplicado en los países de la región, son los responsables de más de 70% de la situación de inseguridad del país, porque el dinero está alimentando a las pandillas y bandas juveniles en áreas de riesgo social.

Para el criminólogo Marcos Álvarez, los niveles de criminalidad que vive Panamá indican que el cuerpo social presenta “un estado de coma”, lo que pone en peligro a todos los ciudadanos, pues, los malhechores están desbordando su peligrosidad y saña.

Álvarez consideró que esta situación va a empeorar, porque se está viendo crecer a una población de jóvenes que nace y vive en riesgo social. Además, cree que se han perdido los controles sociales entre los actores que deben velar por el orden y la ley.

"Eso sucede cuando la impunidad reina y no hay certeza del castigo", añadió.

El jurista Ernesto Cedeño admitió que muchas personas no presentan las denuncias porque sienten que el sistema no está funcionando, pues las autoridades son lentas o se recaban mal las pruebas y se absuelve a personas que no deberían ser puestas en libertad.

Precisamente, la abogada Edna Ramos consideró que tanto los que recogen evidencias, como la Policía están fallando, porque en el caso de esta última, ya no está cumpliendo una función preventiva, sino que se está ocupando en investigar cuando no está especializada en ello.

"Como no están preparados para investigar, es posible que no se preserven las evidencias correctamente para que las autoridades puedan hacer cargos", detalló.

De hecho, a su juicio, el Sistema Penal Acusatorio (SPA) ha generado que el Ministerio Público (MP) se haya convertido en el "ente soberano de la impunidad del delito", aunque Ramos dejó claro que se trata de una cadena y que el problema proviene desde el que está en contacto con la escena de un delito.

Para el también abogado y presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Dionicio Rodríguez, muchas veces solo se culpa al SPA, cuando se trata de todo un engranaje que debe asumir sus responsabilidades.

"Hay que culpar a las diferentes partes procesales que no hacen bien su trabajo", recordó.

El caso de Vásquez Chambonnet no fue el único reciente. A este caso se le suma una balacera en Veracruz que dejó un muerto, el asesinato de un taxista, dos asesinados en Torrijos Carter, y una persecución tras una presunta balacera en Vía España.

El dirigente de CD, Riccardo Francolini, dijo que hay una política de seguridad improvisada.