Comercios aplican plan de racionamiento de productos
La aplicación del control de precios en 22 productos de la canasta básica de alimentos enfrenta su primer escollo y afecta directamente a los consumidores.
La aplicación del control de precios en 22 productos de la canasta básica de alimentos enfrenta su primer escollo y afecta directamente a los consumidores.
- Gilberto Soto ([email protected])
- - Actualizado: 09/7/2014 - 08:57 am
- 2 días de vigencia lleva el Decreto Ejecutivo sobre el control de precios.
Opinión
- Fue una reunión muy cordial. Al finalizar, nuestra Comisión Técnica llevó las inquietudes que hemos recibido de la membresía sobre el decreto de control de precios. José Luis Ford - Presidente de la CCIAP
Opinión
- Si el productor recibe apoyo de parte del Gobierno para aumentar su producción, no habrá ningún impacto negativo, pero si el productor no recibe apoyo, definitivamente que la situación no solo seguirá igual, sino que va a empeorar, porque habrá desánimo y la producción bajará. Carlos Santamach - Productor de Arroz en Chiriquí
Consumidores sujetos a los controles de los comercios
- Las tiendas controlan el ingreso y venta de productos.
La aplicación del control de precios en 22 productos de la canasta básica de alimentos enfrenta su primer escollo y afecta directamente a los consumidores.
Se trata de la venta racionada de dichos productos. Es decir, cada consumidor solo podrá llevar cantidades fijas -tanto en kilos como en unidades- establecidas por una de las principales cadenas de supermercado.
El grupo Rey no solo se adelantó a aplicar el control de precios desde el pasado viernes, sino que también tomó la delantera en la venta limitada de dichos productos a sus clientes.
El ejercicio, que se aplica desde ayer en la cadena de supermercados, según la gerente de mercadeo y asuntos corporativos del grupo Rey, Rita Gutiérrez, cuenta con el visto bueno de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
El amparo está en que el decreto en sus diez artículos no contempla como ilegal la posibilidad de racionar o condicionar la venta de los productos controlados.
Alegan que se trata de medidas para evitar el “juegavivo” y, en otros casos, para amortiguar los márgenes en las pérdidas.
“El decreto va enfocado al bienestar de las familias, y desde que aplicamos los precios controlados hemos observado que comerciantes, en su mayoría asiáticos, hacen compras en grandes cantidades, y de allí surge nuestra inquietud. Queremos evitar el ‘juegavivo’ de algunos que están desvirtuando el sentido de la medida”, dijo Gutiérrez.
Aunque la práctica va a discreción del establecimiento comercial, Gutiérrez detalló que en la cadena que representa solo se podrán adquirir dos unidades de los productos controlados y dos kilos (carnes, tomate, cebolla, papa) por consumidor en cada uno de los 22 casos.
“Estamos dispuestos a apoyar al Gobierno, pero que llegue a las personas que realmente lo necesitan. Racionar es la única manera de garantizar de que todos se beneficien. Hay muchos casos de personas que compran al por mayor para negocios de fonda y eso no es legal porque al final tampoco se transfiere a los consumidores”, agregó.
Hasta ayer, el grupo Rey era el único comercio que anunció públicamente el racionamiento de los productos como forma de control contra los acaparadores.
En el caso del arroz, los consumidores solo podrán llevar diez libras y de los huevos, dos docenas.
A los representantes de los gremios empresariales no les extraña la decisión, porque según dicen “no caen en ninguna ilegalidad”.
El Decreto 165 solo contempla sanciones por el incumplimiento. Le pide a los comercios ofertar una de las marcas en cada uno de los 22 productos con precios controlados y en caso de que se registren aumentos en la producción e insumos, hasta tienen la posibilidad de que se informe a la Comisión de Ajuste para que accedan a aumentarlos por encima de lo establecido.
Rechazo
El control comercial de inmediato provocó rechazo en los consumidores que de un golpe tumbaron los argumentos planteados por los agentes económicos.
Yakarta Ríos, abogada y presidenta de la Asociación de Consumo Ético, ilustró la ilegalidad en la Constitución Nacional, en la que se identifica como delito la restricción de productos y las prácticas monopolísticas de los comercios.
Ríos se refiere al artículo 295, que establece que “es prohibido en el comercio y en la industria toda combinación, contrato o acción, cualquiera que tienda a restringir o a imposibilitar el libre comercio y la competencia y que tenga efectos de monopolio en perjuicio del público”.
A juicio de Ríos, son las autoridades -en este caso la Acodeco- las facultadas para asumir posiciones de control en el mercado en caso de que sea necesario y aplicar las sanciones correspondientes, “pero no a los comerciantes, quienes siempre doblegarán las prácticas comerciales a sus ganancias personales”.
El economista Juan Jované adujo que las prácticas comerciales que se asoman son producto de la improvisación. “Lo que nace mal crece mal. Eso y mucho más puede venir en el camino porque el decreto no se blindó lo suficiente”, dijo.
Dentro de los cabos sueltos está que los comerciantes no están obligados a despachar los productos que indica el Decreto 165 y tampoco incluye sanciones para quienes opten por controlar las ventas.
Sin embargo, advierte que de racionarse la venta se cae en una ilegalidad porque va en contra del principio de control de precios de la canasta básica. “El consumidor compra lo que quiere, donde quiere y en la cantidad que puede”, concluyó.
A Severo Sousa, expresidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, no le parece una medida descabellada, sobre todo si el decreto no se refiere al control en la venta. Por el contrario, afirma que podría ser una alternativa para frenar a los acaparadores.
Los comerciantes llevaron el tema al primer acercamiento que tuvo ayer la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) con el ministro de Comercio e Industrias, Melitón Arrocha.
Al cierre de la reunión y a modo de respaldo, José Luis Ford, presidente de la CCIAP, justificó la medida en que “los comercios ven a muchas personas que se están aprovechando para lucrar con una medida que fue establecida para que la ciudadanía sienta la compensación social en la canasta básica”.
En la reunión se acordó un nuevo encuentro para debatir el impacto del decreto en el sector empresarial, aglutinado en la CCIAP.
Pedro Meilán, administrador de la Acodeco, se quedó sin argumentos ante los primeras secuelas de la aplicación del decreto.
Confirmó que no existe nada en firme que indique que los comerciantes están cayendo en una ilegalidad como lo plantean los consumidores. “Nos toca aplicar sanciones en caso de que el agente no cumpla con la ley, y es que despachen una variedad de los 22 productos que se fijaron en la lista como de mayor consumo”, dijo.
El ministro Arrocha prefirió no entrar en el debate de la especulación y se inclina por los resultados que arroje la primera semana de entrada en vigencia el decreto. “Estamos en la adecuación y acoplamiento por parte de los comercios y de los consumidores”, dijo.
Apuesta porque se elimine el “juegavivo” y se hagan ajustes para evitar molestias.
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