Congreso indígena pide renegociar Barro Blanco
El Gobierno Nacional no tomó en cuenta que para la firma de un acuerdo sobre la ejecución del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, en...
- J. Morales/ M. Madrid/[email protected]/@PanamaAmerica
- - Publicado: 21/9/2016 - 12:00 am
El Gobierno Nacional no tomó en cuenta que para la firma de un acuerdo sobre la ejecución del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, en la comarca indígena Ngäbe- Buglé, primero se requería la aprobación del Congreso General, y pasó por encima de la opinión del pueblo, que es representada por unos 300 delegados.
Las equivocaciones del equipo de trabajo del presidente Juan Carlos Varela, quien el pasado 22 de agosto acudió personalmente a la comarca indígena para la firma del acuerdo que pondría fin al conflicto, podría retrasar aún más las negociaciones que se venían elaborando.
Al concluir con la firma, el presidente Varela dio por hecho que ya existía un acuerdo con el pueblo originario, promocionado por figuras como la canciller Isabel De Saint Malo, el viceministro de Asuntos indígenas, Irene Gallegos, y la cacica, destituida, Silvia Carrera.
Sin embargo, este fin de semana trascendió que existe oposición a las disposiciones del Gobierno enmarcadas en el documento, por parte del Congreso General Ngäbe-Buglé, el cual efectuó una votación secreta donde participaron 145 delegados, y 76 optaron por no acoger el acuerdo firmado por el presidente Varela y Carrera.
Ante este revés en las negociaciones, la Cancillería pidió a los dirigentes "buscar una salida dialogada, que cumpliera su responsabilidad de garantizar la seguridad jurídica".
También alegando que no habían sido notificados mediante comunicación oficial en torno a la consideración del Congreso Ngäbe.
Incluso la canciller De Saint Malo restó importancia a la votación, aduciendo que son 300 delegados los que se encuentran habilitados para efectuar una votación, y no los 145 que participaron.'
Congreso nombró una comisión de alto nivel para retomar el diálogo
La creación de un comité para evaluar si se trabaja sobre la base de un acuerdo que ya fue diseñado para la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, en la comarca Ngäbe-Buglé, requiere de una respuesta del Gobierno Nacional.
Ayer, los dirigentes indígenas plantearon que la rapidez con que se llegue a un feliz término, dependerá de la disposición del Gobierno para sentarse a negociar.
No obstante, los procesos agotados por la administración del presidente Juan Carlos Varela podrían comprometer una nueva negociación en este conflicto.
Incluso con la decisión del Congreso general de no avalar el acuerdo firmado el 22 de agosto pasado, expertos afirman que el presidente está en la potestad de hacer valer lo acordado en esa fecha, sin embargo, los representantes originarios se han acogido a la Ley 22, que rige la comarca.
Claves
22 de agosto se firmó el acuerdo que no fue consensuado en el Congreso General Ngäbe-Buglé.
76 de los delegados del Congreso votaron en contra de acoger el acuerdo de Barro Blanco.
Por su parte, el presidente Varela ha aducido que "unos 15 indígenas de Llano Tugrí", son las personas que se han opuesto a la firma del documento, sin embargo, los representantes indígenas han asegurado que la mayoría de la población se opone a este acuerdo, porque no se esclarecen los beneficios reales del proyecto.
Pese a esto, el presidente Varela ha mantenido un discurso de que esta posición no guarda relación con la negociación: "el tema de Barro Blanco no era el motivo central de las protestas, sino los intereses políticos (...)".
Entre tanto, Genaro Smith, quien asumió como cacique general, en reemplazo de Silvia Carrera, explicó que el Congreso General decidió abolir el acuerdo firmado entre Silvia Carrera y el presidente Juan Carlos Varela para nombrar una nueva comisión que sea la encargada de negociar un nuevo acuerdo.
Destacó que no se estuvo conforme porque la firma de un acuerdo debe llevar la aprobación de los representantes indígenas, y si se está a favor de la propuesta del Estado para la puesta en marcha del proyecto.
"Simplemente queremos hacer un trabajo en beneficio de la comunidad; este proyecto está hecho y no podemos ir en contra, pero la gente de la comarca debe saber cuáles son los beneficios que va a recibir y tienen que estar conscientes de qué tipo de proyectos se van a crear en sus corregimientos", planteó.
Agregó también que la decisión final no está a cargo de una autoridad como lo fue la excacica Silvia Carrera, pues la ley señala que el máximo organismo encargado de la toma de decisiones es el Congreso General, compuesto por los 300 delegados, que representan al pueblo.
"La ley dice que el Pleno es el que aprueba, para que ese proyecto se avale; ese acuerdo de Silvia Carrera y el presidente no es viable y por eso lo tiramos abajo", sostuvo.
Por su parte, el secretario del Congreso General, Raimundo Palacios, explicó que, a pesar de que al Gobierno no le gustó la decisión de no ratificar el acuerdo, por parte del Pleno, "la vamos a defender".
Indicó que para ello se han conformado tres comisiones integradas por nueve miembros que representan las tres áreas indígenas, y donde se ha planteado como una de las opciones revisar el acuerdo que fue firmado entre el presidente y Silvia Carrera, para lo cual se propondría menos de un mes para presentar sus informes.
En este mismo tema, el dirigente del Movimiento 10 de Abril, Ricardo Miranda, explicó que la convocatoria del Pleno fue anular el acuerdo, y no se trata de un grupo minúsculo, pues las decisiones tomadas deben ser acatadas por sus miembros.
"Ese acuerdo firmado al único que beneficia es a tres gatos de la oligarquía de este país, que se han camuflajeado de asesores de la excacica Silvia Carrera; al anularse, debe procederse a reabrir las compuertas de la hidroeléctrica, debe ser paralizado", señaló.
Afirmó que existe conocimiento sobre la distribución de dinero a personas para que se firmara el acuerdo.
"Definitivamente, el Gobierno de Juan Carlos Varela se ha caracterizado por comprar a los líderes; él no puede venir a decir que la decisión del Congreso no vale, porque para unas cosas sí ha valido; es un parlamento indígena independiente y autónomo", afirmó.
Por su parte, Weni Bagama, activista indígena de la comarca Ngäbe-Buglé, calificó de irrespetuoso el argumento de las autoridades sobre que no existió el quórum que se necesitaba para desaprobar el acuerdo firmado por el presidente Juan Carlos Varela.
Dijo en Telemetro que la gran división que existe en la comarca ha sido creada por el Gobierno, y el único que ha perdido es esta administración, la cual llegó a firmar un documento sin consensuar a la población.
Incluso que la cacica Silvia Carrera tiene antecedentes de haber sido destituida por extralimitación de funciones y tener beneficios por parte del Gobierno. "Esta decisión del pueblo Ngäbe-Buglé se respeta, si se toma una decisión aquí, en la ciudad se respeta", alegó.
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