Demandas de contratistas amenazan erario público
Las demandas contra el Estado panameño, que podrían presentarse por parte de contratistas de obras paralizadas por el gob...
- Jason Morales Valdés/[email protected]/@JasonMoralesV
- - Publicado: 11/5/2016 - 12:00 am
Las demandas contra el Estado panameño, que podrían presentarse por parte de contratistas de obras paralizadas por el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, terminaría aumentando el gasto que tiene el país en materia de inversión.
La Procuraduría General de la Administración estaría al frente de las demandas que podrían ser presentadas una vez empresarios que han detenido los trabajos en infraestructuras -cuya inversión pública es de casi 1,500 millones de dólares- así lo decidan.
El procurador general de la administración, Rigoberto González Montenegro, ha lanzado advertencias ante las demandas contra el Estado que representan pérdidas de "mucho dinero" al erario público.
El procurador reveló que hasta ahora las demandas que se tramitan contra el Estado panameño rondan los $100 millones de dólares, en relación con daños ocasionados a terceras personas y el mal funcionamiento de las instituciones públicas.
Aunque muchas de estas demandas están en litigio, González Montenegro instruyó que Panamá no estaría obligado a pagar, pues debe "pasar por todo un proceso".
En los últimos años, la Procuraduría de la Administración solo ha logrado salvar $40 millones en demandas contra el Estado.
Admiten riesgo
Aun funcionarios de la administración del presidente Juan Carlos Varela han admitido el riesgo que representa para la economía del país este tipo de demandas para el Estado.'
Martinelli reta al presidente para que juegue su rol
El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli pidió a la Asamblea Nacional jugar su rol de fiscalizador para que el presidente haga cumplir las promesas que hizo en campaña electoral.
“Le conviene a la "democracia" panameña y al país que el 1 de julio, la oposición controle la Asamblea y haya contrapeso a desaciertos del Gobierno”, posteó en Twitter el exmandatario.
El llamado del expresidente se produce frente a la gestión del presidente Varela que ha insistido en la promoción de proyectos habitacionales.
Varela entregó ayer una orden de proceder para la eliminación de barracas en Calidonia, con una solución habitacional de 40 casas.
Sin embargo, se mantienen detenidos unos 25 megaproyectos dirigidos a la salud, la educación y el deporte. Solo en Chiriquí hay detenidos cerca de 2 millones de dólares en fondos para la remodelación de escuelas de distritos de Barú, Alanje y Boquerón.
Claves
18 meses llevan algunos proyectos detenidos por procesos judiciales.
1,500 millones de dólares sería el monto aproximado de la inversión que está detenida.
En las redes sociales se ha repudiado la decisión de paralizar importantes proyectos de interés social.
@CristobalSilva3: El presidente Varela dice que vino a transformar el país y no a destruirlo. Hasta ahora lo que el pueblo ve es la destrucción de un país que venía próspero.
@chelo0202: Deja podrir las obras que es plata de todos. Varela no perjudica a Martinelli, daña al panameño.
@79a77b4c6caf4d5: Lástima ver los estacionamientos de la J.J. Vallarino desmoronarse.
@JuventudCD87: Como va #Varela no va a lograr ni terminar obras que ya @rmartinelli le había dejado listas, menos propias.
@GustavoRusnak: Totalmente de acuerdo, no estoy ni con Martinelli ni en contra de Varela, pero a los 18 meses, Martinelli andaba.
@Sin_Pepas: Lentitud, justicia selectiva, el país al borde del abismo (...) El gobierno de la familia Varela esta destruyendo Panamá.
@gregabrego: El país está adentrándose en un rumbo de lentitud y estancamiento. ¿Dónde está Varela? ¿Dónde?
El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, manifestó su preocupación, porque deberán hacerle frente a sumas que superan los 30 millones de dólares, producto de procesos que condenan al Estado panameño.
Panamá América intentó conocer la cantidad de denuncias tramitadas por la Fiscalía Superior Especializada en Asuntos Civiles, adscrita a la Procuraduría General de la Nación, pero no hubo respuesta al cierre de esta nota.
Las condenas sopesan el accionar jurídico del Gobierno y la labor de la Contraloría General de la República, que no ha podido demostrar, a través de sus auditorías, las acusaciones de ministros y otros funcionarios que han denunciado sobrecostos en proyectos ejecutados por la administración pasada, lo que ha causado la paralización de las obras.
Incluso, frente a la advertencia de juristas y expertos sobre las posibles demandas de contratistas, y el retraso por más de un año de obras dedicadas a atender problemas como salud y vivienda.
Exfuncionarios que han sido involucrados en procesos judiciales acusaron al contralor general Federico Humbert de actuar en complicidad con fiscales para acatar órdenes del Ejecutivo.
En este sentido, el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima afirmó que a la fecha no conoce que la Contraloría haya logrado comprobar sobrecostos de obras como ha denunciado el Gobierno.
De Lima señaló que la función de la Contraloría es fiscalizar el uso de los fondos públicos, y depende de la entidad determinar si existen o no sobrecostos, pero al paralizarse una obra, se generan costos adicionales.
"Por obligación contractual, los contratistas deben mantener sus equipos administrativos en pausa y eso lo tiene que pagar alguien, porque si la decisión fue del Gobierno, es este el que cubre el costo adicional", afirmó De Lima.
El exministro sostuvo que proyectos como la Ciudad de la Salud llevan más de año y medio detenidos y eso genera un costo mensual que en su momento deberá pagar la Caja de Seguro Social (CSS).
Y es que en julio del año pasado, el director de la CSS, Estivenson Girón, entregó al contralor Federico Humbert un informe de auditoría del proyecto Ciudad Hospitalaria, sin embargo, no se han presentado denuncias a los contratos de esta obra.
Incluso, afirmó que en casos en los que se investigan fondos del entonces Programa de Ayuda Nacional (PAN) no se ha logrado llevar a un juicio que demuestre los sobrecostos.
En este sentido, el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino criticó que se siga causando una lesión patrimonial al país por conflicto político.
"Allí están las obras -iniciadas por la administración anterior- pudriéndose. Ahora nadie inaugura nada, y esto nos va a costar el doble; eso lo va a pagar alguien. No puede ser que se le causen estas lesiones patrimoniales al Estado, tenemos que seguir exigiendo cambios", afirmó el exfuncionario.
Y es que en provincias donde existen poblaciones marginadas como Bocas del Toro y las comarcas indígenas, existen profundas carencias de servicios básicos como agua, salud, y educación.
Para el representante del partido en formación, Frente Amplio por la Democracia (FAD), Fernando Cebamanos, el Gobierno no solo ha abandonado las obras, sino la solución de problemas básicos.
Cebamanos planteó que incluso existe un problema mayor que es la falta de empleos dignos.
"Los problemas van a ser cada vez mayores y, sobre todo, para los sectores más humildes y van a agravarse; menos salarios dignos y puede acrecentarse con los últimos escándalos"; subrayó.
Pese a lamentarse de esto, obras importantes como los Minsa Capsi, hospitales, y mercados libres se mantienen detenidas.
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