Paro en el transporte, respuesta al aumento de multas propuesto por Varela
- Jason Morales Valdés
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- - Actualizado: 18/10/2017 - 05:10 am
Lejos de aliviar el problema del transporte en Panamá, el anuncio del Gobierno Nacional de poner en práctica medidas como multar a los conductores de buses "diablos rojos", podría agudizar más la crisis existente, cuando ayer más grupos de transportistas anunciaron que se sumarán al llamado a paro convocado para el próximo miércoles 25 de octubre.
En este sentido, el presidente de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra), Dionisio Ortega, indicó que el paro nacional incluye buses, taxis, colegiales y camioneros.
El representante de los transportistas adujo que todo funcionario solo puede hacer lo que la ley le permite y "la ley dice que el metrobús solo puede operar en la ciudad de Panamá y San Miguelito".
Ante esto, detalló que para la próxima semana todas las modalidades de buses, taxis, colegiales, turismo, cargas y camioneros se abocarán a un paro.
Incluso informó que la medida estará respaldada por la dirigencia del Consejo de Transporte del Interior (Cotradin).
Alternativa
La reacción de los transportistas se produce frente al nuevo Plan Maestro de Movilidad Urbana, que regula el uso de los 'diablos rojos', los metrobuses, e incorpora nuevos vagones al Metro de Panamá.
Para tratar de responder a las críticas de la ciudadanía, el Gobierno ha invertido millones de dólares en la compra de buses para abastecer el transporte público de la ciudad capital, vagones para el Metro de Panamá, y la habilitación de los carriles exclusivos para los buses en los corredores.'
Presidente J.C. Varela anuncia que legalizará operación de plataformas
Un nuevo reglamento para las plataformas digitales de transporte sería presentado en las próximas semanas, anunció ayer el presidente de la República, Juan Carlos Varela, pero sin especificar fecha.
Se trata de aplicaciones digitales como Uber y Cabify, que reciben el apoyo del presidente con la promesa de que “muy pronto” se firmará una reglamentación.
Ello, luego de haberse publicado mediante decreto otras modificaciones al Reglamento del Tránsito, con multas que van de $1,000 a $5,000 y dos años de suspensión de la licencia para dueños de “diablos rojos” que operen ilegalmente.
Sin embargo, en los últimos meses la queja de los conductores de taxis ha venido a poner presión sobre el Gobierno, el cual no ha logrado presentar una propuesta que permita poner fin al conflicto.
El presidente Varela ha reconocido que se niega a prohibir el uso de plataformas porque, según él, “no representan ningún tipo de competencia”, porque se trata de un servicio “más exclusivo”.
Sin embargo, la queja de los ciudadanos ha persistido en los últimos meses y con ello, la amenaza de grupos transportistas que se han abocado al cierre de vías.
También, se ha criticado el papel del director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Julio González, quien no se ha mostrado en los momentos más críticos, cuando lo ha exigido la ciudadanía.
"El transporte está secuestrado por los transportistas".
A juicio del exdirector de la ATTT, Carlos Harris, se trata de una situación muy compleja porque la institución que vela por el transporte se encuentra secuestrada por grupos de transportistas.
Harris sostiene que el Gobierno "no podrá hacer lo que le da la gana", sino lo que los transportistas quieren, y considera que el anuncio de una acción de protesta se produce por el respaldo que reciben de los dueños de buses.
Explica que en el negocio de los diablos rojos y busitos piratas, hay metidos "diputados, miembros de la Policía, y funcionarios del Gobierno, todos con muchos intereses".
Sostuvo que la vieja mafia del transporte no ha desaparecido como muchos piensan, pues para realmente aliviar el problema, se debe "gobernar con seriedad y manejar las cosas dentro de la ley".
A su juicio, no debe haber un director del Tránsito que siga directrices de los transportistas y sus socios.
El defensor de los usuarios, Víctor Martínez, explicó que en este problema siempre el principal afectado es el usuario, y cuando trajeron a Mi Bus se compensó a los diablos rojos "hubo irregularidades con esos pagos, porque han seguido operando".
Afirma que "por la mala prestación de Mi Bus, aparecieron los buses piratas, y con base en la necesidad de los usuarios" y, por lo tanto, esta "administración de la ATTT lo terminó de profundizar".
El defensor de los usuarios recuerda que en algún momento se dijo que se le iban a poner gobernadores a los busitos piratas, pero actualmente no tienen permisos oficiales.
"Es un negocio redondo en perjuicio de la necesidad del pueblo", criticó el jurista, quien plantea que sus verdaderos dueños son "extranjeros, exdiputados, diputados, miembros de la Policía, exfuncionarios de la ATTT; es un negocio muy grande que produce por semana de dos a tres millones de dólares", apuntó.
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