Presentarán una segunda denuncia contra Porcell
Una segunda denuncia penal por abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos en contra de la procuradora Kenia Porcell será ...
Una segunda denuncia penal por abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos en contra de la procuradora Kenia Porcell será ...
- Redacción ([email protected])
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- @PanamaAmerica
- - Publicado: 09/10/2015 - 12:00 am
Una segunda denuncia penal por abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos en contra de la procuradora Kenia Porcell será interpuesta en la Procuraduría de la Administración por el abogado Ronier Ortiz.
Ortiz, en calidad de víctima, afirma que fue agraviado por la Procuraduría de la Nación cuando, mediante una nota, le negó el acceso a un expediente en el cual él actúa como parte querellante.
El jurista presentó una denuncia en contra de Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia, y del secretario del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Rolando López, por presunto espionaje telefónico.
Se queja de que la procuradora Kenia Porcell le impidió el acceso al citado expediente con el argumento de la reserva del sumario, pero a la Alianza Ciudadana Pro Justicia le permite hacer "control jurisdiccional" de las sumarias.
Ortiz sustenta su acusación en el Código Judicial y el Código Procesal Penal, que en sus procedimientos penales no establecen prohibiciones a ningún abogado para tener acceso a los expedientes.
Esta será la segunda denuncia penal en contra de Porcell en menos de una semana, luego de que la funcionaria reconociera públicamente que le permite a la Alianza Pro Justicia revisar expedientes y auditar la actuación de los fiscales.
Presiones a la justicia'
Datos
3 de enero de 2015, Kenia Porcell de Alvarado tomó posesión como procuradora.
5 de octubre, Porcell reveló en TVN-2 que la Alianza revisaba expedientes judiciales.
Corte Suprema de Justicia separa a Ayú Prado de caso Financial Pacific
El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió separar al magistrado José Ayú Prado como juez de garantías de la causa penal admitida contra el expresidente Ricardo Martinelli, por el caso de un fraude millonario a la casa de valores Financial Pacific (FP).
La función de juez de garantías recayó en el magistrado suplente Luis Mario Carrasco, ya que le correspondía por turno al magistrado Jerónimo Mejía, pero se encuentra de licencia, indicó la Corte en un comunicado de prensa.
El magistrado sustanciador del expediente 635-15, Hernán De León B., luego de analizar lo planteado, sometió a consideración del Pleno la decisión.
La decisión se tomó por mayoría con el voto explicativo del magistrado Abel Zamorano, el voto concurrente del magistrado Oydén Ortega Durán, el voto explicativo del magistrado Harley J. Mitchell y con el salvamento de voto del magistrado Luis Mario Carrasco.
A petición del magistrado Abel Augusto Zamorano, se sometió a votación la designación del nuevo magistrado en funciones de juez de garantías; como quiera que el Pleno aprobó que los magistrados en funciones de jueces de garantías, en las causas de los diputados, fueran los magistrados que componen la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; por lo que, estando de turno el magistrado Jerónimo Mejía, y como quiera se encuentra de licencia, se eligió a Carrasco.
Abogados afirman que intereses particulares de Movin afectan la independencia del Órgano Judicial
El exvicepresidente de la República y abogado Arturo Vallarino aseguró que si bien es cierto el mandatario Juan Carlos Varela tiene la facultad legal de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es notorio que el grupo Movin interviene con su agenda propia, lo que afecta la independencia judicial.
Vallarino manifestó que se debe garantizar que si un magistrado de la CSJ fue separado en determinado caso, no sea por directrices del Órgano Ejecutivo, aludiendo a las presiones que recibió José Ayú Prado en el caso de Financial Pacific. “Entonces sí estaríamos quebrantando la separación de los poderes, que es un elemento esencial en nuestro sistema democrático”, dijo el también expresidente de la Asamblea Nacional.
Aseguró que no existe duda alguna de que Movin está identificado con el gobierno actual porque se quieren vender como independientes, pero el grupo se ha ido reduciendo porque son nombrados en la administración pública.
Mientras, el exfiscal electoral Víctor Almengor comentó que no existe una independencia real del Órgano Judicial y el Ministerio Público, ya que no es otro órgano que interviene, sino personas naturales que son ajenas y se inmiscuyen directamente en las decisiones. Almengor señaló que eso no es bueno porque puede llevar a una revolución como ocurrió en otros países.
Organizaciones de la denominada sociedad civil, al parecer, tratan de influenciar en las actuaciones del sistema judicial panameño.
Por un lado, el Movimiento Independiente por Panamá (Movin) se reunió con magistrados de la Corte Suprema de Justicia para plantearles sus molestias en torno a algunos temas legales y por el otro, la Alianza Ciudadana Pro Justicia hace "control jurisdiccional" sobre casos de alto perfil en el Ministerio Público.
Sobre esto, el exprocurador general de la nación Rogelio Cruz manifestó que la agenda del grupo Movin, con su lema de "Justicia o renuncia", busca que la Corte Suprema de Justicia "meta preso al exmandatario Ricardo Martinelli o que en su defecto, los magistrados renuncien al cargo".
Cruz sostuvo también que la separación del presidente de la Corte, José Ayú Prado como juez de garantías en el caso Financial Pacific que exige Movin, no sería otra cosa que una cesión a grupos particulares.
Manifestó que esto afecta de forma enorme a la administración de justicia, porque ya no es ciega, sino que ahora tiene dos espadas y visión.
Alianza se defiende
El vocero de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Carlos Lee, dijo ayer a NEXtv Noticias que desde el año 2002 hacen auditorías al trabajo del Ministerio Público.
Lee señaló que con la vigencia del Sistema Penal Acusatorio y el Código Procesal Penal, todos los casos son públicos, mediante el principio de publicidad, lo que refuerza el derecho que tienen los ciudadanos a lograr acceso a la información oficial.
Sobre las quejas de abogados querellantes de que el Ministerio Público tiene preferencias hacia la Alianza en el acceso a los expedientes, indicó que le toca a estos juristas exigirle a la Procuraduría que les permita ver las sumarias.
Sostuvo que las normas legales solo le impiden a la Alianza revelar los detalles de los expedientes que revisa y sacarle copias a los documentos legales.
Por otro lado, la directiva de la Alianza Pro Justicia, Magaly Castillo, anunció que denunciará penal y civilmente a Panamá América por publicar ayer que fue asesora de la exprocuradora Ana Matilde Gómez y que recibía un salario por ese trabajo.
"Esta vez sí lo voy a demandar penal y civilmente. Nunca he cobrado un centavo ni trabajado para MP ni gob", colgó en su cuenta de Twitter.
En marzo de 2010, la Procuraduría de la Nación anunció que rescindió un contrato de consultoría suscrito con la empresa boliviana Aguilar & Aguilar para dictar conferencias a funcionarios de instrucción sobre la protección de los testigos.
Fuentes oficiales de la administración anterior vincularon a este contrato a Magaly Castillo, sin embargo, la propia dirigente y la Alianza Pro Justicia aclararon en ese momento que el citado contrato nunca se perfeccionó y que tampoco ella cobró ni un centavo.
Maribel Jaén, dirigente de la Comisión de Justicia y Paz, adjunta a la Alianza, reconoció en su momento que esta agrupación cobraría 5 mil dólares por unas charlas que dictaría Castillo en el Ministerio Público en representación del grupo.
Jaén admitió entonces que la Alianza realiza consultorías para recabar fondos. Varios medios de comunicación trataron este tema en sus páginas y espacios televisivos y radiales.
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