Procesos a exfuncionarios se caen en los tribunales

Todos los procesos penales en contra de funcionarios del Gobierno anterior se están cayendo y el caso de la Caja de Ahorros correrá por la misma suerte, destacó el abogado y especialista en derecho penal, Silvio Guerra.

"Los casos se están cayendo porque no se pueden estar creando procesos sin fundamentos probatorios", dijo Guerra, al señalar que todos los expedientes que se han abierto en las fiscalías anticorrupción en contra de funcionarios del Gobierno anterior, tienen elementos particulares.

A juicio de Guerra, las fallas consisten en la creación de procesos sin que ni siquiera existan delitos, y en otros casos, se abre causa criminal a personas sin tener vinculación estas con un supuesto hecho delictivo.

Tal es el caso de Julio Miller, destaca Guerra, quien representó legalmente a este periodista, abogado y catedrático universitario.

En este proceso, denominado Riego de Tonosí, se imputó cargo a Miller por haber tenido una relación comercial con la empresa señalada en el proceso.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia anuló la imputación de cargos contra Miller, al encontrar pruebas testimoniales que dan cuenta sobre la relación comercial de Miller con la empresa Hidalgo & Hidalgo, encargada de desarrollar el proyecto de Riego en Tonosí, pruebas que no tomó en cuenta la fiscal tercera anticorrupción, Zuleyka Moore, en ese expediente, destaca Silvio Guerra.

Con el fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia se dicta sobreseimiento definitivo a Julio Miller, por consiguiente quedan sin efectos todas las medidas cautelares decretadas en su contra.'

Datos

17 personas, entre exdirectivos de la Caja de Ahorros y empresarios, son imputados en el caso de la Caja de Ahorros.

6 personas fueron sobreseídas en la investigación de la fiscal Tania Sterling.

Guerra reconoce que la relación de este caso de Julio Miller con Riccardo Francolini en el proceso de la Caja de Ahorros es muy estrecha.

Explicó que cuando se analiza la vinculación que ha presentado la fiscal Tania Sterling contra Francolini es evidente que se está ante una situación parecida a la de Miller.

Marcela Araúz forma parte de la defensa de Francolini y explica que el hecho de que su cliente haya tenido una relación comercial con la empresa señalada en el caso de la Caja de Ahorros, no constituye un elemento vinculante para que se le abra causa criminal por un caso de peculado y, peor aún, se le haya detenido.

Sterling en su vista fiscal asegura que por ser Riccardo Francolini miembro de la empresa Concretos y Agregados Balboa S.A., constituye un elemento vinculante para imputarle cargos en este caso y ordenar su arresto que hoy, Día de la Madre, cumple 58 días.

La razón es porque esa empresa había tenido una relación comercial con el Consorcio HP Contratas, el que recibió y pagó con intereses el préstamo a la Caja de Ahorros y que es objeto de la investigación que realizó la Fiscalía Primera Anticorrupción.

Libertad de expresión

Otro elemento de coincidencia entre los procesos contra Julio Miller y Riccardo Francolini, es el hecho de la libertad de expresión, tomando en cuenta que ambos ocupan una posición de liderazgo en medios de comunicación que se han caracterizado por ser combativos al Gobierno.

En el caso de Julio Miller, al momento de su detención dirigía un programa radial en la emisora KW Continente, desde donde realizaba críticas a la gestión del gobierno.

Mientras, a Riccardo Francolini se le arrestó, siendo presidente de NEXtv, un canal de televisión crítico al actual Gobierno.

"Quién repara el agua derramada del jarrón quebrado", destacó Silvio Guerra para expresar que ahora que un tribunal determinó que no había vinculación de su cliente con el delito por el que le fue imputado, ahora quién repara el escarnio público al que fue sometido.

Julio Miller fue expuesto públicamente con esposas en su mano y encarcelado por varios días.

Su liberación se dio, luego que médicos forenses del Ministerio Público confirmaran su delicada situación de salud que sería agravada en la celda preventiva de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde permanecía.

A la misma ofensa está siendo sometido Riccardo Francolini, según expresa Marcela Araúz, parte del equipo de la defensa de este empresario.

Los radares

El emblemático expediente de los radares que fueron comprados a la empresa italiana Finmeccanica, es un ejemplo de estos procesos que con el tiempo van perdiendo fuerza hasta llegar a estancarse en los tribunales.

En este expediente no solo hay un pronunciamiento de un juzgado que declaró nula la actuación de la fiscal Zuleyka Moore por seguir investigando, pese a una orden del juzgado que advertía que la funcionaria de instrucción se había excedido del tiempo de investigación.

Sumado a ello, el propio Gobierno decidió mantener vivo un contrato que era el objeto del proceso penal, por el que el exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, estuvo detenido por más de seis meses.

Una acción de amparo de garantías constitucionales fue interpuesta por José Raúl Mulino en contra de la decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia de revocar la orden del juzgado, lo que mantiene estancado el proceso.

A ello se suma que los radares que fueron instalados al momento de la investigación penal, siguen operando pese a las quejas de las actuales autoridades.

Comida deshidratada

Otro expediente que sigue estancado en los tribunales es el caso de la comida deshidratada, al punto que se tuvo que abrir un segundo expediente para establecer otros aspectos del proceso, ante el fracaso de la primera investigación.

Otros procesos como las bolsas de comida y el de los granos comprados a través del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN) también se desvanecen en los juzgados.