Revelan nombres de funcionarios a cargo de la persecución política
El expresidente de la República Ricardo Martinelli denunció que existen militares en el Gobierno que buscan terminar con los adversarios del presidente. En el Consejo de Seguridad, la Procuraduría General de la Nación y las fiscalías existen figuras esenciales para hacer cumplir la agenda judicial.
- Jason Morales V.
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- @JasonMoralesV
- - Actualizado: 17/7/2015 - 05:33 am
La advertencia que realizó el expresidente de la República Ricardo Martinelli sobre la participación de militares en el Consejo de Seguridad Nacional, no solo revelaría quiénes están a cargo de los expedientes que se elaboran contra exfuncionarios, sino también el peligro que representa para el sistema judicial panameño.
Martinelli indicó a través de una entrevista telefónica que estos personajes manejan un concepto de que deben terminar con los adversarios del presidente.
En el programa “Instante Informativo”, de KW Continente, el exmandatario sostuvo que el jefe de Seguridad del Estado, Rolando López, sería el funcionario a cargo de perseguir a los enemigos políticos.
“Me tienen temor y pánico que regrese y diga las cosas que están pasando, pero daré vuelta a la página y no tengo rencor”, dijo el diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), quien asegura que esto ha afectado al país.
Ello, tras confirmar que muchas de las obras que se iniciaron en la administración pasada, que no concluyeron, o están en la actualidad paralizadas, por seguir la agenda judicial.
Expedientes
Para llevar a cabo los planes del Gobierno, varias son las figuras que deben acatar al pie de la letra las órdenes de elaborar expedientes contra exfuncionarios.'
Casos en los que el sistema ha procedido distinto
Desde el exvocero de campaña Grimaldo Córdoba hasta Bosco Vallarino, exalcalde
del Partido Panameñista, varios han sido los allegados al Gobierno que han recibido un trato preferencial al momento de aplicarle la justicia.
Grimaldo Córdoba, nombrado director de Promoción de la Salud en el Ministerio de Salud (Minsa), ejerció la medicina sin ser idóneo, pero solo tiene medida cautelar de país por cárcel.
A su vez del caso Bosco Vallarino, al considerarse que han sido muy blandos con él, a pesar de haber confesado aceptar “coimas”. Por otro lado está Ada Romero, en la Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), acusada presuntamente de expedición de cheques y supuestos pagos de “coimas”.
Justicia es selectiva y no se aplica para los allegados
El constitucionalista Miguel Antonio Bernal ha manifestado que el problema de la
justicia en Panamá radica en la falta de políticas que se identifiquen con las necesidades de la población, y sin una reestructuración de Estado, no sirven los cambios en los ministerios.
“La justicia en Panamá ha sido selectiva, solo que ahora se ha agravado porque a unos se les ha dado casa por cárcel y a otros no", dijo el experto.
Para Bernal, no sería lo mismo que en este momento se posea un carné del panameñismo o PRD, que uno de Cambio Democrático (CD) -pues es el partido en oposición- y eso está determinando la justicia actualmente.
La justicia selectiva ha sido una de las fallas más denunciadas en la administración Varela.
Claves
Hay interferencia del Órgano Ejecutivo en la administración de justicia en Panamá y eso violenta gravemente el principio de la separación de poderes del Estado. Alejandro Pérez -Exviceministro de Gobierno.
1 de julio de este año, el presidente Varela reiteró que respetaría la institucionalidad.
6 exministros de Estado fueron implicados en denuncias del PAN con presiones del MP.
En el primer escalón estaría el Consejo de Seguridad, adscrito al Ministerio de la Presidencia y dirigido por Rolando López. Posteriormente, los informes se entregan a medios afines al Gobierno, para generar “shows” mediáticos.
Este paso sería para generar presiones sobre aquellos que son llevados a rendir indagatorias, y ser expuestos ante las cámaras.
Una vez creada la intervención mediática, los funcionarios son sometidos a las indagatorias, donde los fiscales también juegan un papel mediatizador, y a la vez de presión, para pedir la “colaboración” de los testigos, e inculpar a otros supuestos responsables.
Esto sería previo al último paso de ordenar medidas cautelares de retención preventiva en los centros penitenciarios, o casa por cárcel, a quienes sigan las directrices de los fiscales o sean allegados al Gobierno.
Para hacer todo eso posible, se requirió de una figura capaz de ser el intermediaria entre el Ejecutivo y el Ministerio Público (MP), para lo cual Kenia Porcell asumió como procuradora general de la nación.
Incluso el propio Consejo de Seguridad Nacional confirmó que Porcell laboró como subsecretaria de la entidad desde el 2 de julio, cuando tomó posesión Varela, hasta el 30 de noviembre de 2014, tres días antes de ser designada como procuradora.
A pesar de ello, se adujo que dicho nombramiento fue con independencia de criterio y la firmeza moral para defender los intereses del país.
El presidente Varela señaló que “con esa designación deseo sellar el compromiso de nuestra administración para dejarle al pueblo panameño una democracia con instituciones fuertes, transparentes y sin impunidad”.
Lo que no se dijo fue que Porcell fungió como asesora legal, e instruyó los informes de las supuestas escuchas telefónicas y compra irregular de máquinas pinchadoras contra los funcionarios de la administración pasada y que ahora como procuradora podría influir en el resultado de las investigaciones judiciales.
Al respecto, el exviceministro de Gobierno Alejandro Pérez manifestó que se comprobaría “la interferencia del Órgano Ejecutivo en la administración de justicia en Panamá y eso violenta gravemente el principio de la separación de poderes del Estado”.
No obstante, hoy se prevé que se presente una denuncia contra el presidente Varela por supuestos pinchazos a dirigentes sindicales.
Desde que se inició la administración de Juan Carlos Varela, se ha denunciado a los jefes de seguridad de incurrir en espionaje.
Fuga de datos
Uno de los primeros expedientes en los que se denunció la intervención del Consejo de Seguridad sería el que reveló la supuesta orden de espiar a políticos panameños, por funcionarios del anterior Gobierno, explicó el jurista Alejandro Pérez.
Se trata de un elemento que revela la vinculación de la procuradora en el supuesto caso de implante de pruebas en la investigación de escuchas telefónicas, que fue registrada en el expediente contra Ronnie Rodríguez, exdirector de inteligencia en el Consejo de Seguridad, y “montado” por el actual gobierno.
Los datos habrían sido proporcionados por actuales miembros del Consejo de Seguridad, a base de prebendas, extorsión y presiones, reclamó el exviceministro.
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