Seguridad cibernética de panameños es vulnerable
Hay un vacío legal que mantiene la legislación panameña en materia de delitos cibernéticos que deja vulnerable información sensitiva de los ciudadanos y del Estado.
Hay un vacío legal que mantiene la legislación panameña en materia de delitos cibernéticos que deja vulnerable información sensitiva de los ciudadanos y del Estado.
- Darys Araúz / Antonio Pérez /[email protected]
- - Actualizado: 25/7/2014 - 06:38 am
- 21 delitos busca tipificar la iniciativa del Ministerio Público.
Datos
- ¿Qué se considera delito?
- Un delito cibernético es una conducta en que se vería involucrado tecnologías, cualquiera que sea, en perjuicio de terceras personas a través de estos mecanismos, además de conductas indebidas a través de los canales de comunicación llámese internet o telefonía celular.
- Más comunes
- Lo más común en la tecnología de comunicaciones es el enmascarado en las usurpaciones de identidad a través de las conexiones de red, ya sea en Facebook o Twitter con cuentas falsas .
Cuidado con los formularios
- Por correo electrónico, puedes ser víctima de suplantación de identidad.‘Phishing’ o suplantación de identidad es un término informático, es una acción fraudulenta con la que se busca conseguir información confidencial vía “e-mail”.Es con el propósito de que los receptores lo contesten o lo reenvíen con información real, como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria. El cibercriminal, conocido como phisher, se hace pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica, por lo común un correo electrónico, o algún sistema de mensajería instantánea, o incluso utilizando también llamadas telefónicas. Puede recibir un correo electrónico inesperado de cualquier institución financiera o de otro tipo de proveedor, pero en realidad podría ser de alguien externo. En estos casos, en el asunto o texto del correo electrónico phishing, se solicitan datos personales o bien confidenciales de sus cuentas o identificación personal, para que lo responda en el mismo, o a través de un enlace adjunto que ingrese a alguna página web. El phishing es más de tipo bancario, depende más de la seguridad que los bancos ofrecen, pero actualmente es un tema controlado, ya que se han establecido medidas de seguridad que evita que sus clientes se sientan afectados, muy poco se denuncia, ya que de ello depende la imagen de una entidad bancaria.
Hay un vacío legal que mantiene la legislación panameña en materia de delitos cibernéticos que deja vulnerable información sensitiva de los ciudadanos y del Estado.
Ramiro Esquivel, exfiscal en materia de delitos informáticos, reconoce la necesidad de aprobar, cuanto antes, unas reformas al Código Penal que tipifiquen nuevas conductas y que modifiquen algunas donde las penas no están acorde con los efectos que producen estos hechos.
La preocupación radica en la capacidad que están demostrando los atacantes cibernéticos para ingresar indebidamente a las bases de datos de las infraestructuras críticas del Estado, lo que podría interrumpir la cotidianeidad y tranquilidad de los panameños.
Esquivel explica que el Código Penal vigente solo se limita en ciertas conductas, pero que actualmente por la evolución del delito son más las acciones de esta índole que no están establecidas en nuestra norma.
Actualmente se establece como conductas típicas el uso, la modificación y el copiar una base de datos del sistema informativo de una institución pública o privada; sin embargo, existen otras conductas como el alquiler o publicación de códigos de acceso a bases de datos que no contempla la legislación penal vigente.
Otras de las recomendaciones que hace el jurista Esquivel van dirigidas a las sanciones, es decir, actualmente las penas máximas por este delito no superan los seis años de cárcel y solo esto se da cuando se trata de ataques contra instituciones de servicio público, conocidas como estructuras críticas; telecomunicaciones, eléctricas, aeropuertos, entre otras que manejan información personal de los ciudadanos.
Por está razón, la procuradora general de la nación, Ana Belfon, en el periodo legislativo pasado, presentó el proyecto de Ley 653, el cual adiciona 21 artículos al Código Penal, en el que cada uno establece una conducta distinta de nuevos delitos informáticos y se modifican once artículos para ampliar las acciones coactivas a ocho años de prisión como máximo contra los cibercriminales.
Mientras las autoridades nacionales hacen esfuerzos contra estos delitos, a nivel internacional planifican acciones conjuntas para enfrentar el delito.
Para hoy las diferentes unidades de inteligencia de las policías del hemisferio latinoamericano prepararán un documento sobre planes estratégicos contra el cibercrimen.
Se trata de la declaración de la IX Cumbre de la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial (CLACIPE), en la que reconoce la preocupación de los cuerpos de seguridad por las amenazas que representa el cibercrimen.
La meta de esta cumbre consiste en que todos los aparatos de seguridad de Latinoamérica puedan responder con mayor capacidad a lo que califican como una expresión multiforme de criminalidad.
Tema del Día
Demanda supera a los especialistas en delitos informáticos del Imelcf
25/7/2014 - 12:18 am
Estos encuentros son el resultado del acuerdo pactado por Panamá en el Convenio de las Naciones Unidas contra el Cibercrimen en Budapes en noviembre de 2001.
Para Esquivel, el hecho de que las reformas presentadas por la procuradora Belfon hayan sido devueltas del segundo debate a la comisión, por la instalación de una nueva asamblea, por norma, pone en aprietos al país para cumplir con los acuerdos internacionales de ir adecuando su legislación contra el delito del cibercrimen, que sigue evolucionando sus conductas delictivas.
Delitos informatizados
El proyecto Belfon busca agrupar los otros casos que son considerados como tipos de delitos penales de otra índole, pero se cometen con instrumentos informáticos. A estos se les conoce como delitos informatizados, en el proyecto de ley; tales como delitos contra la intimidad, delitos sexuales y hasta estafas.
Por esta razón surgen nueva conductas penales en las nuevas reformas como el “ciberbullyng”, la cual consiste en el uso de las redes sociales para burlarse de otros personas, afectándoles emocionalmente su producción como estudiantes o en el trabajo.
Luis Rivera Calles, jefe de informática del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, (IMELCF), explica que en las investigaciones periciales se han encontrado con personas que usan la internet para cometer delitos contra el honor y usurpación de identidad de las personas.
El investigador explicó que se han encontrado casos de utilización la imagen de otras personas para crear cuentas en redes sociales, con el propósito de recaudar algún tipo de fondos o atacar la imagen de personas e instituciones.
Otra preocupación que plantea la fiscal especializada en delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, Nayra Fernández, es que existe una cifra oculta incalculable que pudieran ser una señal del poco o nulo conocimiento de la población sobre la existencias de normas legales y de protección para las víctimas de delitos informáticos.
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