La carrera administrativa es necesaria
Es inminente la necesidad de profesionalizar al sector público e implementar, de forma transparente, mecanismos para realizar contrataciones por mérito.
- Ninotshka Tam
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- - Publicado: 03/8/2019 - 12:00 am
En el último proceso electoral se escuchó mucho sobre el tamaño del Estado, abriendo el debate sobre la posibilidad o conveniencia de su aumento o su reducción. Quizás el enfoque dejado en el olvido por algunos gobiernos es la calidad del Estado, convirtiéndose la carrera administrativa en una herramienta para lograr una institucionalidad fuerte y que brinde los servicios que el ciudadano necesita.
La tecnología y la simplificación de trámites representan un avance significativo en la modernización del Estado pero, ¿qué sucede con el recurso humano que le da sostenibilidad a estos sistemas?
Es inminente la necesidad de profesionalizar al sector público e implementar, de forma transparente, mecanismos para realizar contrataciones por mérito. Esto ayudaría a brindar estabilidad a las "bases" (aquellos funcionarios con un amplio conocimiento del manejo de la institución) y que, en muchas ocasiones, el país invierte en su formación y capacitación, pero por cambio de Gobierno, dichos activos se pierden.
De acuerdo con la Contraloría General de la República al mes de abril 2019 se registró un total de 237 mil 959 funcionarios (3 mil menos que en diciembre 2018) con un sueldo bruto de $344.0 millones, donde 90% son permanentes y el 10% eventuales.
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Al compararlo con diciembre del año anterior, la planilla en número de funcionarios disminuyó principalmente por la contracción en los puestos eventuales, pero mostró un aumento en los salarios pagados de 3.5 millones de dólares en solo 4 meses.
Al ir un poco más atrás en el tiempo, para diciembre del 2015 la planilla del sector público tenía 222 mil 125 funcionarios y un sueldo bruto de $251.9 millones.
Ambas cifras por debajo de las registradas en abril del 2019, lo que lleva a pensar que no solo basta analizar las cifras sino también hay que evaluar la calidad y eficiencia del servicio público, entendiéndose que estos son, según nuestra Constitución, "... las personas nombradas temporal o permanentemente en cargos de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de los municipios, entidades autónomas y semiautónomas; y en general, las que perciban remuneración del Estado".
A través de la Ley No. 9 de 1994, donde se establece la carrera administrativa, se inicia el proceso de considerar dicha carrera para los funcionarios con sus derechos y deberes.
Posteriormente, se creó la Dirección General de Carrera Administrativa que organiza, con base en la Ley, los procesos del personal que ha de entrar al servicio público y poner esos recursos humanos a disposición de los funcionarios administrativos en quienes reside la facultad ejecutiva de nombrar y remover el personal.
El párrafo anterior nos muestra que como país hemos avanzado, pero se necesita el cumplimiento cabal de la carrera administrativa como tal, con la estabilidad que se le otorga al funcionario que cumple con todos los requerimientos y es competente para el puesto en el que fue nombrado, así como las evaluaciones periódicas que confirmen su capacitad para el cargo.
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El no contar con el recurso humano capacitado al servicio del Estado, menoscaba su función principal que es el servir a los ciudadanos y genera pérdidas monetarias importantes; por ejemplo, al sufragar capacitaciones a personal que luego se despide (sin causa o justificación) o al pagar planillas cuando el funcionario no está realizando a cabalidad y óptimamente su función.
La idea es que la carrera administrativa mejore el desempeño del Estado y logre subsanar aquellas conductas que no apoyan su eficiencia y eficacia; y mucho menos la transparencia esperada, impactando la competitividad del país por medio de una mejora sustancial en la institucionalidad.
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