Ley de sustancia económica fortalecerá la reputación internacional de Panamá

La discusión de la ley de sustancia económica se ha concentrado en tres aspectos importantes: el cálculo de la base imponible para quienes no demuestren una operación real, la exclusión de actividades que ya cumplen con estos requisitos y el respeto al principio de territorialidad; no obstante, Luis Ocando, socio líder de Deloitte en Panamá, considera relevante que se tomen en cuenta otras modificaciones para delimitar claramente el alcance de la norma.

Sugiere que se elimine o ajuste la reforma al artículo No. 710 del Código Fiscal, pues su redacción actual podría interpretarse como que Panamá está migrando hacia un sistema de renta mundial; evitar duplicidades regulatorias para regímenes que ya reportan sustancia económica, como SEM o Panamá Pacífico, y dar mayor claridad a temas como tercerización, definición de "operar" y trascendencia de grupos multinacionales, para disminuir la discrecionalidad.

Ocando coincide con el resto de expertos que han presentado sus consideraciones en la Asamblea Nacional en que la iniciativa es positiva, alineará a Panamá con estándares internacionales y contribuirá a su salida del listado discriminatorio de la Unión Europea (UE), lo que se traduce en mayores inversiones; sin embargo, de aprobarse sin realizar los ajustes pertinentes, también podría generar incertidumbre, incremento de costos de cumplimiento y riesgo de pérdida de competitividad en algunos sectores.

"El impacto dependerá mucho de cómo se implemente. Una ley clara, proporcional y bien reglamentada puede fortalecer la reputación y atraer operaciones con mayor sustancia. Una ley ambigua o excesivamente gravosa podría provocar reestructuraciones fuera del país o afectar decisiones de inversión", advirtió.

Agregó que Panamá, a través de esta ley, tiene la oportunidad de posicionarse como una plataforma moderna de servicios internacionales basada en sustancia, institucionalidad y competitividad.

Sobre la exclusión de Panamá de la lista de jurisdicciones no cooperantes de la UE en materia fiscal, aclaró que, aunque la iniciativa es un paso relevante, creíble y necesario para cumplir con este objetivo, también requiere compromiso, diálogo diplomático, una buena percepción internacional y sostener el cumplimiento de los estándares en el tiempo.

"La ley es necesaria, pero la reputación país se construye con consistencia en el tiempo", subrayó.'

El proyecto de ley No. 641 continúa en primer debate en la Asamblea Nacional.

El Legislativo tiene hasta el próximo 5 de junio para analizar la iniciativa presentada por el Ejecutivo.

La Unión Europea (UE) evaluará los estándares de transparencia y lucha contra el blanqueo de capitales y terrorismo impuestos por Panamá en el mes de octubre.

Aunque el Ejecutivo ha reiterado que con esta ley el país será excluido del listado de la UE, expertos afirman que es solo una parte de la solución; también se requieren otras acciones.

El economista y miembro de la junta directiva de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Eric Molino Ferrer, mencionó que la normativa debe percibirse como parte de una estrategia integral para garantizar el crecimiento del país de manera sostenible y que las ganancias lleguen a todos los ciudadanos.

Explicó que el país en los últimos cinco años ha dejado de percibir alrededor de 10 mil millones de dólares en concepto de inversión extranjera directa, pese al esfuerzo de las autoridades; por ello, es crucial que la nueva ley, en lugar de obstaculizar el proceso, incentive a los inversionistas.