Los "principios no negociables" que marcarán el futuro de la mina de cobre en Donoso

El debate sobre el futuro de la mina de cobre en Donoso entra en una fase decisiva. Tras el histórico fallo de inconstitucionalidad dictado por la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), ha manifestado que se encuentra evaluando los pasos a seguir frente al impacto socioeconómico del cierre.

Sin embargo, en medio de la expectativa, el Gobierno ha establecido tres principios no negociables que, según la versión oficial, guiarán cualquier resolución.

Soberanía absoluta sobre los recursos: El Estado recalca que el control del yacimiento debe ser netamente panameño. Reforzando este punto, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, advirtió: “Todo estará bajo control del Estado. Ni un galón de agua ni un metro de tierra se moverá sin fiscalización”.

Blindaje económico para el ciudadano: Se asegura que las implicaciones financieras del proceso no se costearán con el dinero de los contribuyentes. “Los costos no saldrán de los impuestos ni afectarán escuelas, hospitales u obras”, subrayó Moltó.

Priorización del bienestar social y el empleo: Cualquier decisión final deberá poner en el centro la recuperación de los sectores económicos golpeados por la paralización.

La realidad numérica

La urgencia del Gobierno por definir un norte no es casualidad. El Gobierno busca balancear el respeto al fallo judicial con la contención de una crisis laboral y comunitaria que ya arroja cifras alarmantes en las provincias centrales y zonas colindantes:

Recordó el Mici que más de 40,800 empleos directos e indirectos afectados, lo que se traduce en un cambio radical de vida para más de 170,000 panameños al incluir a sus dependientes.

Más de 2,000 empresas locales (en su mayoría PyMEs) registran caídas drásticas. El 76% de los proveedores ya redujo personal y un 42% está al borde del cierre técnico.

El termómetro de Coclé. El desempleo en esta provincia escaló de forma crítica, pasando de un 4% a superar el 13%.

Decisiones basadas en auditorías y el reto de la "Seguridad Jurídica"

Para justificar los próximos movimientos, el Estado encargó una auditoría técnica integral a la firma internacional independiente SGS. Los resultados de este informe metodológico han sido abiertos al público, un hecho calificado por las autoridades como "inédito" en la gestión institucional del país.

El gran reto del Gobierno de ahora en adelante será un acto de equilibrio de alta política: por un lado, calmar las demandas socioeconómicas locales y respetar la soberanía popular emanada del fallo de la Corte; por el otro, cumplir con lo señalado por el ministro Moltó sobre la necesidad de “proteger la credibilidad ante inversionistas y dar seguridad jurídica al mundo”.