Panamá
Abogados recuerdan que hay un término que se dio y Panamá, hasta donde se tiene conocimiento, no ha cumplido con la consulta de los 60 días.
El juicio por el caso Odebrecht es el 11 de noviembre. Foto: Grupo Epasa
Brasil concedió a Panamá, en enero de 2025, un plazo de 60 días para que hiciera las aclaraciones necesarias a la solicitud de asistencia judicial internacional en materia penal, dentro del caso Odebrecht. Panamá requería colaboración del país donde surgió el caso, pero los brasileños necesitaban detalles claros a fin de garantizar el debido proceso.
Un documento de la Coordinación General de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Penal de Brasil, firmado por Larissa Brenda da Silva de Miranda, advertía que de no recibir la respuesta en este periodo se archivaría el expediente.
"Cabe señalar que, en los términos de la citada resolución, la falta de respuesta a este cuestionamiento en el plazo de los 60 días dará lugar al archivo del presente expediente, independientemente de su cumplimiento, sin perjuicio de que en cualquier momento se pueda realizar un nuevo pedido de colaboración", reza el documento.
¿Qué aclaraciones querían los brasileños? Como parte de su respuesta a Panamá, la Coordinación General de Cooperación Jurídica Internacional de Brasil reiteró sus oficios N° 3577/2024/CRA/CGCP/DRCI/SENAJUS-MJ y 4370/2024/CRA/CGCP/DRCI/SENAJUS-MJ, de 02-09-2024 y 4-11-2024, en los cuales encaminaron que tenían que cumplir con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia brasileña. En este sentido se hacía entonces fundamental que los brasileños preguntaran a Panamá sobre el uso anterior que le habían dado en su caso a las pruebas obtenidas a través del acuerdo de declaración negociada 5020175-34.2017.4.04.7000, suscrito por Odebrecht y los sistemas Drousys y MyWebDay.B, así como todos los demás elementos que se desprenden del mismo.
Y es que el 14 de enero de 2025, seis días antes de la audiencia de Odebrecht en Panamá, el Órgano Judicial panameño había pedido informaciones sobre la solicitud de asistencia jurídica internacional en materia penal hecha.
La importancia de aclarar, por parte de Panamá, el uso de las pruebas radica en que en Brasil, la mayoría de estas se han invalidado. En 2023, el Tribunal Supremo anuló todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora, debido a errores procesales cometidos en la justicia brasileña.
Pese a esta advertencia, en Panamá se ha insistido en obtener estas pruebas anómalas y además ni siquiera se habrían hecho las aclaraciones pedidas por Brasil en el plazo establecido de 60 días.
"La realidad es que Brasil le dijo al Estado panameño que no las podía utilizar a menos que dijera para qué las quiere. Hay un término que se dio y Panamá, hasta donde tengo conocimiento, no ha cumplido con los 60 días de la consulta", dijo el abogado Rolando Rodríguez a Panamá América.
My Web Day B consistía en un software corporativo creado específicamente para solicitar, procesar, pagar y controlar todas las acciones del Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE) de Odebrecht. El sistema fue desactivado luego de la detención de Marcelo Odebrecht.
La evidencia derivada de ese sistema y de Drousys, utilizada en el Acuerdo de Clemencia 5020175-34.2017.4.04.7000 firmado por Odebrecht en Brasil, es nula y carece de validez para el solicitante.
El próximo 11 de noviembre debe realizarse en Panamá la audiencia de fondo por el caso Odebrecht, aunque los abogados han insistido en la nulidad de estas pruebas. ¿Tomará nota el sistema judicial panameño?
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