El fallo de la corte de Perú en caso Humala le da lección a Panamá

La anulación del proceso penal contra el expresidente de Perú, Ollanta Humala, por recibir donaciones de campaña de la constructora Odebrecht, a juicio del abogado Alejandro Pérez, envía un mensaje claro a la corte panameña: estos desembolsos no constituyen una actividad delictiva; por ende, el caso a nivel local también debe quedar sin efecto.

El jurista calificó de "aberrante" que las autoridades insistan en hacer ver este financiamiento como algo ilícito para inhabilitar políticamente a Ricardo Martinelli, pese a que entre 2008 y 2009 no era funcionario público, sino un candidato más a la presidencia de la República.

Explicó que el aporte económico a candidaturas políticas está regulado por el Tribunal Electoral (TE), en donde consta que los fondos aportados a la campaña de Martinelli se utilizaron para publicidad y promoción electoral en distintos medios de comunicación.

"Es obvio que las donaciones que hizo Odebrecht, no solo a Martinelli, sino también a todos los candidatos entre 2008 y 2009, jamás pueden tipificarse como blanqueo de capitales", dijo a Panamá América.

La decisión de la corte peruana, a su parecer, le da una lección a Panamá, que en lugar de actuar conforme a derecho, ha desvirtuado una figura permitida para perseguir políticamente a un exmandatario.

Pérez espera que la jueza Baloísa Marquínez rompa con el esquema de persecución contra Martinelli, fallando en estricto ordenamiento jurídico y no en posturas políticas, pues con solo leer el dictamen de Perú debería tener elementos suficientes para reconocer que está equivocada con respecto a las donaciones políticas.

Esta decisión se une, de acuerdo con el abogado, a otros dos elementos de derecho comparado que certifican el origen político del caso: los asilos de Nicaragua y Colombia, aspectos que también deben ser tomados en cuenta para resolver la causa.

El financiamiento a candidaturas políticas está regulado por el Tribunal Electoral (TE), en donde consta, según el abogado Alejandro Pérez, que los fondos aportados a la campaña de Ricardo Martinelli se utilizaron para publicidad y promoción electoral en distintos medios de comunicación.

El caso Odebrecht en Panamá, a juicio del jurista Basilio González, no tiene ningún asidero político porque en Brasil, país de origen de la investigación, las pruebas de los testigos que fundamentan la teoría de la Fiscalía fueron desestimadas; por tanto, perdieron validez.

Los letrados esperan que la jueza Baloisa Marquínez falle en estricto apego a derecho.

"Dos países distintos dicen que es persecución política y, encima de eso, el Tribunal Supremo de Perú dice que las donaciones políticas no pueden constituirse en un delito de blanqueo de capitales. Esos tres elementos deben servir para detener la persecución contra Ricardo Martinelli", añadió.

El caso Odebrecht en Panamá, a juicio del jurista Basilio González, no tiene ningún asidero político porque en Brasil, país de origen de la investigación, las pruebas de los testigos que fundamentan la teoría de la Fiscalía fueron desestimadas; por tanto, perdieron validez.

Lamentó que el caso no pueda llegar a un "puerto seguro", no por la actual administración, sino por las irregularidades de gestiones anteriores y dudas que rodean el caso a causa de la utilización de evidencias internacionales.

A González le parece que Panamá debe considerar el ejemplo de países como Perú, que incluso tras juzgar y condenar a una persona, anuló el caso.

"La justicia debe ser en tiempo razonable y con pruebas fehacientes que puedan tener asidero jurídico para llegar a una conclusión", subrayó.