Panamá
Juez mantiene querella por presunto blanqueo de capitales contra dirigente de Suntracs
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Juez Mike Zúñiga admite querella de Mitradel contra dirigente de Suntracs por supuesto blanqueo de capitales entre 2018 y 2025 en perjuicio de trabajadores.
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Mike Zúñiga Rodríguez, juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, decidió mantener la admisibilidad de la querella presentada dentro de la investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales contra el dirigente sindical Jaime Caballero y otras personas.
El caso se sigue en perjuicio de los trabajadores del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).
El juzgador adoptó la decisión tras escuchar los argumentos de las partes intervinientes, concluyendo que la querella cumple estrictamente con: los requisitos del artículo 88 del Código Procesal Penal (CPP) y las disposiciones sobre legitimidad contempladas en el segundo párrafo del artículo 85 de la misma normativa.
Mitradel califica como parte afectada
Durante el acto de audiencia, el juez Zúñiga señaló que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ha sido formalmente identificado como parte afectada dentro de la investigación, debido a su rol y condición de administrador de fondos públicos.
El desarrollo de la audiencia contó con la participación de figuras clave del ámbito judicial. El Ministerio Público (MP) estuvo representando por el fiscal Emeldo Márquez.
Por la defensa del imputado: El abogado particular César Ruiloba, quien presentó objeciones iniciales en cuanto a la admisibilidad de la querella por parte del MP.
Por la querella de Mitradel: Participó la licenciada Katherine Ostia.
El origen de la investigación
De acuerdo con los informes de la investigación, los hechos bajo la lupa judicial guardan relación con presuntas transferencias bancarias, depósitos y cambios de cheques realizados entre los años 2018 y 2025.
Estas transacciones y operaciones financieras forman parte de las diligencias urgentes que adelantan las autoridades correspondientes para determinar la posible existencia de actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales en el entorno sindical.
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