Panamá
Falta mucho por hacer en justicia y este organismo debe empoderarse de impulsar esas nuevas políticas, a juicio de abogadas con trayectoria en el país.
Los integrantes del pacto se reunieron a inicios del año para convocar a los candidatos presidenciales para las elecciones de mayo. Foto: Cortesía Procuraduría de la Administración
Con el cambio de timón en las procuradurías y la suma de otros actores, el Pacto de Estado por la Justicia debe ser revisado con la finalidad de que se dicten los lineamientos para los nuevos periodos y momentos.
Este es el pensar de Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia (2004-09) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2016-23).
A juicio de la experta, el norte debe ser la valoración de los planes, programas, proyectos y todo lo que implica los retos que tiene la justicia en Panamá y los cambios que constituyen parte de esa de esa transformación.
Surgido en el gobierno de Martín Torrijos (2004-09), el Pacto de Estado por la Justicia convocó a actores sociales y comprometidos con el sistema de justicia, no solo del poder judicial.
Arosemena, quien estaba en la Corte Suprema cuando surgió este compromiso dijo que se creó para asumir principios éticos de responsabilidad, independencia, integridad, honestidad y un trabajo apegado precisamente a la norma constitucional del mandato que tiene el sistema de justicia.
A la percepción del público, este órgano colegiado ha tomado relevancia al momento de escoger a magistrados de la Corte Suprema y para conocer los planes de candidatos presidenciales con respecto al derecho e institucionalidad democrática.
No obstante, también ha coadyuvado a modernizar la Administración de Justicia, como ocurrió recientemente con la actualización del Código Civil y el Código Procesal Civil.
La exmagistrada agrega que, en materia de la investigación, lo importante y así ha sido determinado en ese pacto de Estado, es que los funcionarios de justicia tengan primero la formación y la capacitación permanente.
Todo eso se traduce, luego de una investigación en esos términos, en independencia, integridad, honestidad e imparcialidad para presentar ante la justicia lo que corresponde, para atender con el debido proceso la situación de violación de derechos y que las víctimas tengan ese espacio, explicó la abogada.
“Un sistema de justicia transparente, independiente e imparcial, asegura a todas las partes, víctimas y personas acusadas como autores de hechos delictivos, la seguridad de un debido proceso para qué para que de esta manera la certeza de la justicia y también la certeza del castigo”, señaló.
Por otra parte, Maritza Cedeño, presidenta del Colegio Nacional de Abogados (CNA), espera que una vez que los nuevos procuradores asuman sus cargos, se convoque a reunión para empezar a ver las políticas del quinquenio que viene, por lo menos.
Y es que son muchas las tareas por hacer en material judicial, como revisar la esfera contencioso administrativa que, con 81 años de existencia, no se ha actualizado.
“Para nosotros es importante descongestionar el sistema y por eso queremos impulsar un nuevo código contencioso administrativo, del que ya se tiene un borrador, para desahogar la Sala Tercera de la de la Corte, que no sólo ve lo contencioso administrativo, sino la parte laboral”, expresó Cedeño.
Agregó que existen tribunales laborales que no han sido nombrados, de los cuales en algún momento se refirió el presidente José Raúl Mulino, y todo esto serían políticas que pudieran verse en el Pacto de Estado por la Justicia.
También, la presidenta del Colegio de Abogado precisa que se necesitan reformas al Sistema Penal Acusatorio, para atacar algunos vacíos que, en la práctica, los penalistas han detectado.
La dirigente abogadil destacó, a modo de sugerencia, que el Pacto de Estado de Justicia podría ser el organismo ante el cual, la Corte Suprema de Justicia haga rendición de cuentas de su labor.
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