Presidente Mulino comparte críticas de los panameños hacia el sistema de justicia

La desconfianza y cuestionamientos de la ciudadanía hacia el sistema de justicia panameño son compartidos por el presidente José Raúl Mulino, quien durante su conversatorio semanal, criticó su efectividad en casos de alto perfil, ya que, pese a las pruebas a los implicados se les otorgan medidas cautelares que no son cónsonas con el delito cometido. 

El mandatario señaló que tras la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio (SPA), el Ministerio Público ha cambiado debido a que sus acciones deben estar autorizadas por los jueces de garantías, sin embargo, estos “parecieran que funcionan de otro país”.

Mencionó que la actuación de estos jueces es una “burla” a la justicia que incrementa el sentimiento de impotencia de los panameños, por ello, ha estado dialogando sobre el tema con el procurador, a quien solo le queda apelar ante los tribunales superiores. 

Según el presidente, este tipo de comportamientos hacen creer a la población que se está “abanicando a los sinvergüenzas” para que entren por una puerta y salgan por otra sin ningún tipo de sanción cuando la realidad es otra. 

Mulino solicitó, como abogado, a las autoridades de justicia que las sentencias por daños patrimoniales sean cónsonas con la gravedad de los hechos, ya que, actualmente, no existe una relación causa-efecto entre los delitos cometidos y las sanciones aplicadas. 

“No hay investigaciones o medidas cautelares cónsonas con la gravedad de los actos, así que no me siento feliz ni contento como panameño, pero tampoco me puedo meter en eso. He planteado mi preocupación a las autoridades pertinentes, pero los jueces de garantías no tienen jefe”, afirmó. 

Agregó que el error más grande que puede cometer la administración pública es soltar a sus funcionarios, porque al no tener un superior a quien rendir cuentas, harán “lo que les da la gana”. 

Recientemente, le fue rechazada al Ministerio Público (MP) una solicitud de sustitución de medida cautelar personal contra el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de

Recursos Humanos (Ifarhu), Bernando Meneses, acusado de atentar contra la administración pública bajo la modalidad de peculado doloso agravado. 

El MP quería reemplazar las medidas de reporte periódico, impedimento de salida del país y prohibición de acercarse a las oficinas del Ifarhu por detención preventiva, pero la jueza Keila Martínez Espinosa rechazó la petición. 

Lo mismo sucedió en el caso del exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, a quien también se le mantuvieron las medidas cautelares pese a estar presuntamente acusado de asociación ilícita, corrupción de funcionarios y peculado.