Procurador Gómez detalla avances en investigaciones por corrupción y muertes en protestas

El procurador general de la Nación, Luis Gómez, ofreció un balance de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público en los siete meses que lleva al frente de la entidad.

En el caso de la descentralización paralela, Gómez informó que las fiscalías anticorrupción han solicitado 196 auditorías a la Contraloría General de la República por delitos de peculado doloso agravado. Estos son delitos que conllevan penas de ocho a quince años de prisión y son considerados graves.

El procurador explicó que han recibido 30 informes de Contraloría, de ellos, 27 revelan perjuicio económico, mientras que los otras tres señalan que no hay lesión patrimonial. Además, hay personas con detención provisional por este caso y otras bajo medidas cautelares más relajadas, como notificación periódica.

Sobre el caso del  Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), el procurador indicó que existen cuatro procesos penales: dos por peculado, uno por blanqueo de capitales y uno por enriquecimiento injustificado. 

En este último proceso, Gómez detalló que la investigación apunta hacia el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, con una lesión patrimonial estimada en $24 millones.

En el proceso de peculado y blanqueo de capitales todavía no se ha remitido el informe de la Contraloría.

“Es una tramitación compleja, pues tiene 142 tomos. Más de 898 expedientes de particulares que están siendo examinados y de una u otra manera hay conexión presunta sobre otros exfuncionarios dentro de la institución y de particulares que recibieron fondos a través de estos auxilios  que están siendo verificados, porque existen personas que aparentemente no estudiaron, otros que no completaron, otros que la documentación no está en orden y es parte de las investigaciones que están realizando los fiscales”, subrayó en Cara a Cara.

Gómez también se refirió sobre la investigación que está realizando el Ministerio Público por la muerte de dos personas en la provincia de Bocas del Toro durante las protestas que realizaron en contra de la ley de la Caja de Seguro Social (CSS).

El funcionario explicó que una persona murió por una herida con arma de fuego. El otro caso es el fallecimiento de una menor de edad, aparentemente por inhalación de gases lacrimógenos.

Gómez detalló que el Ministerio Público solicitó autorización para exhumar el cuerpo de la menor, y como su familiares se negaron, se solicitó ante los Tribunales de Garantías autorización judicial para proceder con la exhumación y verificar las causas de su muerte.