Déficit, ajustes, contención e intransparencia

Hace tres años comencé a advertir que, a partir del traspaso del poder al actual gobierno, las finanzas públicas habían vuelto al mundo de la ficción.
De todos es sabido que durante los últimos años de la dictadura del prisionero floridiano el Presupuesto General del Estado, simple y sencillamente, desapareció. Tal era el caos financiero que existía en Panamá que nadie sabía, ni siquiera los gobernantes de turno (militares y PRD), cuál era la situación real de las finanzas públicas.
Una de las primeras tareas emprendidas por el gobierno que presidió Guillermo Endara fue la de restablecer la cuenta de los ingresos y egresos públicos, mediante la reconstrucción y finiquito, durante los primeros meses de 1990, de los presupuestos de los años anteriores, y la aprobación del que corresponde a este año.
Era la única forma de saber cuánto se debía y con qué se contaba.
Como correspondía a un país que había tocado fondo, y más abajo, pues el producto interno bruto había retrocedido al menos diecisiete por ciento (-17%), los presupuestos, durante el gobierno Endara, fueron absolutamente austeros: los ingresos fueron estimados en forma realista y el gasto se programó con igual sentido de realidad; sólo se hicieron aquellos gastos que podían ser cubiertos con los ingresos del año respectivo.
Cuando se produjo el cambio del gobierno en 1994, los actuales gobernantes recibieron un país organizado financieramente:
Nuevamente existía, y se ejecutaba con todo rigor, un Presupuesto General del Estado;
Se habían pagado los 700 millones de deudas atrasadas que en 1989 se debían a los organismos financieros internacionales:
Se había adelantado un acuerdo, en principio, para cancelar la deuda con la banca comercial;
Se había restablecido el crédito de la república;
Se había utilizado con mesura y responsabilidad el crédito internacional;
Se habían cancelado cerca de 1,000 millones adeudados al Banco Nacional;
Se habían cancelado todos los atrasos y se pagaban al día las cuotas a la Caja del Seguro Social;
Se había cubierto el déficit público, que era del 11% del Producto Interno en 1989 y se llegó a registrar un superávit;
Se dejaron préstamos aprobados y sin desembolsar por más de 400 millones; y
Se dejó en anteproyecto el Presupuesto para el año de 1995.
Tan pronto nuestros "gobernantes genios", los actuales, asumieron el manejo de la administración pública su primera metida de pata fue desconocer el anteproyecto de presupuesto realista, elaborado por el gobierno saliente. Transportados al mundo de la ilusión o tal vez añorando sus épocas de irresponsable despilfarro decidieron elevar en cerca de 300 millones los estimados de los ingresos y programar gastos por otra suma igual. Los estimados de los ingresos fallaron estrepitosamente y los gastos programados nunca pudieron cumplirse, especialmente los de inversión.
A partir de 1995, todos los años se repitió el mismo esquema: presupuestos inflados, seguidos a recortes, ahora llamados "contención del gasto", a lo largo del año y, al final de cada ejercicio presupuestario, la mentira adornada sobre la supuesta eficiencia en el manejo de las finanzas públicas.
Pero todo el andamiaje de las explicaciones amañadas y de la manipulación de las cifras ha quedado al descubierto. Apenas iniciada la ejecución del Presupuesto para 1999 han tenido que echar mano al endeudamiento, tanto interno como externo: 500 millones en bonos externos, 100 millones en letras del tesoro y, además, recortar el gasto en 185 millones.
En otras palabras, estamos de vuelta al caos de 1989:
El país ignora cuál es el verdadero estado de las finanzas públicas.
Los actuales gobernantes persisten en su negativa a dar explicaciones y cuando las dan son amañadas o distorsionadas.
Se ha vuelto al endeudamiento desenfrenado.
En estas circunstancias, se debe aumentar la presión para que el Organo Ejecutivo y la Contraloría rindan una explicación pública y transparente en la que revelen toda la verdad.
El presente gobierno, antes de terminar su mandato, está obligado a darle esa explicación al país. Y nosotros tenemos el derecho de exigirla.