El giro pragmático de la política exterior colombiana

La política exterior colombiana se encamina hacia un reajuste estratégico que va más allá de un cambio de tono frente a Washington, Pekín o Tel Aviv. Está en juego la redefinición del lugar de Colombia en el sistema internacional, tras años de polarización y tensiones con socios tradicionales.

La reciente reunión en Bogotá entre el canciller Omar Bula Escobar y el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de EE. UU. para combatir el antisemitismo, es una señal clara de ese cambio. Tras el encuentro, el Gobierno colombiano rechazó el antisemitismo y reiteró su adhesión a la definición de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto.

Y esta vez el gesto no se quedó en lo declarativo. La Cancillería anunció que las conductas que puedan constituir delitos serán investigadas y sancionadas, y anticipó tres líneas de acción: fortalecer el diálogo interreligioso, promover medidas de protección para la comunidad judía en Colombia y profundizar la cooperación internacional en la materia. Es el tipo de compromiso institucional —no solo retórico— que la protección de cualquier minoría religiosa exige.

Ese reajuste debería evitar dos extremos: el aislamiento y el alineamiento automático. Colombia necesita priorizar sus vínculos con las democracias occidentales sin convertir su política exterior en adhesiones ideológicas. La defensa de los derechos humanos exige coherencia frente a cualquier Estado, aliado o no.

La relación con China será una de las pruebas más exigentes. Pekín es un socio comercial clave, y la diversificación de alianzas no debería confundirse con una ruptura económica. Pero el comercio tampoco puede traducirse en dependencia estratégica: el Gobierno deberá proteger sectores sensibles —infraestructura crítica, telecomunicaciones, energía, datos, minerales estratégicos— con reglas transparentes y evaluaciones serias de seguridad nacional. Ampliar los contactos con Taiwán en semiconductores ofrece oportunidades reales, pero exige prudencia frente a Pekín: no se trata de elegir de forma abrupta, sino de diversificar capacidades sin sacrificar intereses comerciales.

La relación con Israel también entra en una nueva etapa, y ya no solo en el discurso. Días antes del pronunciamiento de la Cancillería, el Gobierno firmó el decreto que reactiva las exportaciones de carbón a Israel, suspendidas desde 2025 por el gobierno anterior. El restablecimiento de canales diplomáticos abre paso, además, a la cooperación en ciberseguridad, agricultura de precisión, gestión del agua e inteligencia. Esa agenda debe apoyarse en objetivos verificables, no en idealizaciones ni en subordinar la política colombiana a controversias ajenas.

Un acercamiento a Israel puede —y debe— coexistir con una defensa firme de los derechos humanos y del derecho internacional; esa es la condición de su legitimidad. Rechazar el antisemitismo no implica ignorar el sufrimiento palestino, así como criticar al Gobierno israelí no justifica el odio contra las personas judías o sus instituciones. Distinguir entre la crítica legítima a un Estado y el odio hacia una comunidad es indispensable para una política exterior seria.

El principal desafío del gobierno de De la Espriella será evitar los extremos: ni rupturas impulsivas ni una neutralidad que tolere prácticas autoritarias. Estados Unidos seguirá siendo socio central en seguridad; Israel recupera peso en cooperación tecnológica; Europa ofrece espacio para la innovación; y China deberá gestionarse con pragmatismo. El giro hacia Washington y Tel Aviv ya es innegable, aunque deja abierta la duda sobre el lugar que ocuparán el multilateralismo y el derecho internacional en la nueva estrategia.

Colombia tiene la oportunidad de superar una diplomacia de consignas y construir una basada en alianzas, autonomía y coherencia. El verdadero giro no consistirá en cambiar un bloque por otro, sino en recuperar la capacidad de actuar con claridad y sentido de Estado.