Unas elecciones sin ética y sin moral

07/3/18 - 12:00 AM
El financiamiento público preelectoral se divide de forma tal que el financiamiento público para todos los candidatos de libre postulación a todos los puestos de elección sumaría apenas el 3.5% del aporte estatal total, de manera que a los partidos políticos les correspondería el 95.5%.

  • Juan Jované | [email protected] |                                             

En un sistema socioeconómico guiado por el afán de la ganancia, tal como ocurre en nuestro país, existirá una tendencia a penetrar y dominar la esfera política, a fin de ponerla al servicio de los intereses económicamente dominantes. Es, entonces, necesario develar cómo la actual legislación electoral, lejos de contrarrestar esta tendencia, la promueve, transgrediendo los preceptos constitucionales vigentes.

La Constitución señala en su artículo 19 que "no habrá fueros o privilegios", mientras que en su artículo 141 establece que "el Estado podrá fiscalizar y contribuir a los gastos que incurran las personas y los partidos políticos en los procesos electorales", aclarando que "la Ley determinará y reglamentará dichas fiscalizaciones y contribuciones, asegurando la igualdad de erogaciones de todo partido o candidato".

Este principio, desafortunadamente, es violado por el artículo 193 del Código Electoral vigente. En efecto, de acuerdo a esta norma, el financiamiento público preelectoral se divide de forma tal que el financiamiento público para todos los candidatos de libre postulación a todos los puestos de elección sumaría apenas el 3.5% del aporte estatal total, de manera que a los partidos políticos les correspondería el 95.5%. Por ejemplo, si un candidato presidencial de libre postulación lograra la adhesión de la misma cantidad de personas que se necesita para inscribir un partido, recibiría, en el mejor de los casos, una suma de $264 mil 100, cantidad irrisoria frente a los millones que se les entregarán a los partidos políticos. Se trata de una clara violación del principio de la equidad.

Más aún, la distribución de los fondos destinados a los partidos se hace de manera tal que beneficia a los más grandes, con el fin de asegurarles un financiamiento que les garantice el dominio sobre el proceso electoral. De hecho solo el 25% de estos fondos se entrega igualitariamente, mientras que el resto se divide en relación con los votantes de cada partido en la última elección.

Dado que el 70.0% de estos aportes se pueden utilizar directamente en propaganda electoral, se genera un grave sesgo en el proceso democrático. Esto queda claro si, junto a Al Gore, recordamos que dada la importancia de los medios de comunicación y de las técnicas de propaganda, "el valor o validez de las propuestas políticas presentadas por los candidatos a puesto de elección ahora es en gran medida irrelevante en comparación con la publicidad basada en imágenes que utilizan para dar forma a la percepción de los votantes". Esto frente a una norma inequitativa que le entrega un poder superior a los partidos tradicionales.

El artículo 211 del Código Electoral permite que un candidato a la presidencia reciba donaciones privadas hasta por $10 millones, que si bien no se pueden utilizar en propaganda, sí se pueden utilizar en otros gastos de campaña, tales como movilizaciones, caravanas y concentraciones, lo que permite al candidato ahorrar parte del financiamiento público que sí se puede gastar en propaganda. Se trata de un mecanismo que le entrega un gran poder a los donantes y sus favoritos políticos, abriendo las puertas a la plutocracia y la corrupción.

Economista